La UIA pidió al Gobierno que acompañe el proyecto de biocombustibles de la Liga de Provincias

La Unión Industrial Argentina (UIA), encabezada por su presidente Martín Rappallini, pidió al Gobierno nacional el acompañamiento al Proyecto de Ley de Biocombustibles presentado por la Liga de Provincias Bioenergéticas, integrada por Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán.

Mediante una nota al Jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, Rappallini planteó que el proyecto, que ya cuenta con estado parlamentario en ambas cámaras, surge de un largo trabajo de articulación entre sectores públicos y privados con el objetivo de fortalecer la producción de bioetanol y biodiesel, diversificar la matriz energética y promover el desarrollo federal.

En la nota presentada, la UIA destacó la importancia de esta iniciativa para agregar valor a la producción de caña de azúcar, maíz y soja, reducir la dependencia de combustibles fósiles importados con el consecuente ahorro de divisas, sostener cadenas de valor de alto impacto socioeconómico en las provincias productoras y garantizar la continuidad de inversiones.

Un nuevo marco normativo para el sector

El nuevo marco normativo propuesto busca modificar la actual ley 27.640, impulsada por el gobierno del ex presidente Alberto Fernández, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, y contempla un incremento progresivo en los cortes obligatorios de biodiesel y bioetanol, la apertura a inversiones en transporte aéreo, marítimo y fluvial, la habilitación de un mercado de libre comercialización por encima de las mezclas mínimas.

También plantea la posibilidad de incorporar motores flex y kits de conversión que optimicen el uso de la materia prima nacional, además de reemplazar los cupos y precios fijados por el Estado por un esquema de licitaciones transparentes entre privados, promoviendo competitividad y previsibilidad en el sector.

A mediados de noviembre un grupo de diputados nacionales de La Libertad Avanza, con la diputada Lorena Villaverde al frente, presentó un proyecto del oficialismo para una nueva ley de biocombustibles, con el objetivo de modernizar y optimizar el sector energético argentino. Uno de los aspectos clave era el aumento gradual de 7,5% de biodiésel en gasoil y 12% de bioetanol en naftas, con metas que se incrementarían hasta el 10% y 15% respectivamente para 2027.

Sin embargo, casi un año después de que ambos proyectos están en el Congreso no hubo un consenso suficiente para unificar las propuestas, a pesar de las expresiones de todos los actores de avanzar con una nueva normativa en reemplazo de la actual, que no satisface a ninguna de las industrias vinculadas ni a los gobiernos provinciales ni nacional.

Impacto en las economías regionales

En el documento elevado a Francos se destaca que el bioetanol y el biodiesel son fundamentales para agregar valor a la caña de azúcar, el maíz y la soja, evitar importaciones de combustibles fósiles en ahorro de divisas para el país y en contribución a la seguridad y soberanía energética, y sostener y desarrollar cadenas de valor de alto impacto socioeconómico en las provincias que los producen.

También se plantea la importancia de lograr continuidad en nuevas inversiones, siempre disponibles para producirlos, diversificar la matriz energética en el transporte y cuidar la salud de la población por una menor emisión de particulado.

En este contexto, Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán, fue vocero de la presentación al Gobierno nacional y advirtió sobre la urgencia que atraviesa el norte argentino y la necesidad de políticas concretas para sostener sus economías regionales: “El norte argentino está en una situación límite: sin políticas concretas que fortalezcan nuestras economías regionales, el futuro será devastador. Tucumán no tiene petróleo, no tiene minerales, no tiene litio funcionando”.

“Lo que tenemos –agregó– es una columna vertebral que se llama azúcar, y si no la defendemos con decisión, vamos a condenar a nuestra gente a la pobreza y a la emigración masiva. Por eso exigimos que se avance ya en la ampliación del corte de bioetanol. Hoy tenemos un 12% (6% maíz y 6% caña), pero necesitamos que ese porcentaje crezca rápidamente. Esto no es un capricho: es la única manera de darle rentabilidad a nuestra producción, sustituir importaciones de combustibles y generar empleo genuino en el norte”.

Rocchia Ferro también remarcó que el reclamo no es partidario, sino de supervivencia, y que responde al mandato constitucional de promover un desarrollo equilibrado entre regiones: “No pedimos privilegios, pedimos cumplimiento de la Constitución. El azúcar y el bioetanol son nuestra bandera de desarrollo”.