Fallo judicial del segundo distrito de Nueva York
Ordenan a la Argentina entregar el 51% de YPF por la estatización del 2012
La jueza Loretta Preska dispuso que el Estado argentino transfiera su participación mayoritaria en la petrolera a los beneficiarios del juicio por la expropiación, en un fallo que aún puede ser apelado.
Un nuevo capítulo se abrió este lunes en la extensa disputa judicial por la estatización de YPF: la jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, ordenó a la República Argentina transferir el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los beneficiarios del juicio, como parte de cumplimiento de la sentencia dictada en 2023.
Se trata de la participación accionaria que el país controla desde abril de 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner avanzó en la estatización de la compañía.
El fallo se encuadra en el expediente por el que Argentina ya fue condenada a pagar más de USD 16.000 millones por haber reestatización la empresa sin cumplir con los procedimientos establecidos en el estatuto de YPF, afectando así a inversores privados.
El principal beneficiario de la decisión es el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio de accionistas afectados y desde entonces ha liderado la ofensiva judicial contra el Estado argentino.
La resolución fue difundida este lunes y exige que Argentina deposite sus acciones clase D de YPF en una cuenta de custodia del Bank of New York Mellon (BNYM) en un plazo de 14 días. Posteriormente, el banco deberá transferir la titularidad de esas acciones a los demandantes o a quienes estos designen, dentro de un día hábil.
El texto del fallo recuerda que Argentina ha tomado las decisiones claves de la compañía desde 2012, ejerciendo su mayoría accionaria para designar el directorio y aprobar medidas estratégicas. Esto refuerza el argumento de los demandantes, que reclaman una reparación efectiva ante lo que consideran una apropiación indebida que violó los derechos de los inversores originales.
En abril de 2024, Burford ya había solicitado embargos y presionado públicamente para avanzar con la ejecución. La orden firmada ahora por Preska es vista como el resultado de esa estrategia: intensificar el conflicto legal para forzar un acuerdo o, directamente, apropiarse de los activos reclamados.
La decisión judicial deja al Gobierno argentino ante un dilema complejo: apelar y buscar la suspensión de la medida, o abrir una negociación con los demandantes para evitar la pérdida efectiva del control de YPF. La petrolera, que cotiza en Nueva York y Buenos Aires, se considera estratégica para el desarrollo energético del país, especialmente por su papel en el desarrollo de Vaca Muerta.
