El nuevo proceso de privatización
Neuquén y Río Negro logran un acuerdo con Nación por las represas del Comahue
En un comunicado conjunto, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck anunciaron que, tras meses de negociación, se incorporaron en la licitación de las hidroeléctricas del Comahue condiciones reclamadas durante más de tres décadas.
Neuquén y Río Negro sellaron con el Gobierno Nacional un acuerdo clave en el proceso de licitación de la operación de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, incorporando beneficios que ambas provincias “reclamaban desde hace más de 30 años”.
“Tras meses de trabajo conjunto, diálogo político y defensa constante de nuestros derechos, Río Negro y Neuquén plasmamos un acuerdo con el Gobierno Nacional para la licitación de la operación de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Logramos que por fin se incorporen condiciones reclamadas por nuestras provincias desde hace más de 30 años. El agua es propiedad de los rionegrinos y neuquinos”, consignaron los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) en el comunicado conjunto.
El pronunciamiento llega luego de las sucesivas prórrogas por la reprivatización de las concesiones de las represas del Comahue, puntal del avastecimiento eléctrico de Argentina.
Los mandatarios calificaron el resultado de las negociaciones como “un triunfo de la unidad norpatagónica, un paso decisivo en la defensa de nuestros recursos: nuestros ríos, la energía que producimos y el esfuerzo de nuestra gente. El nuevo marco concesional no solo corrige vacíos históricos, sino que fortalece el rol de las provincias como actores centrales en la gestión de los recursos estratégicos que generamos para el país”.
Los principales aspectos destacados por Neuquén y Río Negro en el nuevo esquema de concesiones son los siguientes:
Precio de la energía en dólares: el valor de la energía vendida a Cammesa se establece en dólares estadounidenses, otorgando mayor previsibilidad a los ingresos provinciales y mejor estabilidad para proyectar inversiones y facilitar financiamientos.
Porcentaje creciente de energía de libre disponibilidad: los nuevos contratos prevén que las concesionarias dispongan de una proporción cada vez mayor de energía para su comercialización en el mercado, lo que incrementará año a año, de forma directa, los ingresos por regalías hidroeléctricas y cánones que perciben las provincias.
Regalías sobre el total de ingresos: las regalías se calcularán tomando en cuenta la totalidad de los ingresos de las concesionarias, eliminando las ambigüedades que presentaba el esquema actual e incorporando conceptos de cobro que antes se excluían. Es decir, se incluyen el reconocimiento de la totalidad de los conceptos de ingresos en las liquidaciones (a.- potencia disponibilidad real, b.- potencia base en horas de requerimiento, c.- energía operada y d.- regulación de frecuencia que antes solo se abonaban a los concesionarios).
Cobro de regalías en especie: las provincias podrán optar por percibir la totalidad de sus regalías en energía eléctrica de forma física, con la posibilidad de destinarla al consumo dentro de la provincia o revenderla en el mercado o promocionar actividades productivas.
Reconocimiento de la obligación de los concesionarios de obtener información hidrometeorológica de las cuencas y contribuir al financiamiento de la misma.
Canon por uso de agua: el mayor éxito logrado es que se incorpora un canon a favor de Río Negro y Neuquén por el uso del recurso hídrico, inexistente en las condiciones actuales, que representará un nuevo e importante ingreso para ambas provincias y su reconocimiento.
Fondos para obras de protección: un porcentaje de los ingresos que perciba la Nación por la licitación se destinará a obras definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) con la intervención y definición de las provincias.
Obras de seguridad hídrica: se fija un plazo de hasta 24 meses para realizar los estudios técnicos completos que definan las obras necesarias para garantizar la seguridad de las represas ante la máxima crecida probable, asegurando así el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hace 16 años (2009)".
Los dos gobernadores destacaron el trabajo en conjunto, y que esa tarea se haya traducido en transformar "reclamos en hechos y beneficios concretos. La energía que generan nuestros ríos seguirá siendo motor de producción, empleo y desarrollo para nuestra gente".
