Tensiones geopolíticas
La inflación energética tiene fuerte impacto regional y llega al 8% mensual impulsada por los combustibles
Los combustibles líquidos se consolidaron como el principal motor de la inflación energética regional, afectando a los hogares, el transporte y la actividad productiva. La volatilidad del crudo y rigideces de mercado impiden que el precio en surtidor baje al ritmo de las cotizaciones globales.
Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la volatilidad del mercado petrolero internacional encendieron las alarmas económicas en América Latina y el Caribe (ALC). Durante el primer semestre de 2026, los derivados del petróleo se consolidaron como el principal motor de la carestía energética, generando un impacto que afecta a las economías domésticas, al transporte de pasajeros y de carga, y al entramado productivo de toda la región.
Según los datos recopilados por la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) a partir de los informes de institutos de estadística y bancos centrales, a junio de 2026 la inflación energética anual en la región registró un pico de 8,03%. La cifra cobra especial relevancia al compararla con la inflación general del mismo período, que se ubicó en un 4,49%.
Este gap evidencia que los precios de los insumos esenciales para la vida cotidiana -principalmente combustibles líquidos y electricidad- avanzaron a un ritmo marcadamente superior al del resto de los bienes y servicios que integran la canasta familiar. El detonante de este fenómeno es la inestabilidad del frente internacional.
Durante las primeras semanas del conflicto en Oriente Medio, las cotizaciones internacionales del petróleo crudo llegaron a registrar subas de hasta un 60%. Como consecuencia inmediata, los combustibles líquidos sufrieron incrementos de alrededor del 20% en surtidor. Hacia el cierre del semestre, la gasolina alcanzó en junio el precio promedio más elevado en lo que va del año. Sin embargo, el aspecto más complejo de esta coyuntura radica en la asimetría de transmisión de precios.
El impacto en combustibles
Pese a que el barril de crudo experimentó retrocesos posteriores respecto de los máximos alcanzados al inicio del conflicto, las estaciones de servicio regionales no reflejaron esas bajas con la misma velocidad. Los valores al consumidor final permanecieron elevados y mostraron una fuerte rigidez a la baja que mantuvo la presión inflacionaria. Este comportamiento obedece a factores estructurales propios del sector energético, de acuerdo al análisis de Olade.
En primer lugar, existe un desfasaje temporal por el uso de inventarios que fueron adquiridos cuando las cotizaciones internacionales estaban en su punto más alto. A esto se suman variables operativas y fiscales que encarecen el producto final, como los costos logísticos de refinación, transporte marítimo y terrestre, seguros, márgenes comerciales e impuestos locales.
La región exhibe además una disparidad entre países, dado que algunos gobiernos lograron atenuar el impacto mediante esquemas de subsidios y mecanismos de estabilización, mientras otros enfrentaron traslados directos y acelerados debido a costos operativos más altos y menor capacidad de amortiguación fiscal.
El punto inicial de febrero
Ningún país logró retornar a las cifras vigentes en febrero de 2026. El panorama deja al descubierto la vulnerabilidad regional frente a shocks externos. Mientras la energía siga escalando muy por encima del índice general de precios, la presión sobre los costos de producción y la pérdida del poder adquisitivo continuarán siendo el principal reto económico para los países latinoamericanos en lo que resta del año.
En este marco continental agitado por el escenario internacional, la Argentina muestra un reflejo de las tensiones descriptas por Olade. Aunque el país cuenta con el desarrollo productivo de no convencionales en Vaca Muerta para alimentar ampliamente la oferta, el mercado interno de combustibles líquidos no se mantuvo al margen del impacto internacional. La cotización del barril tipo Brent actuó como una referencia para los costos de refinación local, acelerando los ajustes en surtidor.
En el plano local, la nafta súper acumuló incrementos que superaron el 30% en lo que va del año, promediando los $2.100 por litro en las estaciones de servicio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para el transporte de cargas y el sector productivo, el incremento del gasoil impactó en la estructura general de costos logísticos, presionando sobre la distribución de alimentos y bienes industriales.
Al igual que en el resto de ALC, en las semanas donde la referencia internacional dio tregua, los costos de refinación, la actualización paulatina de los impuestos a los combustibles líquidos y la necesidad de mantener márgenes operativos impidieron ver rebajas nominales. Frente al avance de la inflación energética, la política tarifaria se vio obligada a reprogramar el ritmo de recorte de subsidios que se había propuesto para la segunda parte del año.
Si bien el diseño original del esquema preveía una reducción más severa de los bloques de consumo para las tarifas de luz y gas natural, las autoridades energéticas decidieron aplicar un freno parcial. La medida buscó amortiguar el impacto en las familias y evitar que el aumento de las tarifas de los servicios públicos retroalimente la marcha de los índices generales de precios.
Como muestra de este pivote regulatorio, el Gobierno amplió de 150 kWh a 200 kWh mensuales el bloque de consumo eléctrico subsidiado para los usuarios residenciales de menores e intermedios ingresos. Desde la Secretaría de Energía se reconoció que la suba de los costos energéticos a nivel internacional influyó en la decisión, admitiendo que mantener la pauta de recorte original habría derivado en saltos tarifarios pronunciados para el usuario final.
A pesar de estos amortiguadores regulatorios y del incremento en las partidas presupuestarias destinadas a subsidios -que en el acumulado del año superaron los 2.600 millones de dólares-, la canasta de servicios públicos continuó ganando peso en el presupuesto familiar. La cobertura tarifaria promedio que abonan los usuarios apenas supera la mitad de los costos técnicos del sistema, dejando al descubierto la complejidad de equilibrar las cuentas públicas sin sofocar el consumo interno.
El panorama regional expuesto por la Olade confirma que la brecha entre la inflación energética y el resto de la economía no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un mapa internacional convulsionado