Escollo judicial en puerta para el megaproyecto de YPF Vaca Muerta Sur

Tras sortear a fines de agosto la audiencia oral y pública convocada por la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Río Negro, el proyecto de YPF para instalar una mega terminal portuaria en la costa de Punta Colorada, en el Golfo de San Matías, deberá afrontar el primer escollo judicial que acaban de presentar cámaras de la economía regional, asambleas vecinales y organizaciones conservacionistas cuestionando la terminal del Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

El oleoducto de poco más de 600 kilómetros es uno de los proyectos clave para solucionar los cuellos de transporte de la formación neuquina de Vaca Muerta, lo que incluye la terminal portuaria de mayor capacidad de carga del país para exportación, con una estimación inicial de 360.000 barriles de petróleo diarios.

La obra había recibido el respaldo de las autoridades y comunidad de la localidad de Sierra Grande, la más próxima a la futura terminal, que busca recuperar su capacidad productiva y laboral tras la época dorada de la explotación de hierro. Desde 2016 el yacimiento está paralizado en manos de una empresa china que adquirió los derechos de explotación, por lo cual el oleoducto genera nueva expectativa para esa región.

Por el contrario, el diverso bloque comercial, social y ambiental presentó una acción legal en la provincia de Chubut por "el ilegítimo avance del proyecto" para la realización de un ducto que transportará hidrocarburos desde Vaca muerta atravesando toda la provincia de Río Negro y parte de Neuquén y finalizará en un puerto de carga con dos monoboyas en el Golfo San Matías.

La iniciativa, presentada en el marco del segundo aniversario del "Atlanticazo", destaca "los riesgos y las consecuencias devastadoras que la terminal portuaria representa para la región" al señalar "la fuerte conectividad oceanográfica y biológica entre el enclave donde se establecerá la terminal portuaria y el Golfo San José y el Golfo Nuevo; estos dos últimos componentes claves del entorno de la Península Valdés".

La acción que fue interpuesta con fundamento en la inacción previa de la Provincia de Chubut en relación al puerto petrolero con "enorme impacto en la región", quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn a cargo de María Laura Eroles. A través de un escrito se solicitó a las autoridades provinciales, a "tomar medidas preventivas y transparentar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental e intervenir eficaz y activamente en él".

El área referida es ampliamente protegida a nivel provincial e internacional por la Convención de Ramsar y por UNESCO en su carácter de Sitio de Patrimonio Mundial.

La alianza contra el oleoducto

Entre las organizaciones que conforman la alianza están la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (CAPENVAL), la Asociación Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides, la Asociación Argentina de Guías Balleneros, la Cámara Patagónica de Empresas de Avistajes de Ballenas, la Fundación Península Valdés Orca Research, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la Fundación Greenpeace Argentina, la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Patagonia Natural, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés, la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut y la Asamblea No a la Mina de Esquel.

Este colectivo refleja la preocupación de varios sectores de la sociedad civil que advierten que este puerto con dos monoboyas se emplazará a 30 km de la Península Valdés, "afectará claramente la biodiversidad y la economía de las áreas marinas involucradas. Las infraestructuras costeras, se emplazarán en importantes enclaves de biodiversidad, con inmenso valor para las comunidades locales y actividades económicas que esta sustenta".

Las organizaciones exponen la "omisión antijurídica del estado chubutense al no implementar acciones y políticas preventivas, exponiendo al territorio, su biodiversidad y a miles de familias a un riesgo previsible de daño social y ambiental".

La reforma de la ley 3308 de Rio Negro, que protegía las aguas y costas del Golfo San Matias de la industria petrolera, hizo que vecinos, vecinas y organizaciones de distintas partes del país llevaran a la Justicia la modificación de la referida legislación con una acción de inconstitucionalidad que fue presentada ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en diciembre de 2022. El caso se encuentra actualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los accionantes citaron como antecedente inmediato el evento sucedido el 28 de diciembre en la Ría de Bahía Blanca con "la rotura de un ducto de carga de una monoboya similar a la instalarse en San Matías, tiñendo de petróleo crudo las aguas, que tendría un impacto directo en la Península Valdés, ya que la circulación oceánica indefectiblemente lo arrastraría hacia allí".

También se citó como caso de derrame de crudo lo sucedido en Caleta Córdova en el 2007 con aproximadamente 300m3 de petróleo que impactaron negativamente a lo largo de 5 kilómetros de costa en el Golfo San Jorge, en un ejemplo puntual de la provincia.

Un proyecto vigente para YPF

La nueva gestión del presidente de YPF, Horacio Marín, mantiene vigente el proyecto Vaca Muerta Oil Sur, para el cual se eligió como terminal portuaria de exportación -la mayor con la que podría contar el país- la zona de Punta Colorada que ya cuenta con un puerto mineralero que podría ser refuncionalizado para la actividad hidrocarburífera.

La obra había sido inicialmente presentada por la petrolera estatal como un desarrollo exclusivo, pero ahora se decidió abrir a otras compañías que podrán sumarse al proyecto y afrontar los costos estimados en unos 1200 millones de dólares.

A través de la estación portuaria se podrá despachar un buque cada cinco días con capacidad para 390.000 metros cúbicos, a partir de 2025 y que se dispondrán unos 20 tanques de reserva en unas 250 hectáreas costeras con una capacidad de almacenamiento de 1 millón de metros cúbicos.

La construcción demandará la contratación de no menos de mil personas de manera directa y de otras tres mil de manera indirecta, y la petrolera ya contrató al barco BG Warrior de 68,9 metros de eslora, 15,5 metros de manga y de bandera argentina, que ya brindó servicios, entre otros clientes, a ENAP y Total Austral.