La UE avanza con una nueva barrera paraarancelaria contra el biodiésel argentino que afectará exportaciones por U$S 400 millones

La Unión Europea (UE) amenaza con poner en marcha un nuevo mecanismo regulatorio que amenaza con clausurar el principal mercado externo para el biodiésel argentino. Bajo el argumento de la sostenibilidad ambiental, la Comisión Europea pretende incluir a la soja en una lista de cultivos con "alto riesgo de iLUC", tal la sigla de Cambio Indirecto del Uso del Suelo.

Se trata de una clasificación que en la práctica actúa como una barrera paraarancelaria que colisiona de frente con el espíritu delAcuerdo Estratégico entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya ratificación busca precisamente la eliminación de obstáculos técnicos al comercio.

De confirmarse esta normativa, el impacto económico para la Argentina sería de suma gravedad para este sector ya que pondría en jaque exportaciones valuadas en unos U$S 400 millones anuales.

La medida se basa en una revisión metodológica que busca determinar qué materias primas utilizadas para biocombustibles generan indirectamente más emisiones por cambios en el uso del suelo de las que ahorran al reemplazar combustibles fósiles. Al categorizar a la soja argentina como de "alto riesgo", el bloque europeo busca excluir al biocombustible producido con esta oleaginosa de sus metas de energías renovables hacia el año 2030.

Para los voceros del sector consultados, la decisión de Bruselas ignora deliberadamente que el biodiésel de soja argentino posee una de las huellas de carbono más bajas del mercado global debido a la eficiencia del clúster de molienda concentrada en particular en el Gran Rosario.

De imponer esta barrera, la UE beneficiará indirectamente a combustibles fósiles o a alternativas menos sustentables que no enfrentan las mismas exigencias de trazabilidad.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) advierte que esta decisión carece de un sustento científico sólido aplicado a la realidad local. Los especialistas de la entidad destacan que, mientras la UE penaliza a la soja basándose en la expansión de la superficie agrícola "a nivel global", la superficie sembrada con esta oleaginosa en Argentina se mantuvo estable durante más de una década.

Esta contradicción sugiere que la medida responde más a objetivos políticos y proteccionistas que a una preocupación ambiental genuina.

La dependencia del sector respecto al mercado europeo es absoluta. Según los datos de la BCR, entre 2018 y 2025, el 97% de las exportaciones totales de biodiésel argentino tuvieron como destino el bloque europeo.

En el último año, esa cifra alcanzó un récord del 100%, lo que significa que la industria nacional no tiene actualmente otros mercados de volumen para colocar su producción anteel cierre de los Estados Unidos y las restricciones previas en Perú.

Esta nueva barrera llega en un momento delicado para la industria de biocombustibles en el país. El año 2025 cerró con los niveles de exportación más bajos desde el nacimiento de esta actividad,  producto de una demanda internacional deprimida y regulaciones cada vez más restrictivas.

La capacidad ociosa de las plantas procesadoras alcanzó niveles alarmantes, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Ante este escenario, la Región Centro conformó un frente común para resistir la embestida de Bruselas. Las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, motores de la producción de biocombustibles en el país, han solicitado al Gobierno Nacional que inicie una ofensiva diplomática y considere denunciar a la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Sostienen que el criterio de iLUC es una herramienta arbitraria que viola el espíritu de los acuerdos comerciales internacionales. El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, lideró el reclamo provincial enfatizando que el modelo productivo argentino es uno de los más sustentables del mundo.

El uso de la siembra directa en el 94% de la superficie, la rotación de cultivos y la trazabilidad del proceso industrial permiten que el biodiésel local ahorre más del 70% de emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles, superando ampliamente los estándares europeos.

La paradoja que denuncian las cámaras del sector, como CIARA-CEC, es que la Argentina ya está descarbonizando su matriz productiva con éxito, pero se ve castigada por una modelización teórica que no distingue regiones.

Las simulaciones europeas no incorporan las prácticas de manejo conservacionista de la pampa húmeda y terminan equiparando injustificadamente a la soja argentina con otros cultivos, como el aceite de palma, cuya expansión sí ha estado ligada a la deforestación masiva en el sudeste asiático.

Para las provincias productoras, permitir que esta normativa avance sin resistencia sentaría un precedente peligroso. Advierten que hoy es el biodiésel, pero en el futuro cercano estas mismas trabas ambientales podrían extenderse a otros productos del complejo sojero, como el aceite refinado o incluso la harina, afectando el corazón de los ingresos de divisas de la Argentina.

La "agenda verde" europea es vista, en este contexto, como un instrumento para eliminar competidores eficientes del Mercosur.

El impacto social de un eventual cierre de mercado no es menor, ya que las plantas de biodiésel no solo representan divisas, sino que son el eje de un ecosistema industrial que genera empleo calificado en el interior del país.

En Santa Fe, que produce más de la mitad del biodiésel nacional, el riesgo de cierre de plantas es una amenaza latente que preocupa a los sindicatos y a los gobiernos locales por el efecto cascada en las economías regionales.

La estrategia argentina en la OMC tiene antecedentes favorables. En el pasado, el país logró ganar disputas comerciales contra la UE por medidas de antidumping que también buscaban restringir el ingreso del biodiésel.

Los expertos legales sostienen que demostrar la falta de base científica del criterio iLUC ante un panel de expertos internacionales es la vía más sólida para frenar lo que consideran un atropello a la soberanía productiva.

Mientras tanto, el sector privado insiste en que el Gobierno Nacional debe elevar el corte obligatorio en el mercado interno para compensar la caída de las exportaciones. Actualmente, el corte de biodiésel en el gasoil se sitúa en el 7,5%, un nivel que la industria considera insuficiente para sostener la actividad mínima de las plantas.

Un incremento en la mezcla nacional no solo daría un respiro a las fábricas, sino que también contribuiría a las metas de reducción de emisiones de la propia Argentina.