Una escalada de tensiones que abroqueló a los gobernadores patagónicos

Era cuestión de tiempo. La falta de canales para sostener un diálogo estable, el intento de avances sobre atributos constitucionales, sucesivos desaires ante la búsqueda consensos y el recorte de partidas presupuestarias, forman parte del combo de argumentos para que los gobernadores patagónicos pusieran el grito en el cielo. En medio del duro ajuste que pone en jaque el pago de sueldos y el impacto en infraestructura por la retracción del Estado nacional, los mandatarios provinciales de la Patagonia avanzaron en conjunto un paso más en el juego de las diferencias, en una semana en la que el gobierno nacional estuvo buscando también la ampliación de un acuerdo con el líder del PRO Mauricio Macri.

Pocos creen en los despachos gubernamentales de la Patagonia que el corte del suministro de petróleo que anticipó el viernes Ignacio Torres pueda ser una realidad. Está claro que, no obstante, trepó de inmediato a la agenda nacional. Tampoco las mismas fuentes consultadas creen que el recorte de los fondos que recibió Chubut se explique sólo por el procedimiento administrativo del cobro de una deuda ante el Estado, como lo planteó el gobierno nacional: el gobernador chubutense había ido a la Justicia y consiguió en un juzgado federal de Rawson que se instara a Nación a abstenerse de recortar o quitar los subsidios al transporte.

Fue un detonante atado a la realidad, con antecedentes luego del frustrado avance de la Ley Ómnibus en el Congreso. En ese tránsito, buena parte de los diputados que responden a las provincias patagónicas, buscaron canales de acuerdo que hicieran posible “ayudar” a la gestión del presidente Javier Milei y al mismo tiempo “no darle la espalda” a temas que en la vida diaria de miles patagónicos son más que sensibles: el transporte, la tarifa diferencial del precio del gas conocida como de “zonas frías”, el control de las concesiones en Vaca Muerta y del resto de los campos productores de crudo y gas, y la administración de las represas hidroeléctricas.

El todo o nada que impulsó La Rosada en ese tramo de la deliberación parlamentaria, y después, también tuvo respuestas, de otro nivel, desde Neuquén y Río Negro. Tal como se anticipó en esta columna, Vaca Muerta había quedado cruzada por las tensiones. El debate sobre el control de las hidroeléctricas ante el vencimiento de las concesiones de los años 90, que puso el foco en una mirada común entre el gobernador Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, fue una suerte de adelanto. Lejos de ser disruptivo, puso en contexto una vez más la falta de diálogo que exponen los gobernadores: ambas provincias buscan que Nación no avance en las nuevas licitaciones sin consultar a las provincias, que son dueñas del recurso. ¿Es contra Milei? No. Lo mismo vienen planteando hace poco menos de una década, incluso en medio de la campaña presidencial, al gobierno de Alberto Fernández y al candidato-ministro del oficialismo de entonces, Sergio Massa.

En provincias como Neuquén, que produce por encima del 55% del petróleo que consume y exporta el país, y el 67% del gas, explicar los coletazos de precios de tarifas y combustibles implica un desafío con notas de paradoja. (Es un poco lo que le pasó factura al MPN. El latiguillo -real- de tener a Vaca Muerta pero a miles de neuquinos sin gas de red.) La caída del “subsidio” al transporte terminó implicando ahora un salto adicional en el precio de la nafta. El Concejo Deliberante de la capital, por caso, aprobó esta semana una ordenanza que fija una tasa del 4,5% adicional por cada venta en surtidores, para destinar ese fondo a paliar la falta de los aportes nacionales para el transporte público; sin eso el boleto podría superar los 2000 pesos.

El gobernador Rolando Figueroa acaba de firmar un acuerdo de gobernabilidad con intendentes de todos los sectores políticos. Buscarán cómo llevar adelante obras de infraestructura y fondos para el transporte, entre otras variables que también tienen al inicio de clases del 4 de marzo como una de las primeras escalas, en una semana en la que el gobierno provincial negocia en la paritaria con los sindicatos estatales.

