Hidroeléctricas: especialistas proponen una administración entre Nación y las provincias

En el transcurso de los próximos tres años, el sector hidroeléctrico transitará el vencimiento de al menos 17 contratos de concesión firmados durante la década del 90. Se estima que la generación hidroeléctrica representa al menos el 20% del total del Mercado Eléctrico Mayorista.

Puntualmente, el 11 de agosto del 2023, vencen las concesiones de las centrales hidroeléctricas de El Chocón, Arroyito, Planicie Banderita y Alicurá, ubicadas en la región del Comahue.

Consultado por Mejor Energía, Marcos Rebasa, especialista en energía y recursos naturales, e integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO), aseguró que “después de 30 años de concesión es imprescindible impulsar el regreso de la administración de dichas centrales energéticas a su dueño, el Estado Nacional, con la debida participación de las provincias”.

Y advirtió que “esa medida soberana implica asimismo la capacidad estatal de desarrollo de la industria de construcción de este tipo de centrales, fundamentales en nuestra matriz energética. Cualquier intento de prorrogar esas concesiones a los actores privados actuales conspira con la posibilidad concreta de rescatar el manejo del precio de la energía para el desarrollo de la economía, precio en el que dichas centrales tienen un rol importante. E implica, asimismo, complicidad con las corporaciones dominantes en el sector energético”.

La propuesta del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) apunta a la conformación de una nueva modalidad de explotación de aquellas centrales, con la participación mayoritaria del Estado Nacional y de las provincias involucradas, con el debido consenso que implican sus grados de responsabilidad jurídica y política, bajo la forma que se considere más conveniente para lograr esa finalidad.

A fines de noviembre pasado la Secretaría de Energía puso en marcha un equipo técnico para evaluar la situación operativa de 17 concesiones que vencerán a partir de agosto de 2023. En este contexto, el senador neuquino por el Frente de Todos, Oscar Parrilli propuso un proyecto de ley donde el 51% del dominio de cada central quede, justamente, bajo potestad de la empresa estatal.

El principal argumento de esta iniciativa apunta a que “la experiencia de casi 30 años nos revela que la gestión privada, por sí sola no genera necesariamente mayor inversión, ni garantiza la expansión del sector. A partir de la concesión de los aprovechamientos hidroeléctricos comenzó un periodo de declinación de la participación de la hidroenergía en la matriz energética. Del 43% de potencia instalada en 1994, se disminuyó al 25% actual".

No obstante, ante la indefinición por parte del Gobierno Nacional sobre el tema, desde el sector estiman que se prorrogarían los contratos de concesión por al menos un año más, según lo estipula el actual marco jurídico.

Del lado de las provincias, la noticia no cayó del todo bien. El propio Elías Sapag, representante neuquino en la AIC, (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas), habló de la necesidad de que sean las provincias las encargadas de administrar las centrales en conjunto con Nación, y aclaró que “Nación nunca ofreció una respuesta sobre las concesiones hidroeléctricas, pese a los distintos ofrecimientos que se hicieron”.

"En principio estamos de acuerdo con la administración en forma conjunta entre provincias y Nación, que plantea Oscar Parrilli en su proyecto de ley, pero no cuantifica ni especifica aspectos que son clave. El Estado puede seguir siendo dueño de las represas, pero las provincias somos las dueñas del recurso", dijo.