Hidroeléctricas: el debate por el control y operación de las centrales sigue con final abierto

En los próximos tres años, el sector hidroeléctrico transitará el vencimiento de al menos 17 contratos de concesión firmados durante la década del 90. En el corto plazo, la discusión está centrada sobre el rol del Estado en las concesiones de las hidroeléctricas que vencen el 12 de agosto próximo.

Sin duda, es uno de los temas clave que domina la agenda energética actual. Se trata de las represas El Chocón (1200 MW), Arroyito (120 MW), Planicie Banderita (450 MW) y Alicurá (1050 MW) que hoy están en manos privadas y cuyos contratos vencen en 5 meses.

Al respecto, Marcos Rebasa, presidente del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO), aseguró que "la norma jurídica actual establece dos posibilidades: que el gobierno decida prorrogar por un año la concesión (lo cual no está estipulado en ninguno de los cuatro contratos); o una vez finalizada la concesión es el propio Estado el encargado de tomar el control y administración de las centrales, y hacer una auditoría para verificar deudas y créditos por un plazo que puede extenderse de 1 mes a 15 días o 12 meses como máximo, según lo estipula la ley".

"Acá el dilema que se presenta es si le corresponde al Estado Nacional en conjunto con los estados provinciales o a los privados hacerse cargo de la operación y mantenimiento de estas centrales", afirmó durante un seminario organizado por IESO.

Y aclaró que "tenemos clara la idea de que debe ser el Estado junto con las provincias las que deben tomar el control de la situación y diseñar un sistema de participación mixta. Fue una privatización ideológica que no ha traído beneficios para el país, que se quedó sin la posibilidad de tener un ingreso de divisas y planificar la construcción de otras centrales que hubiesen implicado un mejor funcionamiento del sistema energético, además de recuperar cierto grado de soberanía".

A fines de noviembre pasado la Secretaría de Energía puso en marcha un equipo técnico para evaluar la situación operativa de 17 concesiones que vencerán a partir de agosto de 2023. En este contexto, el senador neuquino por el Frente de Todos, Oscar Parrilli propuso un proyecto de ley donde el 51% del dominio de cada central quede, justamente, bajo potestad de la empresa estatal.

El principal argumento de esta iniciativa apunta a que “la experiencia de casi 30 años nos revela que la gestión privada, por sí sola no genera necesariamente mayor inversión, ni garantiza la expansión del sector. A partir de la concesión de los aprovechamientos hidroeléctricos comenzó un periodo de declinación de la participación de la hidroenergía en la matriz energética. Del 43% de potencia instalada en 1994, se disminuyó al 25% actual".

No obstante, ante la indefinición por parte del Gobierno Nacional sobre el tema, desde el sector estiman que se prorrogarían los contratos de concesión por al menos un año más, según lo estipula el actual marco jurídico.

Eugenio Kramer, subsecretario de Energía de la provincia de Chubut, consideró clave este debate que abre un nuevo escenario para discutir un nuevo contrato de concesión de la represa Futaleufú que vence en 2025 (que hoy abastece principalmente a la empresa Aluar) y replantear cómo se van a liquidar las regalías, y cómo se va a aprovechar la energía de esa represa para el abastecimiento de la provincia.

Al margen de esta cuestión, el funcionario se refirió a la necesidad de discutir el actual esquema de transporte de energía eléctrica de una provincia como Chubut que hoy tiene el 85% de su territorio aislado con un costo de generación elevadísimo y un enorme consumo de gasoil.

Por su parte, Juan Francisco Soto, secretario regional de FETIA que agrupa a los trabajadores de Yacyretá, propuso la creación de una Agencia Nacional para el Desarrollo y Aprovechamiento Multipropósito para diques, embalses y represas. "Estamos viviendo un federalismo de concertación entre Nación y las provincias que atrasa un siglo", apuntó.

Del lado de algunas provincias como el caso de Neuquén, la postura sigue siendo la misma: que sean las provincias las encargadas de administrar las centrales en conjunto con Nación, dejando en claro que son las dueñas del dominio de esos recursos.