Hidroeléctricas: con el fin del cepo el Gobierno acelera su agenda de privatizaciones

Una de las banderas más visibles del gobierno nacional desde su asunción ha sido el impulso a la privatización de empresas estatales y la renovación de concesiones en sectores estratégicos. Con la Ley de Bases como plataforma, el Ejecutivo busca atraer inversión privada como motor clave para el desarrollo de infraestructura y servicios, como es el caso de las hidroeléctricas.

Luego de un 2024 enfocado en preparar el terreno, 2025 comenzó con decisiones concretas: se avanzó con la privatización de Intercargo, Belgrano Cargas y Corredores Viales, y se intentó licitar la Hidrovía, aunque esa convocatoria fue suspendida por falta de oferentes y cuestionamientos judiciales. Ahora, el foco está puesto en el sector energético, explican María Inés Corrá y Marina Wagmaister, especialistas en regulación económica del estudio Bomchil.

A través del Decreto 263/25, el Gobierno activó el proceso para adjudicar la operación de las históricas hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, cuyas concesiones vencieron en 2023. El decreto establece un plazo de 15 días hábiles -hasta el 7 de mayo- para lanzar el concurso público que definirá la futura gestión.

"Las nuevas concesiones serán adjudicadas a través de la venta del paquete accionario mayoritario de las sociedades creadas en 2024 por ENARSA y NASA, empresas estatales que hasta ahora retienen la titularidad formal. Mientras tanto, los actuales operadores privados seguirán al frente de los complejos de forma transitoria para garantizar la continuidad del servicio", aseguran las especialistas.

La iniciativa representa un cambio de ritmo tras años de prórrogas transitorias, una práctica común desde el vencimiento de las concesiones originales otorgadas en los años ’90. Hoy, esa modalidad también se repite en otras áreas como la Hidrovía, las terminales del Puerto de Buenos Aires y los servicios ferroviarios.

“Es una buena señal que se avance hacia adjudicaciones formales y transparentes”, señalan, y agregan que “la continuidad indefinida de operaciones transitorias no puede transformarse en una política de Estado. Lograr inversiones requiere reglas estables y previsibilidad a largo plazo.”

En este contexto, el anuncio del levantamiento parcial del cepo cambiario -que habilita el giro de dividendos a inversores extranjeros- y la intención de normalizar el mercado eléctrico generan un clima más favorable para atraer interesados calificados.

Las cuatro centrales hidroeléctricas de la región del Comahue son relevantes tanto por su volumen de generación como por su valor simbólico dentro del sistema eléctrico nacional.

Según CAMMESA, la energía hidroeléctrica representa actualmente el 16,5% de la matriz energética argentina, aunque sufrió una caída interanual del 25% en febrero de 2025.

El Gobierno apunta a replicar este esquema de privatización en otras empresas públicas, como ENARSA, AySA, SOFSE, NASA, YCRT y el Correo Argentino, tal como anticipó al presentar su plan de reformas. Todas ellas podrían pasar a gestión privada bajo el marco normativo de la Ley 23.696 o la nueva Ley de Bases.

En definitiva, Corrá y Wagmaister  opinan que las próximas licitaciones funcionarán como un “test ácido” para evaluar cuánta confianza genera el nuevo rumbo económico del país entre los inversores.

Más allá de los resultados, la apuesta está clara: transformar activos públicos estratégicos en oportunidades de inversión, con impacto directo sobre el desarrollo y la modernización de los servicios esenciales.