El litigio por la nacionalización de YPF

La Justicia de Nueva York frenó medidas clave en la ejecución del fallo contra la Argentina por el caso YPF

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito suspendió el discovery post sentencia y otros trámites en curso hasta resolver la apelación de fondo. El Gobierno celebró la decisión como un giro relevante en una causa que expone al país a una condena multimillonaria por la expropiación de la petrolera.

La Justicia de Nueva York frenó medidas clave en la ejecución del fallo contra la Argentina por el caso YPF
Argentina tuvo un respaldo favorable en una causa de altísimo impacto.
Argentina tuvo un respaldo favorable en una causa de altísimo impacto.

La causa judicial por la expropiación de YPF sumó este miércoles un capítulo de alto impacto para la estrategia argentina en los tribunales de Estados Unidos. A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente informó que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió suspender de manera inmediata el proceso de discovery post sentencia y el resto de los procedimientos pendientes ante la Corte de Distrito, al menos hasta que se resuelva la apelación de fondo del caso.

La señal es relevante porque introduce una pausa en una etapa especialmente sensible del litigio: la vinculada con la eventual ejecución del fallo dictado en primera instancia contra el país. Según destacó la Casa Rosada, la decisión también alcanzó a una audiencia de apelación vinculada al discovery sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios, uno de los puntos que había generado mayor tensión en las últimas semanas dentro del frente judicial.

Un alivio procesal en una causa de alto impacto

En su mensaje, Presidencia presentó la novedad como una resolución de carácter excepcional y la atribuyó al trabajo coordinado de la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro, la Secretaría de Justicia y la Cancillería. El texto remarca que el tribunal hizo lugar a una solicitud presentada por el Estado argentino el 6 de marzo y la define como un hito en la defensa del país en uno de los litigios más gravosos de las últimas décadas.

El origen de esta disputa se remonta a 2012, cuando el gobierno argentino avanzó con la reestatización del 51% de la petrolera durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. A partir de esa decisión, los litigantes sostuvieron que el Estado incumplió las reglas societarias de la empresa al no extender una oferta al resto de los accionistas, un planteo que con el tiempo derivó en el juicio que hoy enfrenta la Argentina en Nueva York. Entre los actores demandantes se encuentran el fondo de inversión Burford Capital, que adquirió los derechos de los accionistas minoritarios, principalmente Petersen Energía (vinculado a la familia Eskenazi) y Eton Park.

El expediente dio un vuelco decisivo en 2023, cuando la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, falló contra la Argentina y fijó una indemnización multimillonaria. Desde entonces, la pelea dejó de centrarse solamente en la discusión jurídica sobre la responsabilidad del Estado y pasó a concentrarse también en la etapa de cobro.

En ese marco, los demandantes intensificaron herramientas procesales para rastrear activos argentinos en el exterior y eventualmente avanzar sobre bienes que pudieran quedar alcanzados por medidas de embargo.

Por eso, la suspensión del discovery no es un dato menor. Aunque no implica una resolución definitiva sobre el fondo del caso ni revierte por sí sola la condena, sí desactiva momentáneamente un mecanismo que podía ampliar la presión sobre el país mientras continúa la apelación principal. En términos políticos, le permite al Gobierno mostrar una mejora en su posición procesal; en términos jurídicos, representa aire en una instancia donde cada movimiento podía tener consecuencias patrimoniales y diplomáticas.

El comunicado difundido por Presidencia, que firma el presidente Javier Milei, también tuvo una fuerte carga política. Allí se subraya que la administración nacional retomará “con firmeza” el ejercicio del derecho de defensa y protegerá los intereses soberanos del país con todas las herramientas legales disponibles. Además, el Presidente agradeció de manera explícita a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; al procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; al subprocurador, Juan Stampalija; y al canciller Pablo Quirno.

 

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