El sector de las renovables y de la producción impulsan una ambiciosa ley de transición

Desde la implementación del marco regulatorio establecido por la Ley 27.191 en 2015, las energías renovables demostraron su capacidad para contribuir a la transición energética que requiere el país. El nivel de competitividad que están alcanzando estas fuentes ofrece una solución para construir una nueva matriz energética nacional que cumpla con los objetivos de seguridad, equidad, generación de empleo local y mitigación climática.

Pero la norma tiene plazo de vigencia hasta 2025, y desde el sector energético ya se impulsa el debate para dar continuidad normativa. En ese sentido, un conjunto de entidades del sector privado trabajan para presentar en las próximas semanas al Gobierno nacional y al Poder Legislativo un proyecto de ley de Transición Energética que permita acelerar las inversiones y el desarrollo de un nuevo vector de desarrollo económico.

A esa tarea que impulsa Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) se suman entidades del sector como la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera), la Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica (Ateerea), la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera) y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Pero también realizan su aporte organizaciones como la Sociedad Rural; la Unión Industrial Argentina o la Confederación de la Mediana Empresa.

El punto de partida del análisis que realizaron todas estas entidades en un encuentro reciente es que el rol de planificación del sector público resulta clave para traducir los objetivos nacionales en una hoja de ruta que asegure la continuidad de las inversiones, posibilitando el desarrollo industrial del país y la creación de empleo de calidad en todas sus regiones.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Unep) las renovables en Argentina no sólo reducen más las emisiones comparándolas con la generación de cualquier otro tipo, sino que son más baratas, reducen 31.000 millones de US$ el costo del sector, y generan más empleo local, estimado en 133.000 nuevos empleos frente a sólo 13.000 empleos por inversiones en energía tradicional. Por lo tanto, la discusión debería ser cómo financiar tecnologías capital-intensivas y no si son más caras o más baratas, ya que quedó demostrado que son más eficientes.

La hoja de ruta permitiría acceder al financiamiento internacional climático, que aparece como la forma más realista de atraer inversiones de infraestructura, accesible en los términos que demanda la economía, para crecer competitivamente y de forma sostenible. Y en conjunto, las energías renovables tienen una contribución significativa a los objetivos de descentralización, diversificación, digitalización, democratización y descarbonización de la matriz energética.

En este sentido, el horizonte de los objetivos de la Ley 27.191 debería ser extendido a una cuota de, al menos, 30% a 2030 a fin de asegurar un sendero de transición en cumplimiento con el Acuerdo de París y, en línea con la reciente publicación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación. Esto sería especialmente relevante para dar señales de mediano plazo pero también es la oportunidad de pensar en una matriz energética y eléctrica aspiracional 2040-2050.

Desde Cader explicaron que el proyecto de ley en desarrollo cuenta con siete capítulos que podrían ser leyes independientes al abordar Hidrógeno; Movilidad sustentable; Diversificación; Oil and gas; Renovables; Financiamiento e Infraestructura de redes.

Hay algunos temas claves a destacar, como el referido a impulsar la generación distribuida mediante el incentivo a las provincias para que adhieran a la ley federal las que aún no lo han hecho, y establecer las condiciones que posibiliten catalizar el proceso para recorrer la senda del vecino Brasil, que hoy tiene un mercado interno de alrededor 1.000 veces en tamaño respecto del local, generando empleo pyme y desarrollo regional utilizando la capacidad de las redes de distribución existentes y reduciendo las pérdidas por transporte.

Simultáneamente, se deben impulsar políticas que estimulen el desarrollo de la cadena de valor industrial de todas las fuentes de energías limpias – eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, biogás, biomasa, mini-hidroeléctrica, geotérmica, hidrógeno, entre otras – valorizando el gran potencial de recurso disponible en prácticamente toda la geografía nacional.

Es clave también garantizar la seguridad jurídica con el fin de honrar los compromisos asumidos en los contratos de energías renovables, ya que la falta de crédito internacional en términos de tasa y plazos consistentes con la inversión ha impactado al sector desde 2018 y hoy es necesario desbloquear la capacidad de transmisión ocupada por proyectos afectados por tales circunstancias.

Además, se impulsa generar incentivos a largo plazo para la ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica, acompañando las necesidades de demanda y generación.

Otro punto es promover la creación de herramientas de financiamiento para renovables y a  la vez se propone concebirse una atención especial para la investigación, desarrollo, construcción y operación de proyectos de hidrógeno, que fomente tales aspectos a fin de permitir que el país tome provecho del enorme potencial para la producción de hidrógeno, y derivados, y particularmente,  producido a partir de electricidad de fuentes no convencionales.

Finalmente, se promueve fomentar el desarrollo de clústeres de energías renovables propiciando el potencial de las economías regionales; desarrollar políticas que estimulen la investigación, creación de conocimiento de nuevas tecnologías renovables, y diseñar un plan de reconversión de la fuerza de trabajo del sector energético convencional con el doble objetivo de la equidad social y la potenciación del proceso transformando eventuales focos de resistencia en promotores del proceso.

Así, el debate hacia una ley que establezca las bases para una exitosa transición energética en Argentina debe contemplar que las energías renovables no sólo pueden contribuir a la seguridad de abastecimiento sustituyendo importaciones de hidrocarburos y maximizando exportaciones en caso de que el desarrollo del gas natural se acelere, sino también atender que las barreras ambientales al comercio internacional representan un riesgo para Argentina. Resulta clave que el país se adelante al posible establecimiento de barreras para-arancelarias relacionadas con la huella de carbono y la intensidad energética de los productos de exportación a través de la implementación de programas de neutralidad de carbono para las empresas y un mercado de certificados ambientales.