Nación pone a la venta las acciones de cuatro represas clave del Comahue

El Gobierno Nacional profundizó su estrategia de desprenderse de activos estratégicos al autorizar, a través del Decreto 564/2025, la venta de las acciones que Enarsa posee en cuatro represas del Comahue: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

Aunque el Ejecutivo evita la palabra “privatización” y habla de “reconcesión”, el proceso implica ceder el control operativo por 30 años a manos privadas, en un movimiento que reabre el debate sobre la soberanía energética del país.

La medida fue confirmada por el viceministro de Economía, Daniel González, quien aseguró que la licitación será nacional e internacional, y se concretará dentro de los próximos 60 días.

Según el decreto, las concesionarias actuales podrán seguir operando los complejos hidroeléctricos hasta fin de año o hasta que se definan los nuevos adjudicatarios.

Pero deberán cumplir con condiciones estrictas, entre ellas una garantía de cumplimiento por U$S 4,5 millones, aceptación de cambios en el esquema remuneratorio y la obligación de permitir inspecciones por parte de los interesados.

El proceso, además, no contempla una base mínima de licitación, lo que genera preocupación entre actores del sector por una posible transferencia de infraestructura estratégica a precio vil.

Las provincias de Neuquén y Río Negro recibieron borradores del pliego, pero aún no hay certezas sobre su rol en la gestión futura ni en el reparto de beneficios más allá de las regalías prometidas.

El nuevo esquema plantea un fuerte corrimiento del Estado Nacional en la operación de estos complejos y abre la puerta a un control mayor del sector privado sobre recursos naturales vitales, sin mecanismos claros de regulación a largo plazo.

El decreto que regula el próximo Concurso Público Nacional e Internacional para la concesión de los aprovechamientos hidroeléctricos establece una serie de requisitos técnicos y administrativos que deberán cumplir los futuros operadores.

Entre los aspectos centrales, los pliegos incluirán: el Contrato de Concesión, la delimitación y descripción del área concesionada, el inventario de bienes, las normas de seguridad para presas, embalses y obras auxiliares, disposiciones para el manejo de recursos hídricos, la obligación de contar con guardias permanentes, medidas de protección ambiental, seguros obligatorios, y un conjunto de obras y trabajos de cumplimiento obligatorio.

Según establece la norma, estas condiciones tienen como objetivo garantizar una operación segura, eficiente y sustentable, así como prolongar la vida útil de las centrales hidroeléctricas.

En cuanto a la coordinación, se prevé un trabajo conjunto entre la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) para la elaboración de los pliegos y la definición de las condiciones operativas.

Por su parte, el Ministerio de Economía, a través de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el organismo responsable de establecer los lineamientos del concurso y dictar medidas aclaratorias y complementarias.

Además, el decreto reconoce expresamente el rol de las provincias de Neuquén y Río Negro en este proceso. Se les otorgan plazos adicionales para analizar la propuesta y se garantiza el resguardo de sus intereses, incluyendo el pago de regalías por la explotación de los recursos hidroeléctricos.

En el marco del foro AmCham Energy, González trazó un panorama que combina privatizaciones con metas de “normalización” del sistema energético. Confirmó que antes de fin de año también se venderá la participación estatal en Transener, otro activo clave en el sistema de transporte eléctrico.

El funcionario defendió los recortes de subsidios y el traslado del costo de la energía a los usuarios: “La demanda hoy paga el 80% del costo de la energía; cuando asumimos, apenas pagaba el 30%”, dijo, en una admisión del ajuste tarifario aplicado durante la gestión.