El Gobierno propone un proyecto de consenso para la ley de biocombustibles con cortes graduales y transición a mercado libre

El Gobierno nacional presentó los primeros lineamientos de una propuesta alternativa para la modificación de la Ley de Biocombustibles vigente hasta 2030. El objetivo central de la iniciativa es construir un "consenso" amplio que abarque a todos los actores de la cadena de valor -desde productores hasta provincias- en un contexto de intensa discusión legislativa.

Esta propuesta surge como respuesta al diagnóstico compartido de que la normativa actual "está completamente agotada", según lo expresó el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller.

El funcionario expuso en la Comisión Plenaria de Minería, Energía y Combustibles del Senado, en una reunión de la que también participaron Fernando Rodríguez Canedo, director ejecutivo de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA); Pamela Vacca, de la Comisión de Refinación y Combustibles del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG); Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles; Jorge Feijoo, presidente del Centro Azucarero, y Daniel Ciaffone, de la Cámara Argentina de la Energía.

En ese ámbito, Veller planteó que, si bien es "sumamente complejo encontrar una posición que deje contentas a todas las partes", el Ejecutivo trabajó en contacto con todos los sectores alcanzados y, en particular, con los representantes de la Liga Bioenergética. El fin es lograr una ley que brinde "certidumbre, crecimiento y evolución" a la industria, aseguró.

La primera objeción de Veller a los proyectos existentes, tanto en Diputados como en el Senado, es la falta de consensos, además de que proponen incrementos de corte de hasta el 18% y mecanismos de determinación de precios con referencia a paridad de importación, lo que haría que el biocombustible resulte hasta 2,2 veces más caro que su alternativa fósil.

“De llevarlo al 18%, significaría en el caso del biodiésel un incremento de hasta 10% en el precio del surtidor de manera inmediata. Y este incremento tendría correlato directo en el encarecimiento de la logística del transporte, de bienes de consumo e industria, afectando a toda la economía”, afirmó el subsecretario.

Transición gradual

En consecuencia, la iniciativa oficial se estructura en torno a una transición gradual que busca el equilibrio fiscal y una adecuación progresiva del mercado. Veller detalló los principales puntos del plan, que se extienden a más de una década e incluyen, en primera instancia, cortes obligatorios con aumento gradual desde 2027, más un período de transición de seis años.

El corte de bioetanol en naftas se incrementaría del actual 12% a un 15%, y el de biodiésel en gasoil pasaría del 7,5% vigente a un 10%. El subsecretario justificó este horizonte temporal indicando que "la piedra angular de esta administración es el equilibrio fiscal", y que 2027 representa el momento adecuado para "asumir los impactos" sin generar desajustes inmediatos en la recaudación.

El plan propone un período de adecuación de seis años para migrar hacia un escenario de comercialización libre de biocombustibles a partir de 2032. Durante esta etapa, los cupos de producción se irán reduciendo hasta eliminarse, permitiendo que una parte del mercado comience a negociar libremente las condiciones de comercialización.

Para la determinación de precios, el Poder Ejecutivo toma la idea de licitaciones públicas impulsada por la Liga Bioenergética. Estas serán gestionadas por una entidad independiente, eliminando la intervención directa del Estado.

El precio máximo de referencia será la paridad de importación, con la expectativa de que, a medida que crezca el mercado libre, se logre un equilibrio con la paridad de exportación, derivado de la libre competencia.

El proyecto también contempla la posibilidad de co-procesar materia prima no fósil en refinerías a partir de 2027, con un crecimiento gradual de la mezcla hasta alcanzar el 3% en 2031. Además, para proteger a las pymes del sector, se incluiría la opción de aplicar incrementos voluntarios de corte en jurisdicciones que lo consideren estratégico para su desarrollo regional, tomando como referencia experiencias de Estados Unidos.

Las declaraciones de Veller se produjeron en el marco de las reuniones informativas de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda del Senado, que analizan proyectos de las senadoras Alejandra Vigo y Beatriz Ávila, entre otros.

"En cuanto a los proyectos, desde ADEFA no podemos acompañarlos porque son contrarios a los intereses del sector y nos generan un alto nivel de imprevisibilidad. Nos aislarán del resto del mundo y, con los cambios que plantean respecto de los niveles de corte, implicarían un 60% menos de producción, afectando a los consumidores", sostuvo Rodríguez Canedo, quien pidió mayor consenso y un plazo de adecuación de entre tres y cinco años para la industria automotriz.

En sintonía, Martelli advirtió que "el proyecto sobre biodiésel conduce a la concentración de la producción en Santa Fe en detrimento de provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis", y remarcó que “de las cinco provincias que producen biodiésel, cuatro no han expresado una posición favorable, además de que la medida propuesta viola la seguridad jurídica”.

Por su parte, Ciaffone manifestó su rechazo por considerar que "impiden la libertad de inversión, participación y comercialización, sosteniendo un régimen costoso e ineficiente".

En sentido contrario, Jorge Feijoo expresó su apoyo a la propuesta porque "apunta a un cambio de normas que urge frente a la normativa actual" y permitiría "licitaciones transparentes y competitivas con tope en la paridad de importación". En la misma línea, Pamela Vacca también manifestó su respaldo.

Finalmente, el senador Ezequiel Atauche (LLA), al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, concluyó que existe una "voluntad generalizada de generar un único dictamen". Solicitó formalmente al Gobierno que acerque su propuesta al Senado para poder elaborar un texto unificado que incorpore las iniciativas legislativas y la del Poder Ejecutivo, con el objetivo de avanzar hacia su tratamiento y eventual aprobación.

El próximo encuentro para continuar el debate quedó pautado para dentro de dos semanas.