Prevén una reconfiguración del mercado eléctrico con mayor inversión privada y ajustes regulatorios

En medio de un ambicioso proceso de reformas estructurales impulsadas por la Ley de Bases, el sector eléctrico argentino se enfrenta a una etapa de transición clave.

Bajo la mirada crítica de expertos como Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú y del IGPUBA, el proceso de “normalización” del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) avanza con luces y sombras, en un marco regulatorio que se redefinirá durante los próximos 24 meses.

En su último reporte asegura que las adecuaciones a las leyes 15.336 y 24.065 prometen una reorganización profunda del sistema eléctrico. Sin embargo, el calendario político juega su parte: la culminación del período de transición coincidirá con la campaña presidencial de 2027, lo que podría politizar decisiones técnicas sensibles.

Entre los cambios más significativos se destacan la libre contratación de combustible por parte de los generadores y una nueva remuneración que contempla los costos de importación, factores que podrían derivar en un aumento de los costos energéticos.

Según Carbajales, el nuevo esquema contempla la incorporación de figuras como el Comercializador y el Almacenista, con la expectativa de mejorar la calidad del servicio.

A su vez, se alienta la competencia en generación mediante la obligación de los Distribuidores de adquirir el 75% de su demanda residencial en el Mercado a Término, aunque ello puede tensionar las tarifas finales al usuario.

Otro punto crítico es la situación de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción federal, que no contemplan la transferencia de activos al Estado al final del contrato, pese a que las obras fueron construidas con fondos públicos.

Infraestructura y el dilema tarifario

Una de las prioridades del nuevo esquema es la ampliación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). A través de la Resolución 715/2025, el Ministerio de Economía declaró de interés prioritario 16 obras de transporte eléctrico, que serán ejecutadas bajo concesión de obra pública con participación privada.

La Secretaría de Energía, mediante la Resolución SEN 311/2025, priorizó tres proyectos estratégicos:

1. AMBA I: Mejora de eficiencia y confiabilidad del nodo Ezeiza.
2. Línea 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins: Para evacuar renovables desde Cuyo y Comahue.
3. Línea 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca: Para reforzar la infraestructura del norte patagónico.

Estos proyectos podrán ser financiados por privados a cambio de prioridad de despacho o uso, beneficios que podrán transferirse a terceros durante la vida útil del proyecto.

Aunque el nuevo régimen plantea una lógica de menor intervención estatal y mayor competitividad, el director de Paspartú se plantea algunos interrogantes: ¿Cómo se definirá el régimen de remuneración de los transportistas independientes?¿Quién pagará la tarifa de ampliación: los beneficiarios, los usuarios generales o vía presupuesto nacional? ¿Cómo garantizar que la tarifa resultante sea al mismo tiempo atractiva para el inversor privado y asequible para los usuarios?

Además, la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) con un régimen tarifario marginalista podría mejorar sus ingresos, aunque profundiza la tendencia a encarecer el costo total del sistema.

Finalmente, el nuevo régimen de solidaridad subnacional en deudas de las distribuidoras con CAMMESA busca premiar a las jurisdicciones ordenadas, nivelando responsabilidades en el sector.

Para Carbajales las reformas son auspiciosas y reflejan una voluntad clara de modernizar un sistema cuyo atraso en materia de transporte es reconocido por todos los actores. No obstante, el mayor desafío será diseñar un sistema tarifario equilibrado y sostenible, capaz de atraer inversión sin castigar excesivamente al usuario final.