Nación quiere cobrarle a las provincias la deuda con Cammesa

El gobierno nacional pretende asegurar el cobro de la deuda millonaria que las distribuidoras de electricidad de todo el país mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) haciendo “solidariamente responsables” a las provincias por ese incumplimiento y advirtiendo con retener fondos comprometidos en convenios de transferencias de recursos.

La estrategia quedó plasmada en el artículo 90 del proyecto de Ley de Presupuesto 2023 que ya genera controversias en el Congreso nacional y que comenzaron a salir a la luz anoche con la participación de la secretaria de Energía, Flavia Royon, en el plenario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

El atraso de las tarifas residenciales frente a la inflación, llevó a las distribuidoras a acumular una deuda con Cammesa por unos $ 455.00 millones, monto del cual las principales deudoras son las compañías Edenor y Edesur que atienden el Área Metropolitana Buenos Aires y que se encuentran bajo regulación y control de la administración federal.

Esa deuda del sistema se fue generando por años de congelamiento de tarifas que obligaba a las distribuidoras a ï¬Ânanciarse mediante el cese del pago de la energía que le compraban a Cammesa.

Ante esa situación y la urgencia de avanzar en un ordenamiento ï¬Âscal, el Ministerio de Economía impulsó en el proyecto de Presupuesto el controvertido artículo 90 que establece que el Poder Ejecutivo, las provincias y los municipios, como titulares del servicio público de distribución de energía eléctrica de su respectiva jurisdicción, deberán controlar y garantizar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos asociados, por parte de los prestadores del servicio de cada jurisdicción.

Para ello, el Gobierno busca establecer un período de seis meses a partir del 1 de enero, para que cada jurisdicción concedente determine, establezca y adecúe su regulación para que se asegure y garantice el pago de las facturas que fueron emitidas y que en un futuro emita Cammesa por la venta de energía a las distribuidoras.

El artículo promueve que -dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica- las jurisdicciones provinciales resultarán “solidariamente responsables” y vencido dicho plazo, la Jefatura de Gabinete a través del Ministerio de Economía, “podrá retener, de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del sector público nacional, la suma que por consumos de energía y potencia adeude a Cammesa”.

En el debate que se llevó adelante en el Congreso, Royón y el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, defendieron la visión del Gobierno nacional respecto a que los titulares del servicio son las provincias o municipios y por ende corresponsables de cumplir con las obligaciones del mercado eléctrico del pago de electricidad.

Esta medida, aseguraron los funcionarios, es menos gravosa que el vigente del artículo 84 de la Ley 24.065 de 1991, que prevé para los casos de deuda crónicos la interrupción del servicio de electricidad en una provincia, norma que sólo fue morigerada en el 2002 en medio de la emergencia económica, con una resolución de la Secretaria de Energía que disponía disminuir la demanda en un 10% del histórico, con la consecuente afectación directa a usuarios residenciales e industriales.

El Gobierno viene llevando adelante una serie de acuerdos desde 2021 con cada una de las provincias para generar planes de pago blandos que permitan regularizar las deudas de las distribuidoras que operan en sus jurisdicciones y que permitió poner al día a 17 jurisdicciones, restando otras 10 por avanzar en un entendimiento.

Si bien Edenor y Edesur son las mayores deudoras, sus atrasos en las obligaciones no exceden los ocho y diez meses, lo que se contrapone con otras empresas del sector que acumularon 11 años de incumplimientos como la Cooperativa de Comodoro Rivadavia, y que acaba de regularizar su deuda.

El debate se encendió, en particular, con los cuestionamientos de la diputada Jimena Latorre (UCR Mendoza) y el diputado Agustin Domingo (JxC Río Negro), con argumentos entre los que se mencionaron que incorporar como garantes del cumpliento de las distribuidoras a los estados provinciales es una “cláusula inconstitucional que condiciona la coparticipación de las provincias por estas deudas”.

Asimismo, se planteó que no se pueden compensar deudas de distinto origen con distintos sujetos, que los estados provinciales son terceros ajenos a la relacion acreedor-deudor con los proveedores de energia, y que Cammesa tiene herramientas para garantizarse el cobro de sus acreencias que en muchos casos no ha utilizado a merced del lobby de algunos de las empresas que esperaban condonaciones de esas deudas.

En la misma línea, se señaló que del estimado global de deuda de $455.000 millones casi la mitad la explican las empresa distribuidoras del AMBA, Edenor y Edesur, sin que para atenuar ello el Gobierno nacional haya actualizado el Valor Agregado de Distribución (VAD) de esas empresas y ni que los entes intervenidos hayan realizado las revisiones tarifarias pendiente.