La nueva tarifa del gas y la "licencia social" en Vaca Muerta

El mes de abril suma desafíos para el gobierno nacional, con la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios del gas. La secretaría de Energía de la Nación estableció un salto de magnitud, atado en buena medida a al nuevo costo para el precio del fluido en el ingreso al sistema de transporte (PIST), que se computará en dólares al tipo de cambio de cada mes.

En la región sur del país (Patagonia), aquella con más bajas temperaturas, se hará sentir en el bolsillo de miles de usuarios, pero el sector comercial y las pymes se llevarán la peor parte.

Dentro del nuevo esquema habrá actualizaciones mes a mes a través del valor de la divisa estadounidense, y las oscilaciones de su cotización, atada a la variable inflacionaria autorizada por el BCRA o, por caso, un salto eventual devaluatorio, si finalmente sucediera.

Llega, también, el fin del precio diferencial para el gas de la Patagonia que se había establecido en el 2014, lo que implicará que provincias como Neuquén sobrelleven subas en torno al 600 por ciento entre los segmentos de mayores ingresos (N1), y por encima del 300 y el 200% para los siguientes segmentos (N3 y N2). Con todo, quedan muy por encima de lo que pagarán usuarios equivalentes de la provincia Buenos Aires, por caso. De acuerdo a la categoría que se tome de estas últimas, la diferencia oscilará entre el 150 y el 200 por ciento entre ambas provincias.

En paralelo, las pymes y los pequeños comercios serán los que recibirán el impacto mayor, al no estar incluidos en los rangos de subsidios que sí rigen para los otros usuarios, en función de sus declaraciones durante la segmentación. Podrían tener incrementos por encima del 900 por ciento, de acuerdo a los niveles de consumo.

En el análisis de estos cambios que se aplicaron por la resolución de esta semana, surge la paradoja de que, la suba total que asimile un usuario neuquino, ubicado en la región productora de más gas en Argentina, quede por encima de la del resto del país.

El incremento del gas ya comienza a tener críticas a horas de aplicarse. El traslado del precios se relaciona, también, con la amenaza de colapso del sistema. Nación busca sostener su política de equilibrio fiscal, algo que implicó reclamos de las productoras por la falta de aportes nacionales para el Plan Gas. Es parte de lo que se busca subsanar con esta suba y la retracción de los subsidios.

Al mismo tiempo, tiene lugar en pleno proceso de ajuste. Un salto devaluatorio en el primer tramo del gobierno, subas en toda la cadena de insumos, servicios y la canasta básica. Y la salida del Estado en la transferencia de los fondos provinciales.

El dislate de la política tarifaria del gobierno anterior, entrampada en la interna del Frente de Todos, con una segmentación postergada hasta el paroxismo, y acusaciones internas entre el “Albertismo” y el “Cristinismo”, propaga también su onda expansiva, a la que se suma ahora una aceleración de precios inusitada, y que podría provocar más caída de la actividad económica, con los consiguientes interrogantes sobre la sostenibilidad y la recaudación fiscal.

En Neuquén, ese escenario suma otra variable. El impacto de precios del gas se aplicará en la provincias que es garante energética del país con valores por encima del resto de las provincias.

El gobierno provincial viene hablando de la necesidad de apuntalar la licencia social, aquel atributo de algunas provincias productoras que aceptan el impacto (y los recursos económicos) de la industria oil and gas. En estos puntos del país, también amplios sectores sociales se preguntan cuándo recibirán los beneficios de ese tipo de crecimiento. Después de todo, Neuquén tiene similares indicadores de pobreza que el promedio del país.

La salida del poder del MPN también tuvo que ver con eso: el crecimiento de la producción de Vaca Muerta, la garantía de suministro interno, y las exportaciones actuales y con las que podría contar el país, se dieron de lleno con un cuadro de situación de carencia en las redes domiciliarios de gas, la falta de infraestructura, y la presión constante sobre el presupuesto de un flujo migratorio con pocos antecedentes producto de la fiebre del shale. Es ese punto en el que las economías regionales quedan cruzadas por la necesidad política de sostener metas fiscales macro.