Avanza en el Senado el marco normativo para el mercado de carbono que permitirá ingresos por US$ 4.800 millones

El Senado nacional avanzó esta semana con la aprobación del dictamen de comisión para el proyecto de ley que busca regular los mercados de carbono en la Argentina, una iniciativa impulsada por la senadora salteña Flavia Royón que busca dar un marco normativo previsible para que el país acceda a financiamiento internacional y comercialice créditos de carbono por unos 4.800 millones de dólares anuales.

Un mercado de carbono constituye un mecanismo financiero y ambiental diseñado para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) mediante la compra y venta de créditos o bonos de carbono, tal como se presenta en el proyecto que obtuvo dictamen de las comisiones de de Legislación General, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.

Estos instrumentos permiten a empresas, Estados e instituciones compensar su huella ambiental o cumplir con metas de descarbonización mediante el financiamiento de proyectos sostenibles -tales como desarrollo de energías renovables, reforestación, tratamiento de residuos o prácticas agrícolas regenerativas-, asignando un valor económico directo a la reducción de emisiones contaminantes.

El impulso al marco regulatorio de los mercados de carbono avanza en sintonía con la agenda legislativa de la transición energética en el Congreso, donde la Comisión de Minería, Energía y Combustibles también otorgó dictamen al proyecto de ley de biocombustibles, y que se espera sea tratado en la sesión del próximo jueves 10.

Ambos ordenamientos comparten el objetivo de otorgar previsibilidad jurídica e incentivos a la descarbonización, posicionando a los biocombustibles -como el bioetanol, el biodiesel, el biometano o el combustible sostenible de aviación (SAF)- no solo como alternativas limpias para la matriz de transporte, sino también como actividades con alto potencial para certificar reducciones de emisiones y generar créditos de carbono comercializables en los mercados internacionales."

En ese sentido, la titular de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, Flavia Royón, remarcó la importancia estratégica de dotar a la Argentina de este marco institucional.

"En el mercado de carbono hay un régimen voluntario y uno regulado, que es el que negocia el país dentro del Acuerdo de París. El mismo bono de carbono vale cinco veces más en el mercado regulado. Ese es el incentivo de tener un marco regulatorio para que los bonos de carbono que se generen en la Argentina puedan tener mayor valor", explicó en declaraciones periodísticas.

"Para poder acceder a ese mercado, nuestro país necesitaba definir claramente qué es el bono de carbono, definir la titularidad del bono de carbono y definir cómo va a ser este mecanismo para que pueda recibir el ajuste por parte del país y ser vendido en estos mercados de alto valor. Para eso se implementa un registro y la autoridad de aplicación tiene que hacer lo que se llama el ajuste correspondiente", dijo la legisladora al precisar los requisitos técnicos y operativos que la norma contempla para asegurar la inserción en los circuitos internacionales.

En relación con el alcance sectorial y el potencial de captación de divisas para la economía nacional, Royón subrayó que la herramienta excede de manera amplia al sector forestal tradicional.

"Bonos de carbono se asocia a que esto es bosques, pero en realidad es mucho más amplio: es un municipio que quiera tratar sus residuos, es el tratamiento de neumáticos, el campo monetizando cuando decide no deforestar o haciendo ganadería regenerativa, o proyectos de energías renovables”, explicó la ex secretaria de Energía.

Al referirse al aporte que esto podría generar para el país en el corto plazo, Royón dijo que “la estimación es de alrededor de 4.800 millones de dólares; así como nosotros exportamos porotos de soja o carne, exportaríamos servicios ambientales".

En paralelo, la legisladora detalló el impacto financiero que tendrá esta reglamentación para viabilizar el financiamiento de nuevos desarrollos productivos.

"Otra parte que trabaja el proyecto es que esos bonos de carbono puedan integrarse al mercado de capitales, o sea que el bono de carbono pueda ser un activo subyacente de un instrumento financiero. Esto también sirve justamente para volver más financiable este tipo de proyectos y poder obtener financiamiento para desarrollar el proyecto dado que hay una garantía de un ingreso de un bono en un futuro", agregó.

Al analizar la articulación del proyecto de biocombustibles con el diseño general del nuevo mercado normativo energético, la redacción final de las iniciativas busca unificar criterios de fomento para la descarbonización del transporte e industrias estratégicas.

En el articulado se prevé la creación de registros oficiales integrados que garanticen trazabilidad y transparencia en la medición de emisiones y producción limpia. El esquema propuesto establece que las actividades vinculadas a la elaboración, almacenaje, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles y energéticos de bajas emisiones se declaren de interés público.

La vigencia de este ordenamiento general se fija en un plazo de quince años contados a partir de su promulgación, buscando dar seguridad jurídica a las inversiones.

En materia regulatoria, la autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Dicho organismo estará facultado para adecuar especificaciones de calidad, coordinar con la Autoridad Nacional de la Competencia para evitar abusos de posición dominante y supervisar los sistemas únicos de comercialización y subastas electrónicas de insumos energéticos.

Asimismo, el articulado reconoce nuevos vectores de la transición energética, tales como el biometano, el diésel renovable y el Combustible Sostenible de Aviación (SAF o Biojet). Estos insumos tendrán comercialización libre e independiente, y exceptuados de mandatos rígidos de corte obligatorio con fósiles, con el propósito de fomentar su adopción libre en el mercado.

Respecto del esquema impositivo para los productos destinados a reducir la huella de carbono y diversificar la matriz, la normativa contempla incentivos fiscales concretos.

Se dispone que los biocombustibles no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) ni por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2) en ninguna de sus etapas de producción y comercialización, recayendo el gravamen únicamente sobre el componente fósil de la mezcla.

Por último, el proyecto instituye un régimen de libre comercio exterior y un período de transición previsible para el mercado de biodiesel de cara a los próximos años. De este modo, se articula una plataforma legal orientada a dinamizar el comercio de activos ambientales, atraer dólares frescos para proyectos locales.