Las nuevas operadoras ya gestionan las represas del Comahue y abren una nueva etapa para el sector

Las empresas adjudicatarias del proceso de reprivatización asumieron formalmente la gestión de los complejos hidroeléctricos del Comahue. El traspaso se realizó sin interrupciones en la operación, el despacho ni la comercialización de energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), garantizando la continuidad plena del servicio público.

Las compañías que tomaron posesión este sábado 10 de los activos son Edison Inversiones S.A.U. (a cargo de las centrales Alicurá y Cerros Colorados), BML Inversora S.A.U. (El Chocón y Arroyito) y Central Puerto S.A. (Piedra del Águila), tal como informó la Secretaría de Energía.

Simultáneamente, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) comenzó las adecuaciones técnicas necesarias en programación, despacho, liquidaciones y garantías, asegurando una transición operativa sin fisuras en el sistema interconectado nacional.

Uno de los pilares de esta nueva etapa no es solo la transferencia de acciones, sino el compromiso de inversión obligatoria. Más allá del canon inicial de US$706 millones que ingresó la semana pasada a las arcas del Estado Nacional, los pliegos exigen a las operadoras la ejecución de un rebumping integral.

Este proceso de modernización y actualización tecnológica demandará una inversión estimada de US$400 millones en los próximos años. El concepto de rebumping es crítico para la seguridad energética e implica la renovación de turbinas, generadores y sistemas de control que, en muchos casos, han superado su vida útil original.

Estas obras no solo buscan extender la operatividad de los complejos, sino también mejorar la eficiencia de conversión hídrica y elevar los estándares de seguridad de presas. Es una respuesta a la obsolescencia técnica de activos estratégicos que constituyen la fuente de energía renovable más estable y competitiva de la matriz energética nacional.

El inicio de un proceso de normalización

La resolución de la situación en el Comahue funciona como caso de referencia de un plan que continuará con una quincena de aprovechamientos hidroeléctricos cuyos contratos de concesión expiran de forma progresiva hasta 2029. Tras años de prórrogas precarias e incertidumbre legal, el Gobierno nacional trazó una hoja de ruta para normalizar la situación de las represas.

El próximo hito de este cronograma es la central Futaleufú, en la provincia de Chubut. Con una extensión excepcional de su contrato vigente hasta mediados de este año, se espera que sea la siguiente en iniciar un proceso de licitación competitiva. El objetivo es evitar un vacío operativo en una planta clave para el abastecimiento de la industria del aluminio y la estabilidad del sistema patagónico.

El relevamiento técnico oficial advierte que la Argentina atraviesa una encrucijada regulatoria. La lista de centrales que entrarán en este proceso de revisión incluye, en la región de Cuyo, al sistema de Los Nihuiles (I, II y III), Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre en Mendoza, además de la central Ullum en San Juan.

En el Norte y el NOA se suman las plantas de Río Hondo y Los Quiroga (Santiago del Estero), Cabra Corral y El Tunal (Salta), junto a El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo (Tucumán). En tanto, en el Comahue se abre una segunda etapa del ciclo que se cerrará formalmente con la central Pichi Picún Leufú, cuyo contrato vence en agosto de 2027.

Las nuevas concesionarias asumen el compromiso de garantizar una operación sostenible que proteja el recurso hídrico. El debate técnico postergado sobre la seguridad de las presas —algunas con más de medio siglo de antigüedad— vuelve a ocupar un lugar central. Los nuevos contratos exigen planes de mantenimiento estructural, sistemas de evacuación de crecidas y monitoreo permanente de estructuras, tareas que requieren una visión de largo plazo.

El nuevo mapa de jugadores

El resultado de la licitación del Comahue reconfiguró el tablero del sector eléctrico argentino. Central Puerto, el mayor generador privado del país, consolidó su posición al retener Piedra del Águila (1.440 MW) tras una oferta de US$245 millones y un plan de inversión de US$160 millones.

Por su parte, el desembarco del grupo Edison marcó un cambio de guardia al desplazar a actores históricos como la estadounidense AES en la central Alicurá. Asimismo, la entrada de BML Inversora (Grupo MSU) en el complejo El Chocón–Arroyito confirma el interés de grupos de capital local y regional en activos de flujo constante y perfil estratégico.

Este segundo tiempo de las concesiones hidroeléctricas representa, en última instancia, una oportunidad para profundizar el debate sobre la descarbonización de la matriz energética argentina. En un contexto global de transición hacia energías limpias, las represas son el respaldo indispensable frente a la intermitencia de la energía solar y eólica.

La normalización de los contratos busca devolver la previsibilidad necesaria para que la Argentina vuelva a considerar la construcción de grandes aprovechamientos hidroeléctricos, un capítulo de la obra pública energética que permaneció estancado durante décadas.