Los servicios públicos ya consumen más del 12% del salario en el AMBA

El costo de los servicios públicos volvió a aumentar en marzo y presiona sobre los ingresos de los hogares.

Según el último reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), una familia promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesita $213.557 mensuales para cubrir sus consumos de energía, transporte y agua, en un escenario sin subsidios.

El informe revela que este gasto se incrementó un 11,4% respecto de febrero y acumula una suba interanual del 46%, superando el ritmo de la inflación estimada para el mismo período (32%). Desde diciembre de 2023, el aumento acumulado de la canasta de servicios alcanza el 591%, muy por encima del 203% registrado por el índice general de precios.

Qué explica la suba

El incremento de marzo se explica principalmente por ajustes en los cuadros tarifarios en todos los servicios, más que por un aumento en el consumo.

En el caso del gas, la factura subió 14%. Aunque el cargo variable tuvo una leve baja, el aumento del cargo fijo y un mayor consumo estacional, tras los mínimos de verano, empujaron el gasto. Además, el informe destaca que ya no hay subsidios para el costo de abastecimiento.

En electricidad, el aumento fue más moderado (3,2%), impulsado por subas en los cargos fijo y variable, sin cambios significativos en el nivel de consumo.

El transporte fue uno de los rubros que más impactó en el bolsillo. El boleto de colectivos registró un incremento promedio del 16,3%, producto de la actualización en las tarifas tanto de las líneas urbanas -que ajustan por inflación- como de las interjurisdiccionales, que tuvieron una fuerte suba acumulada.

Por su parte, el servicio de agua aumentó 12,6%, en un contexto de actualización tarifaria y mayor consumo por la cantidad de días del mes. Este incremento forma parte de un esquema de ajustes mensuales con tope del 4% definido para el primer cuatrimestre del año.

Más caro que la inflación

Uno de los datos más relevantes del informe es que los servicios públicos continúan encareciéndose por encima de la inflación. En el último año, el transporte lideró los aumentos con una suba del 70%, seguido por el gas (37%) y la electricidad (33%). Solo el agua mostró incrementos por debajo del índice general de precios.

Este comportamiento está vinculado a cambios en el esquema de subsidios y a la política de actualización tarifaria. En particular, el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) implicó una reducción de la asistencia estatal y un mayor traslado de costos a los usuarios.

El impacto en la economía familiar es cada vez más significativo. En marzo, la canasta de servicios públicos representa el 12,3% del salario promedio registrado, estimado en $1.741.460. En términos prácticos, un ingreso promedio alcanza para cubrir apenas 8,1 canastas de servicios, cuando un año atrás llegaba a 9,3.

Dentro del gasto total, el transporte se consolida como el componente más pesado, concentrando el 47% del total.

Actualmente, las tarifas que pagan los hogares cubren en promedio el 65% del costo real de los servicios, mientras que el Estado financia el 35% restante. Esta proporción aumentó significativamente desde comienzos de 2026, cuando se implementó el nuevo esquema de subsidios, que elevó la cobertura tarifaria desde el 52%.

En paralelo, los subsidios económicos muestran una dinámica desigual. Los destinados al sector energético crecieron con fuerza —impulsados principalmente por transferencias a empresas como CAMMESA y ENARSA— mientras que en transporte se registraron recortes reales en varias partidas.

El informe advierte que el aumento sostenido de tarifas, combinado con la reducción de subsidios, está reconfigurando el peso de los servicios públicos en el presupuesto de los hogares. Aunque el primer trimestre no suele reflejar toda la dinámica anual del gasto estatal, la tendencia marca un traslado progresivo de costos hacia los usuarios.

En este contexto, la evolución de tarifas y subsidios seguirá siendo un factor clave para medir el impacto social del ajuste en los servicios esenciales y su relación con el poder adquisitivo de los salarios.