El gobernador neuquino fue parte de los mandatarios que firmó la nota que impulsó la retahíla de tuits del presidente. Por ahora no se pronunció en sus redes ni de otro modo de forma pública. Quizás trata de no tensar la cuerda de la coalición Neuquinizate que, con votos de todo el espectro político, incluida La Libertad Avanza, lo llevó a la Gobernación desde diciembre pasado.

El que sí se expresó en redes fue Juan Luis Ousset, su jefe de Gabinete, que expuso las decisiones presupuestarias y de gestión que viene realizando la provincia: la depuración del los fondos provinciales destinados a planes sociales, la reducción de cargos políticos y la eliminación de jubilaciones de privilegio. Ese contexto, que podría inscribirse dentro de temas en los que podría haber una mirada en común con Nación, para Neuquén, requiere también que “el gobierno nacional respete a las provincias y a quienes fueron elegidos para representarlas. País federal, provincias autónomas, siempre”, sostuvo en su cuenta de X.

El gobernador de #Neuquén @Rolo_Figueroa eliminó las jubilaciones de privilegio; redujo los cargos políticos a la mitad, significando un ahorro de más de 30 mil millones de pesos en el año; llevó adelante un re empadronamiento de beneficiarios de planes sociales para asistir a…

— Juan Luis Ousset (@pepeousset) February 24, 2024

Es el contexto neuquino en un tramo del año en el que cada provincia tiene a marzo como una de esas fechas donde la presión sobre la gestión tiende a hacerse más directa. “Este recorte a Nacho Torres le prende fuego la provincia”, aseguraba una fuente gubernamental, sobre el gobernador chubutense del PRO, a quienes algunos inscribían también aportando a un posicionamiento en medio del tira y afloje que es parte de la negociación nacional entre Milei y Macri, lo que para otras fuentes consultadas sería “desdibujar los reales motivos económicos y políticos” que movilizaron a los patagónicos a plasmar la postura en conjunto.

En parte, el pronunciamiento busca emerger en la instalación de temas de la agenda nacional, moldeada casi en exclusiva por las iniciativas y tuits del presidente. Eso que logra captar al grueso de la ciudadanía, hastiada de “la casta política” que no solucionó parte de la vida cotidiana de millones en la última década.

Cortar o no cortar el petróleo sería de este modo un llamado de atención de uno de los sectores determinantes de la economía del país, con un tópico que “es bien claro” para el entendimiento generalizado de la población.

De hecho, también había un antecedente al respecto. Un neuquino, el diputado nacional del MPN Osvaldo Llancafilo, había anticipado a lo que podía llevar esta suerte de encerrona, en la entrevista que Jorge Fontevecchia le hizo en su programa de radio, cuando habló, en el plano de las hipótesis, del cierre del grifo del gas desde los yacimientos de Neuquén. Junto con otros legisladores buscó acortar diferencias y encontrar consensos, hasta que LLA envió a fojas cero la Ley de Bases.

Cortar el suministro de energía no le conviene a nadie. Pero, quitando de lado las cruciales condiciones económicas que impone el gobierno nacional, el escenario desde ayer en el plano político es un detonante de la falta de interlocutores, los modos y los tiempos, en momentos en que los recursos de Vaca Muerta, el complemento de los viejos campos productores que son casi la mitad de la producción petrolera argentina, y el litio, implican una posible plataforma del suministro global de los próximos años, tal como lo había planteado el embajador de Estados Unidos Marc Stanley en Neuquén, en la misma línea que en su visita del viernes lo expuso Antony Blinken, el secretario de Estado de la potencia norteamericana que estuvo con Milei.

El posicionamiento de las provincias, con todo, expone algo que debiera ser parte de la más estricta normalidad: que las condiciones de “seguridad jurídica” y “la estabilidad política”, propias de un posible salto económico, aún en la era de la hipercrítica al Estado y la crisis de representatividad, requieren también de consensos, al menos ahí donde se los pueda construir.