“Vaca Muerta tomó nota de la importancia de la inclusión de género en el sector oil & gas”

La inclusión de las mujeres en los espacios de decisión y la construcción de un entorno seguro para las inversiones fueron dos de los ejes que María Soledad Gennari, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, puso sobre la mesa durante una entrevista realizada en la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, con Mejor Energía.

Para la magistrada, ambos temas forman parte de una discusión más amplia sobre el desarrollo sostenible de la industria energética.

Consultada por el crecimiento del sector y el movimiento de empresas y asistentes, señaló que uno de los motivos de su presencia era contribuir a visibilizar la inclusión de las mujeres en una actividad en expansión.

Desde su experiencia en el Poder Judicial, afirmó que la representación femenina todavía disminuye de manera marcada a medida que se asciende hacia los cargos de mayor responsabilidad.

"Las mujeres somos una gran proporción", explicó al referirse al ámbito judicial, donde estimó que representan alrededor del 70% del personal. Sin embargo, esa presencia no se refleja en igual medida en los puestos de decisión.

Según detalló, en los niveles superiores la participación cae significativamente y ronda el 20% en algunos espacios. También señaló que, al momento de la entrevista, no había mujeres en la Corte Suprema, una situación que atribuyó a circunstancias específicas.

La brecha, dijo, no es exclusiva de la Justicia. También atraviesa a la industria energética, aunque consideró que el sector empezó a reconocer ese contexto.

Genari se refirió a una encuesta realizada en el ámbito de la actividad -presentada en una exposición del IAPG- que puso el foco en la participación de las mujeres en posiciones de decisión. Destacó que el relevamiento permitió examinar la representación femenina en distintos segmentos de la industria, incluidos los servicios.

Esa diversidad de actividades, observó, vuelve más complejo establecer una cifra única para el sector. No alcanza con analizar las empresas de exploración y producción: también es necesario considerar a las compañías de servicios y otros eslabones de la cadena. Aun con esa dificultad, su diagnóstico fue claro: las mujeres continúan subrepresentadas y la distancia respecto de los objetivos de igualdad sigue siendo considerable.

En ese marco, vinculó la discusión con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de la Agenda 2030 (Naciones Unidas), referido a la igualdad de género. Sostuvo que la participación equitativa es parte de los criterios asociados al desarrollo sostenible y advirtió que el horizonte fijado para 2030 podría quedar postergado si los avances no se aceleran.

Para Genari, las experiencias internacionales muestran que la igualdad no siempre se alcanza por inercia. Mencionó a Chile como un caso de referencia en América Latina por las medidas adoptadas para incrementar gradualmente la presencia de mujeres en los directorios empresariales.

También citó a Noruega como pionera en la regulación de la composición de esos órganos y recordó que ese país desarrolló políticas vinculadas con la equidad entre generaciones, además de su trayectoria en la actividad petrolera offshore.

La magistrada destacó que algunos marcos regulatorios no se limitan a fijar una cuota para las mujeres, sino que buscan evitar la subrepresentación de cualquier género.

En esa lógica, si uno de los grupos queda en minoría, las medidas deberían orientarse a corregir el desequilibrio. "Debería ser algo natural que las mujeres estén presentes", planteó. Pero agregó que, si esa participación no se produce de manera espontánea, corresponde establecer reglas que permitan avanzar hacia una igualdad efectiva.

En contraste, recordó que en la Argentina se había dictado una resolución de la Inspección General de Justicia que establecía una cuota femenina para los directorios, pero que luego fue revocada. La comparación con Chile y Noruega, señaló, expone las distintas velocidades con las que los países están abordando el tema.

El otro eje de su intervención estuvo relacionado con la seguridad jurídica. Genari explicó que desde el Tribunal Superior de Justicia encabeza un proyecto que incluye acciones frente al microtráfico y un plan vinculado con el crimen organizado. El objetivo, indicó, es contribuir a generar condiciones de mayor seguridad y previsibilidad, tanto para las personas como para las inversiones.

La iniciativa parte de una premisa: la presencia de delitos contra la propiedad y de fenómenos asociados al crimen organizado puede afectar las decisiones empresariales.

Por eso, sostuvo, la tarea judicial también puede aportar a la construcción de un entorno más confiable para invertir en bienes de capital y recursos humanos. Se trata, según explicó, de una política preventiva que complementa la persecución de delitos y busca reducir los factores que comprometen la seguridad.

También expresó una mirada esperanzada sobre la evolución de la actividad: consideró que las empresas y el sector energético, incluida Vaca Muerta, empezaron a tomar nota de la necesidad de mejorar la representación femenina.

Su planteo reunió así dos condiciones que, desde su perspectiva, resultan centrales para el futuro de la industria: instituciones capaces de ofrecer mayor seguridad y certeza jurídica, y políticas que permitan ampliar la participación de las mujeres en los espacios donde se toman decisiones.