Mercado de carbono: el Senado avanza con un marco que apunta a generar US$ 4.800 millones anuales

El Senado de la Nación avanzó con el dictamen de comisión del proyecto de ley que busca establecer un marco regulatorio para los mercados de carbono en la Argentina, una iniciativa impulsada por la senadora salteña Flavia Royón que apunta a generar previsibilidad jurídica, ampliar el acceso al financiamiento internacional y permitir la comercialización de créditos ambientales en mercados de mayor valor.

La propuesta obtuvo dictamen de las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta. Según las estimaciones mencionadas por Royón, el desarrollo de este mercado podría representar ingresos para el país por alrededor de US$ 4.800 millones anuales.

Un mercado de carbono es un mecanismo que permite asignar valor económico a la reducción o captura de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). A través de créditos o bonos de carbono, empresas, Estados e instituciones pueden compensar emisiones o cumplir objetivos de descarbonización mediante el financiamiento de proyectos vinculados con energías renovables, gestión de residuos, forestación, agricultura regenerativa y otras actividades sustentables.

Uno de los objetivos centrales del proyecto es establecer reglas para que los créditos generados en la Argentina puedan acceder al mercado regulado vinculado al Acuerdo de París, donde esos activos pueden alcanzar valores superiores respecto del mercado voluntario.

“En el mercado de carbono hay un régimen voluntario y uno regulado, que es el que negocia el país dentro del Acuerdo de París. El mismo bono de carbono vale cinco veces más en el mercado regulado. Ese es el incentivo de tener un marco regulatorio para que los bonos de carbono que se generen en la Argentina puedan tener mayor valor”, explicó Royón.

Registro, trazabilidad y financiamiento

Para operar dentro de esos mercados, el proyecto plantea definir aspectos centrales como la naturaleza del bono, su titularidad y los mecanismos de registro y trazabilidad.

“Para poder acceder a ese mercado, nuestro país necesitaba definir claramente qué es el bono de carbono, definir la titularidad del bono de carbono y definir cómo va a ser este mecanismo para que pueda recibir el ajuste por parte del país y ser vendido en estos mercados de alto valor. Para eso se implementa un registro y la autoridad de aplicación tiene que hacer lo que se llama el ajuste correspondiente”, señaló la legisladora.

Royón también destacó que el potencial del mercado excede ampliamente a la actividad forestal. “Bonos de carbono se asocia a que esto es bosques, pero en realidad es mucho más amplio: es un municipio que quiera tratar sus residuos, es el tratamiento de neumáticos, el campo monetizando cuando decide no deforestar o haciendo ganadería regenerativa, o proyectos de energías renovables”, afirmó.

En ese marco, la ex secretaria de Energía sostuvo que “la estimación es de alrededor de 4.800 millones de dólares; así como nosotros exportamos porotos de soja o carne, exportaríamos servicios ambientales”.

La iniciativa también contempla que los bonos de carbono puedan incorporarse al mercado de capitales como activos subyacentes de instrumentos financieros. El objetivo es mejorar las condiciones de acceso al crédito para proyectos que puedan demostrar ingresos futuros asociados a la generación de créditos ambientales.

“Otra parte que trabaja el proyecto es que esos bonos de carbono puedan integrarse al mercado de capitales, o sea que el bono de carbono pueda ser un activo subyacente de un instrumento financiero. Esto también sirve justamente para volver más financiable este tipo de proyectos y poder obtener financiamiento para desarrollar el proyecto dado que hay una garantía de un ingreso de un bono en un futuro”, explicó Royón.

El tratamiento del marco regulatorio para los mercados de carbono avanza, además, en paralelo con la discusión legislativa sobre biocombustibles, otro de los ejes vinculados con la transición energética. En ese esquema aparecen tecnologías como el bioetanol, biodiesel, biometano, diésel renovable y combustible sostenible de aviación (SAF), actividades que también pueden contribuir a reducir emisiones y generar activos ambientales.

La creación de reglas de trazabilidad, registros oficiales y mecanismos de certificación aparece así como un componente central para transformar reducciones de emisiones en activos comercializables. De avanzar el proyecto, la Argentina buscará ampliar su participación en los mercados internacionales de carbono y sumar una nueva fuente de financiamiento para proyectos energéticos, productivos y ambientales.