Los datos por los cuales el Gobierno quiere dar de baja el régimen de zona fría

El Gobierno nacional iniciará la próxima semana, mediante convocatoria a audiencia pública, el camino hacia la redeterminación de la estructura de subsidios a los servicios de luz y gas, y asegurar el acceso al consumo básico y esencial. Esa tarea incluye la revisión de beneficios largamente arraigados como el Régimen de Zona Fría, junto a otros programas sociales energéticos que podrían quedar eliminados con la composición de una Canasta Básica Energética o CBE.

La Ley 25.565 de 2002, a través de su artículo 75, creó el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas de Zonas Frías, el cual permite solventar cuadros tarifarios diferenciales para los servicios de gas por redes, gas propano indiluido por redes y la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo a granel de las regiones Patagónica, Puna y Malargüe.

Un dato que ayuda al análisis es que el régimen se autofinancia con un recargo sobre el precio del Gas Natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por lo que no requiere aportes del Tesoro Nacional.

La continuidad del régimen ya había sido motivo de debate en el Congreso nacional durante el frustrado tratamiento de la denominada Ley Ómnibus, donde el diputado nacional neuquino Osvaldo Llancafilo reclamó la “continuidad de la zona fría en la Patagonia”.

De avanzar la medida, argumentó el legislador neuquino, no sólo se dejaría de atender los derechos de las provincias productoras del recurso desde las cuales se abastece al resto del país, sino que significará “un fuerte golpe a la economía de los hogares patagónicos”, cuyo impacto se sentirá en breve cuando el Gobierno implemente la suba de tarifas y la eliminación de subsidios.

La Ley 27.637 del 2021 dispuso la prórroga del régimen hasta el 31 de diciembre de 2031 y amplió el beneficio de la zona fría a un total de 231 departamentos y 4,3 millones de usuarios sobre un padrón de 9,4 millones, es decir un 46% del total nacional, uno de los mayores cuestionamientos que realiza la Secretaría de Energía.

El régimem aplica una tarifa diferencial que implica la reducción de hasta un 50% sobre el precio del gas por redes en las zonas con las temperaturas más bajas del país, y en una reducción de los componentes fijos y variables de la factura del servicio de gas por redes para usuarios en situación de vulnerabilidad socioeconómica como beneficiarios de planes sociales, jubilados, monotributistas sociales, electrodependientes, entre otros, localizados en 10 provincias del centro sur del país.

A través de la antigua ley, los beneficiarios con reducción tarifaria del 50% alcanza un total de 939.546 usuarios, distribudos en las provincias de Rio Negro (233.164); Neuquén (204.514); Chubut (176.928); La Pampa (136.770); Santa Cruz (112.823); Tierra del Fuego (52.141); Buenos Aires (11.980); Mendoza (7.453); Jujuy (2.735) y Salta (1038).

En tanto, en la ampliación reciente del alcance del régimen los nuevos beneficiarios Zona Fría con reducción tarifaria del 30% alcanzan a 1.718.034 usuarios, y con reducción tarifaria del 50% se suman otros 1.647.196 beneficiarios.

En la previa de la Audiencia Pública de próximo lunes 29, también se cuestiona que el subsidio original instrumentado sobre la oferta se aplica a ese enorme universo de usuarios sin distinguir poder adquisitivo, en tanto que las zonas agregadas en la ampliación de 2021 hay zonas calificadas como templadas-cálidas, y llega a representar dos tercios de la superficie de país.

Además, se plantea que en cuanto a los criterios de inclusión del Régimen de Zona Fría como así también de la Tarifa Social, resultan beneficiarios -por ejemplo- el titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) o al titular de una Pensión como Veterano de Guerra, situaciones que no denotan por sí solas la necesidad de ayuda económica, sino que corresponden a un indicador que podría tenerse presente dentro de la situación de un hogar.

También se argumenta que se ha observado un error en la metodología de ingreso al Registro Único Especial de Zona Fría, que incorpora de manera automática todas aquellas cuentas cuyas CUIT/CUIL del titular que cumplen con los criterios determinados de la Ley 27.637. De esta forma, se asignan subsidios a puntos de suministro para los que no se ha solicitado específicamente su incorporación.

En la próxima audiencia pública, el Gobierno presentará el nuevo esquema de subsidios que busca implementar, que incluye criterios de ingresos por grupo familiar y bienes, y de una Canasta Básica Energética (CBE) de consumo y zona bioclimática.

De acuerdo a lo que anticipa la Secretaría de Energía, la asignación de subsidios se efectuará considerando al hogar como la unidad en la que reside una o un grupo de personas que comparten gastos, por lo cual se tomará en cuenta la suma de los ingresos y bienes de los cohabitantes.

Se realizará un cruce sobre jubilaciones y pensiones, pensiones no contributivas, electrodependientes, programas sociales, empleo independiente, empleo dependiente, inmuebles, embarcaciones, automotores, motos, y aeronaves.

De esta manera, se aplicará un criterio de exclusión del beneficio del subsidio si alguno de los integrantes del hogar cumple al menos una de las condiciones patrimoniales de posesión de 1 aeronave, 1 embarcación, al menos 2 propiedades inmuebles y si la antigüedad del automotor es menor a 5 años.

En segunda instancia, dentro del conjunto de hogares que no hayan sido excluidos por el primer filtro de selección, el acceso al otorgamiento del subsidio se definirá al comparar los ingresos declarados por los miembros de un mismo hogar. Para ello se valorarán los registros administrativos integrados en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), con el monto total del segundo criterio de selección, que es la Canasta Básica Energética.

Esta CBE considera la cantidad de miembros del hogar en tres categorías: de una o dos personas, de tres o cuatro personas o de cinco o más personas.

También se analiza la biozona de residencia para lo cual se clasificarán seis niveles, desde muy cálido hasta muy frío, además de considerarse la media del mes actual a subsidiar para cada biozona específica, y la utilización de servicios como electricidad, gas natural y/o gas licuado de petróleo.