El Senado aprobó el marco regulatorio para el mercado de carbono y ahora define Diputados

Argentina podría desarrollar un mercado de créditos de carbono con potencial para generar ingresos millonarios por exportaciones, atraer inversiones y promover proyectos productivos y ambientales.

El Senado aprobó el proyecto de marco regulatorio para el sector, que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

La iniciativa busca establecer reglas para el desarrollo y la comercialización de créditos de carbono, con definiciones sobre su titularidad, naturaleza jurídica y participación en los mercados internacionales.

Para la Mesa Argentina de Carbono (MAC), que reúne a más de 50 empresas y organizaciones, el avance legislativo representa un paso hacia la construcción de un marco de mayor seguridad jurídica para impulsar nuevos negocios.

Según estimaciones de la entidad, el potencial de los proyectos vinculados con actividades agropecuarias y forestales podría generar ingresos anuales de entre USD 460 millones y USD 2.377 millones, según la evolución del mercado.

Por otra parte, estudios del Centro Argentino de Ingenieros y la Academia Nacional de Ingeniería estiman una capacidad mínima de generación de 131,4 millones de créditos de carbono al año, con ingresos potenciales por exportaciones de entre USD 1.400 millones y USD 3.900 millones bajo determinados escenarios.

Reglas para atraer inversiones

La Mesa Argentina de Carbono destacó que la aprobación en el Senado representa un avance en una agenda que impulsa desde hace años para posicionar al país en los mercados internacionales.

En noviembre de 2024, la entidad había elaborado un proyecto de ley para promover iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero.

Posteriormente, presentó un plan de desarrollo sectorial orientado a fortalecer la seguridad jurídica, facilitar el acceso a compradores internacionales y promover inversiones privadas en proyectos de captura y reducción de emisiones.

Durante el debate legislativo en el Senado, la organización planteó tres ejes centrales: definir la titularidad de los créditos, reconocerlos como bienes inmateriales de carácter patrimonial y establecer mecanismos competitivos para acceder a los mercados internacionales.

La entidad considera que estas condiciones son necesarias para transformar el potencial productivo y natural de la Argentina en proyectos capaces de generar ingresos, empleo y desarrollo regional.

Una oportunidad para el desarrollo regional

El mercado de carbono permite generar créditos a partir de proyectos que reducen o capturan emisiones de gases de efecto invernadero, sujetos a metodologías de medición, verificación y certificación. Estos créditos pueden comercializarse en distintos mercados, de acuerdo con sus características y las reglas aplicables.

En Argentina, las oportunidades abarcan actividades agropecuarias y forestales, además de iniciativas de conservación y restauración de ecosistemas. El desarrollo de estos proyectos podría abrir nuevas fuentes de ingresos para productores, empresas y comunidades vinculadas con el territorio.

La MAC sostiene que los mercados internacionales ofrecen oportunidades comerciales superiores a las del mercado voluntario actual en determinados segmentos. Sin embargo, el acceso a esos ingresos dependerá de los precios, las condiciones de demanda, los estándares de certificación y las reglas de cada mercado.

La organización también señaló que existen más de 40 proyectos de carbono en implementación en el país, con posibilidades de expansión.

El próximo paso, Diputados

Tras la aprobación en el Senado, el proyecto deberá avanzar en la Cámara de Diputados. Su sanción definitiva permitiría establecer un marco nacional para el sector y acercar a la Argentina a países de la región que ya desarrollan instrumentos para promover estos mercados.

Para la Mesa Argentina de Carbono, la legislación sería un punto de partida para fortalecer la competitividad, atraer capital privado y ampliar la participación argentina en el comercio internacional de créditos.

El desafío será traducir las nuevas reglas en proyectos concretos, con resultados ambientales verificables y beneficios económicos para las regiones donde se desarrollen.