Informe de Fundar

Cómo desarrollar una cadena de proveedores sustentable que aproveche la oportunidad minera

Una serie de medidas que incentiven el requerimiento a las operadoras fue elaborada por Fundar. Estabilidad fiscal y cambiaria y las importaciones de bienes de capital.

Cómo desarrollar una cadena de proveedores sustentable que aproveche la oportunidad minera
La ley minera atrajo inversiones extranjeras, pero no dispone de un régimen que regule o incentive el desarrollo de proveedores argentinos.
La ley minera atrajo inversiones extranjeras, pero no dispone de un régimen que regule o incentive el desarrollo de proveedores argentinos.

El potencial de la geología argentina ofrece grandes oportunidades en el sector minero, pero su verdadero aprovechamiento no llega sólo de la mano de la extracción de los recursos como el cobre, el oro, la plata y el litio que explican cerca del 85% de las compras a proveedores sino en el desarrollo de esas cadenas de valor alineadas con una moderna minería sustentable. Un trabajo reciente de Fundar -la organización de estudio y diseño de políticas públicas- realizó un diagnóstico acerca de cuáles son los factores que han limitado una mayor integración de la actividad minera con el aparato productivo nacional, y delineó una serie de propuestas y lineamientos de política para promover el desarrollo de proveedores, lo que abarca las experiencias de Australia y Chile.

En el país, si bien la actividad minera pasó de ser marginal a dar cuenta del 0,9% del Valor Agregado Bruto de la economía y del 3,7% de las exportaciones de bienes y servicios al 2023, el sector no se desarrolló aprovechando su potencial y la generación de encadenamientos productivos ha sido limitada. Se trata del conocido segmento de los denominado “METS” (por sus siglas en inglés, Mining Equipment, Technology and Services), de reputación global por su carácter innovador y su presencia en el mercado, que en el caso de Australia contribuyen anualmente Valor Agregado Bruto por un monto de US$ 61.000 millones, exportaciones US$ 11.300 millones y emplean cerca de 300.000 personas directamente.

Para mirarse en ese espejo, en primer lugar se plantea en una perspectiva de largo plazo con “el apoyo y promoción de proveedores, así como del sector en general, que deben orientarse en direcciones sustentables”. Es decir, procesos, actividades, proyectos y firmas que apunten no sólo a atender problemas productivos y tecnológicos, sino también hacia “reconversiones y transformaciones en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Es decir, con una baja huella hídrica y de carbono, en armonía con el medio ambiente y las poblaciones locales, y en línea con estándares éticos”.

A partir de esa definición base, en el marco de la demanda creciente de minerales asociada a la transición energética, la Argentina cuenta con un gran potencial para el desarrollo de proveedores industriales y tecnológicos asociados al sector minero. El trabajo repasa que el país ya posee un entramado productivo de empresas con importantes capacidades industriales, empresariales y tecnológicas surgidas alrededor de complejos productivos como el agrícola, el automotriz, los hidrocarburos, el software y los servicios digitales. Cuenta también con un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación relativamente desarrollado que podría contribuir en la búsqueda de soluciones a problemas del sector, como la necesidad de descarbonizar procesos o el manejo sustentable de los recursos hídricos. No obstante, “el desarrollo de proveedores se encuentra por debajo de su potencial”.

Más allá de los condicionantes macro, Fundar identifica desafíos de naturaleza económica y político-institucional. Entre los primeros, se destacan las políticas y prácticas de abastecimiento de las grandes empresas mineras que priorizan sus contratos globales y establecen barreras de entradas a proveedores locales. A esto se suman las limitaciones referidas a las capacidades productivas, tecnológicas, financieras y de gestión comercial de los propios proveedores.

Así, se enumera la necesidad de un régimen de promoción de las inversiones mineras, cuya piedra angular es la Ley de Inversiones Mineras que “no regula ni incentiva la generación de proveedores para el sector”. También se destaca “la ausencia de un régimen informativo coordinado federalmente que favorezca la vinculación entre la demanda del sector minero y la oferta de capacidades domésticas, y de políticas provinciales de compre y contrate local para la minería, que desincentivan la coordinación y la colaboración interprovincial”.

Además se resalta en la tarea para el desarrollo de proveedores “la poca articulación entre las necesidades productivas y los desafíos socioambientales del sector minero y las agendas de trabajo del sistema público científico-tecnológico y de innovación”.

“En particular, la Ley fue diseñada y resultó exitosa para atraer la inversión de capitales extranjeros hacia el desarrollo del sector de minería, pero no dispone de un régimen que regule o incentive el desarrollo de proveedores argentinos. Por el contrario, facilita la importación de bienes de capital para minería al otorgar el beneficio de la importación libre de aranceles”.

En función de este diagnóstico, se formulan una serie de propuestas que demanda modificaciones al régimen que regula al sector, y como iniciativas prioritarias se propone “reforzar el requerimiento de presentar un Plan de Participación de la Industria Nacional (PPIN) como condición para acceder a la estabilidad fiscal y cambiaria por parte de las empresas operadoras de proyectos mineros”. A la vez se menciona la oportunidad de “exigir la presentación de un PPIN a los beneficios de importar bienes de capital libre de aranceles” al amparo de la ley de extracciones mineras.

Por otra parte, las propuestas de mediano y largo plazo una verdadera política federal de desarrollo de proveedores para minería, podrían apalancarse en el establecimiento de condicionalidades para el acceso a los beneficios tributarios y fiscales contemplados en la Ley. “Con este objetivo, se propone la implementación de un régimen federal informativo sobre la demanda minera y la oferta de proveedores, y centralizar la información que hoy se encuentra dispersa entre un sinnúmero de regímenes informativos, gestionados por diversos niveles de gobierno”.

Asimismo, se proponen iniciativas orientadas a aprovechar el potencial de innovación existente en el sistema científico-tecnológico y en las empresas mediante una mayor articulación público-privada, destinada a resolver problemas productivos, sociales y ambientales, tanto del sector minero como comunes a otros sectores.

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