Nación abrió un impasse de 120 días para definir el futuro de las represas

El Gobierno nacional detuvo su apuro por la reversión de las concesiones hidroeléctricas en los ríos Neuquén y Limay, que vencen en agosto y diciembre, y abrió un impasse de 120 días para negociar con las provincias y las actuales operadoras su futuro.

El gobernador neuquino Omar Gutiérrez y el electo Rolando Figueroa confirmaron que desde el Gobierno nacional permitirán que las actuales empresas operadoras de las represas continúen en este plazo. En los contratos existe la opción de extender hasta un año las concesiones, por lo que es una herramienta para salir del paso.

Figueroa apuntó que espera resolver la cuestión por las represas en este nuevo marco de diálogo, sin llegar a una instancia judicial. Es que las provincias de Neuquén y Río Negro ya estaban preparadas para acudir a la Corte Suprema si sus planteos no eran escuchados.

“Estos 120 días van a servir para seguir trabajando los equipos. Vi una buena predisposición por parte fundamentalmente del ministro Sergio Massa en ser receptivo a estos pensamientos de neto corte federal”, dijo en una rueda de prensa en el KM 0 del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, en Tratayén.

Gutiérrez señaló que el principal aspecto a respetarse en el diálogo con Nación es el de las autonomías provinciales y la potestad sobre los recursos naturales, que se obtuvo desde la reforma constitucional de 1994. Neuquén y Río Negro quieren ser parte de la decisión sobre las nuevas licitaciones o, eventualmente, de la creación de una empresa estatal similar a lo que fue Hidronor.

“Acá es con seguridad laboral para los trabajadores de las represas. Esto tiene que quedar totalmente claro. Lo otro se está discutiendo, hay que ponerse de acuerdo y respetar las autonomías provinciales. Hay que respetar la reforma del 94, posterior a la concesión de estas represas”, indicó.

La semana pasada, el ministro de Economía, Sergio Massa, recibió a Gutiérrez y Figueroa, además de la gobernadora rionegrina Arabela Carreras y al electo Alberto Weretilneck, donde hablaron de una prórroga de las concesiones y reactivaron las conversaciones con las provincias y las operadoras.

Pese a que parecía haber diálogo, la decisión de pasarle a Enarsa la gestión de las represas provocó malestar en las provincias. En la reunión, Massa convocó al sector privado para "garantizar un nuevo proceso de inversiones que nos permita mejorar la infraestructura del sistema eléctrico argentino". Estas declaraciones generaron dudas entre las operadoras de las represas, que todavía esperan una comunicación formal sobre la prórroga.

El ministro y precandidato a la Presidencia dijo que después de ese plazo de 120 días se "definirá como será el proceso para que esta etapa que termina, de las viejas concesiones por licitación, pase a ser una nueva etapa en la que provincias, Nación y actores del sector privado pueda llevar adelante un nuevo proceso de inversión".

Las concesiones que vencen el 11 de agosto son las de Alicurá (operada por AES Argentina), El Chocón-Arroyito (en manos de Enel) y Planicie Banderita (Orazul Energy). El 29 de diciembre también vence Piedra del Águila (Central Puerto).

Más adelante, le tocará renegociar con estos antecedentes a la represa chubutense de Hidroeléctrica Futaleufú (cuyo accionista mayoritario es la alumínica ALUAR) en 2025 y la neuquina Pichi Picún Leufú (de Pampa Energía) en 2029.