Energía reglamentó un nuevo mecanismo para expandir el sistema de transporte eléctrico

En un contexto de emergencia energética, el Gobierno nacional avanzó con un nuevo modelo para acelerar la expansión del sistema de transporte eléctrico en Argentina.

A través de la Resolución 83/2026, la Secretaría de Energía formalizó un esquema que habilita la ejecución de obras mediante concesiones de obra pública, con fuerte participación del sector privado y financiamiento a través de tarifas específicas.

La iniciativa apunta a destrabar uno de los principales cuellos de botella del sistema energético: la falta de infraestructura de transporte para acompañar el crecimiento de la generación, especialmente en regiones con alto potencial productivo como Vaca Muerta.

El nuevo régimen establece que las ampliaciones del sistema serán adjudicadas mediante licitaciones públicas, nacionales o internacionales, y ejecutadas por empresas concesionarias que asumirán la construcción, operación y mantenimiento de las obras. Estos contratos tendrán un plazo limitado, de hasta 30 años desde la habilitación comercial, tras lo cual la infraestructura deberá ser transferida al Estado sin costo.

Uno de los puntos centrales del esquema es el mecanismo de remuneración. Las empresas adjudicatarias percibirán ingresos mensuales por la inversión realizada, además de una tarifa adicional vinculada a la operación y mantenimiento de las instalaciones.

A su vez, se crea una nueva categoría tarifaria, denominada Tarifa COP, que será abonada por los usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que se beneficien de estas ampliaciones.

Este diseño busca garantizar la viabilidad financiera de los proyectos y generar previsibilidad para los inversores. En ese sentido, la normativa también establece que los pagos asociados a estas obras tendrán prioridad dentro del sistema de liquidación del mercado eléctrico, reduciendo el riesgo de incumplimientos y facilitando el acceso al financiamiento.

El esquema contempla además que tanto el Estado como actores privados puedan impulsar proyectos de ampliación. Cada iniciativa deberá contar con un contrato específico de concesión, y los valores tarifarios serán definidos caso por caso, con intervención del ente regulador y audiencia pública previa a su aprobación.

Durante la ejecución y operación de las obras, los concesionarios actuarán como transportistas independientes, bajo estrictas exigencias técnicas y regulatorias. El control seguirá a cargo del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), hasta tanto se implemente el nuevo organismo unificado que integrará la supervisión del gas y la electricidad.

La medida forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para reorganizar el sistema energético y promover inversiones en infraestructura crítica. La expansión del transporte eléctrico es clave no solo para garantizar el abastecimiento interno, sino también para acompañar el crecimiento de sectores estratégicos que demandan mayor capacidad de evacuación de energía.

Proyección de nuevas obras

De cara a los próximos años, el sector energético prevé un fuerte impulso en inversiones vinculadas al transporte eléctrico, especialmente en líneas de alta tensión y estaciones transformadoras que permitan integrar nueva generación y mejorar la confiabilidad del sistema. Estas obras serán fundamentales para acompañar el desarrollo de polos productivos, incluyendo la electrificación de operaciones industriales y la expansión de proyectos energéticos.

En paralelo, se espera que el nuevo esquema habilite iniciativas asociadas a energías renovables y a la evacuación de producción desde regiones con alta capacidad de generación, fortaleciendo la interconexión regional y reduciendo restricciones operativas.

En este escenario, la ampliación de la red eléctrica se posiciona como una condición clave para sostener el crecimiento económico y energético del país en el mediano y largo plazo.