Clave de la demanda que viene
Los data centers crearon su cámara empresaria y ponen el foco en el transporte eléctrico y la autogeneración
La entidad pondrá el foco en las exigencias del régimen de Demandas Extratendenciales y la obligación de autogeneración para proyectos de más de 80 MW, en busca de un marco previsible que destrabe inversiones.
Con la energía como eje crítico de viabilidad técnica y económica, nueve empresas del sector de las telecomunicaciones, la infraestructura y la tecnología formalizaron la creación de la Cámara Argentina de Data Centers.
La entidad, que firmó el memorándum de entendimiento y su estatuto fundacional, busca actuar como "ventanilla única" ante las autoridades para resolver los cuellos de botella del transporte eléctrico, adecuar los marcos regulatorios de grandes consumos, remover trabas operativas y posicionar la infraestructura local en la competencia regional por la inteligencia artificial (IA).
La comisión de energía será la primera en ponerse en marcha de manera prioritaria dentro del esquema orgánico de la cámara.
La organización tramita en la actualidad su personería jurídica ante la Inspección General de Justicia (IGJ), estimando su obtención formal entre enero y febrero de 2027, momento a partir del cual iniciará el funcionamiento de forma plena sus cuatro comisiones especializadas: energía, relaciones institucionales, sustentabilidad y talento.
La integración
La conducción ejecutiva de la nueva entidad quedó asignada a SkyOnline en la presidencia, con Daniel Fiorda, director de operaciones (COO) de la firma, al frente. La vicepresidencia corresponde a Cirion, representada por Sergio Calviello; la secretaría a Personal / Telecom, conducida por Claudio Silva; la tesorería a G2K, con Mario Mongini; y la primera vocalía asignada a DatacenterDynamics, con Hugo Bertini.
La nómina de socios fundadores se completa con Claro, Kyndryl, NextStream y Sencinet, conformando un arco que combina operadoras de telecomunicaciones, proveedores de infraestructura crítica y plataformas de información especializada. La estructura contempla además etapas para sumar nuevos socios fundadores, adherentes y proveedores de equipamiento de la cadena de valor local.
El diagnóstico de los operadores señala que la Argentina cuenta con una infraestructura en servicio consolidada desde hace 25 años, con instalaciones de categoría world class, con una escala acotada en términos de potencia disponible. No obstante, actualmente en operación existe un margen ocioso de entre el 25% y el 30%
El parque nacional suma cerca de 40 MW de potencia instalada conjunta distribuida en 44 centros de datos, de los cuales solo 13 superan el megavatio de capacidad individual y suman cerca de 32 MW.
El 71% de esa capacidad se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 29% restante en la provincia de Buenos Aires, respondiendo a esquemas construidos en su mayoría hace más de dos décadas.
El contraste con la región expone el impacto de la falta de previsibilidad y del retraso en materia de infraestructura eléctrica. Mientras que diez años atrás la diferencia en potencia de procesamiento entre la Argentina y Chile era prácticamente inexistente, el mercado vecino alcanza hoy unos 280 MW instalados, multiplicando por siete la capacidad de la oferta local.
Al mismo tiempo, Brasil y México lideran las adiciones de los grandes proveedores de nube a gran escala o hyperscalers, en tanto Colombia y Paraguay estructuran estrategias y regulaciones para posicionarse en el mapa digital.
Centros de dato, demanda y capacidad
Para los centros de datos, la energía no representa únicamente un insumo de costo, sino la condición de continuidad operativa. Un centro de datos necesita suministro eléctrico ininterrumpido y sistemas de refrigeración de alta densidad para evitar la caída de los servidores y la pérdida de procesamiento en tiempo real.
La agenda técnica de la comisión de energía abordará de manera prioritaria las limitaciones de capacidad de transformación y transporte en diversos nodos del país. Los operadores buscan concertar esquemas de suministro previsible tanto para sostener los negocios actuales como para recibir los desarrollos por venir.
En ese marco, monitorean de cerca los efectos de la Resolución 264/2026 de la Secretaría de Energía, que reglamentó el régimen de Demandas Extratendenciales para grandes consumos, así como las normativas que imponen a los proyectos con requerimientos superiores a los 80 MW la obligación de asegurar su propia capacidad de generación y transporte eléctrico.
En el plano institucional y regulatorio, la industria identifica un descalce en los marcos de incentivo a las inversiones.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fija un piso de desembolso de US$ 200 millones, en tanto que un centro de datos estándar de 10 MW exige una inversión máxima cercana a los US$ 160 millones, quedando fuera de la norma.
El sector tampoco encuentra encaje en proyectos legislativos más ambiciosos como el denominado "Súper RIGI" para tecnología, que plantea pisos de US$ 1.000 millones, ni en herramientas para micro, pequeñas y medianas empresas como el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).
A esta distorsión se suma la naturaleza modular de los centros de datos, que se construyen y amplían por etapas de acuerdo con la demanda efectiva del mercado, lo que dificulta comprometer montos de inversión masivos en un único periodo inicial.
Por esta razón, la cámara buscará gestionar un marco regulatorio a medida, promover estándares nacionales para simplificar las tramitaciones municipales y provinciales evitando trabas locales, y abordar aspectos clave como la soberanía de datos.
El desarrollo de la actividad chocó históricamente contra la imprevisibilidad macroeconómica. En el pasado, diversas compañías globales y proveedores de nube evaluaron instalar infraestructura en el país, pero sus planes de negocio terminaron frustrándose o no alcanzaron la magnitud proyectada debido a la falta de estabilidad jurídica.
A ello se añaden las rigideces aduaneras que entorpecen la importación y exportación de equipamiento tecnológico crítico, obligando a los operadores a mantener un stock propio de repuestos para garantizar la operatividad.
Frente a este panorama, la cámara tomará como referencia iniciativas internacionales como la ley ReData de Brasil, que permite el ingreso sin aranceles de unidades de procesamiento gráfico (GPU), componentes centrales para la infraestructura de inteligencia artificial.
Por último, la agenda se completará con los pilares de sustentabilidad y talento. En materia ambiental, se trabajará sobre la percepción social y la huella hídrica asociada a los sistemas de enfriamiento por uso de agua y a la disipación del calor residual.
En capital humano, la entidad impulsará la adecuación de programas educativos y la creación de esquemas de pasantías, ante la escasez de técnicos capacitados en la criticidad y precisión que exige operar instalaciones de alta complejidad en electricidad, hidráulica y climatización.