Referentes de la industria eléctrica debatieron sobre inversiones y el rol del Estado en el nuevo esquema normativo

Bajo el título "Sector Eléctrico: desafíos hacia la normalidad", el Instituto de Energía de la Universidad Austral organizó un seminario virtual donde destacados expertos analizaron el rumbo que propone el nuevo marco legal tras la promulgación del Decreto 450/2024, reglamentario de la Ley Bases.

Los expositores Mariano Palacios, abogado especializado en derecho energético; Juan Manuel Carassale, abogado experto en regulación económica; y Carlos Skerk, ingeniero con amplia trayectoria internacional en mercados eléctrico,  coincidieron en que el regreso a un marco regulatorio estable, basado en las leyes 15.336 y 24.065, es fundamental para restaurar la sostenibilidad y previsibilidad del sistema.

Uno de los principales temas abordados fue la "prioridad de uso" en la red de transmisión. Este concepto busca resolver un problema creciente en el sistema: la congestión generada por las energías renovables, cuyo costo marginal es casi nulo, pero que compiten con usuarios que financiaron la infraestructura de transporte.

"La prioridad de uso es una forma de reconocer el derecho del que invirtió primero", explicó Carlos Skerk, al señalar que el nuevo marco busca equilibrar la equidad entre actores y la eficiencia en el uso de la capacidad existente.

El Decreto 450 también introduce el recupero de inversión para las ampliaciones de transporte, promoviendo la figura del transportista independiente como actor central para destrabar cuellos de botella y atraer capital privado.

Durante el debate, los especialistas destacaron el proceso de redefinición del rol del Estado y de CAMMESA, la compañía administradora del mercado. El objetivo es que el Estado recupere su lugar como regulador y garante del marco legal, dejando atrás el rol hiperactivo y omnipresente que asumió durante los años de emergencia.

“El Estado no puede seguir siendo generador, financiador, operador y juez al mismo tiempo”, remarcó Juan Manuel Carassale, quien también subrayó la importancia de restaurar la autosuficiencia económica y financiera del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) para garantizar el desarrollo a largo plazo.

Tarifas, subsidios y contratos: volver a la norma

En línea con el diagnóstico compartido por los panelistas, uno de los mayores desafíos es revertir la distorsión tarifaria generada por años de congelamientos y subsidios generalizados. “La tarifa debe reflejar los costos reales del sistema. Subsidiar sin criterios técnicos ni focalización nos llevó a un sistema quebrado y desincentivado”, indicó Palacios.

Otro cambio importante impulsado por el nuevo marco es la vuelta a la libre contractualización entre agentes del mercado. Desde 2013, salvo excepciones puntuales (como renovables), esta posibilidad estaba suspendida. La reactivación del mercado a término busca aumentar la competencia, la eficiencia y la inversión.

Jurisdicción federal y armonización con las provincias

Los expertos también remarcaron la necesidad de reordenar las competencias entre Nación y provincias, especialmente en lo referente a las distribuidoras. El nuevo decreto establece que el comercio interjurisdiccional de energía es de jurisdicción federal, y considera como interferencia ilegal cualquier norma local que impida el pago de las deudas del mercado o el traslado de costos reales a tarifas.

“Es fundamental que las provincias se alineen con las reglas nacionales para que el sistema funcione. Sin coherencia regulatoria no hay inversión posible”, señaló Skerk.

En línea con las transformaciones tecnológicas y de consumo, el nuevo marco incorpora figuras como almacenistas, usuarios generadores (incluidos quienes instalan generación distribuida) y usuarios libres, permitiendo una mayor libertad de elección del proveedor energético.

Este cambio busca democratizar el acceso a la energía y promover un modelo más descentralizado y competitivo, en el que el usuario final pueda elegir en función del precio y la calidad del servicio, como lo establece el Artículo 42 de la Constitución Nacional.