Hacia dónde conduce el giro del Gobierno en Transición Energética

El mundo se enfrenta al desafío de la transición energética como principal herramienta para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y detener al 2050 el cambio climático y el calentamiento global que ya están haciendo sentir sus efectos. Y la Argentina comprometió en distintas oportunidades asumir su cuota de responsabilidad, lo que incluye no superar las emisiones netas de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) para 2030.

La actual gestión de gobierno rápidamente se encargó de asegurar que sus políticas acompañarán todos los compromisos asumidos por el país, con el Acuerdo de París y la COP 28, en procura de descartar cualquier temor sobre la claridad que se tiene sobre el tema. En esa línea empiezan a darse las primeras definiciones sobre cómo se buscará el cumplimiento de las metas y se promoverá la reducción de las emisiones de los GEI, su minimización y el uso de todo el financiamiento internacional existente para atacar, mitigar y adaptar al cambio climático.

Pero el giro estratégico que llevará adelante la Secretaría de Energía y la recientemente creada Subsecretaría de Transición Energética, implicará que los compromisos internacionales asumidos sean a nivel país, no a nivel Estado, y eso significará que la demanda que contamina será la responsable de buscar las soluciones para cumplir los compromisos de reducir los GEI. Para abordarlo, el Gobierno trabaja en la creación de un mercado de derecho de emisiones com ya existe en los Estados Unidos y en distintos países de Europa, en un nuevo esquema legal que se desprende del capítulo energético de la Ley Ómnibus que se discute en el Congreso.

Allí, se busca que el Poder Ejecutivo tenga la potestad de asignar derechos de emisión de GEI a cada sector y subsector de la economía compatibles con el cumplimiento de las metas de emisiones para el 2030 y sucesivas. Para esto se avanzará en actualizar los estudios existentes sobre qué sectores contaminan y en qué porcentaje para después indagar en cada uno y en cada empresa, cuánto es lo que contaminan. Si sobrepasan el umbral a determinar, los privados podrán adquirir los derechos de emisión en el nuevo mercado para compensar sus emisiones o actuar positivamente mediante las herramientas que permite la ley para acompañar la transición energética.

Es que según el nuevo esquema legal, se establecerían límites de derechos de emisión de GEI, compatibles con el objetivo comprometido, de cumplimiento anual y obligatorio para todos los sujetos del sector público y privado, de forma tal que quienes contaminan sean responsables, en la medida que les corresponda, de cumplir con las metas de emisiones comprometidas por el país.

El Gobierno coincide como muchos actores privados en que -más temprano que tarde- muchos mercados externos que hoy son compradores de la que produce el país va a pedir la trazabilidad de esos productos para autorizar esas importaciones, es decir, van a demandar conocer y certificar el nivel de emisiones empleado en el proceso productivo. Esta barrera de sustentabilidad será el incentivo para que las compañías exportadoras anticipen sus medidas de transición mientras que las que tienen como objeto el mercado interno deberán atender los requisitos de las normativas locales, pero siempre teniendo en cuenta el concepto de que no será una obligación del Estado cumplir con las metas, sino de la demanda, para lo cual el Gobierno sólo debe acompañar.

Y en este sentido, la actual gestión energética a cargo del secretario Eduardo Rodríguez Chirillo considera que en los últimos años “no se ha logrado casi nada” en materia de cumplimiento de las metas asumidas por el país, como tampoco se alcanzaron los objetivos de los porcentajes contemplados en la Ley de Promoción de las Energías Renovables. Precisamente, en 2023, la cobertura de la demanda eléctrica abastecida por fuentes renovables alcanzó un promedio del 14% mensual, por detrás del 18% de participación establecido en la ley, pero las condiciones actuales indican que de continuar esa tendencia, tampoco se cumpliría la meta del 20% indicada para el 31 de diciembre de 2025.

Esa necesidad de acelerar las medidas de la transición se reflejó en la reciente COP 28 realizado en Dubai, donde los Estados participantes cerraron un trabajoso acuerdo que aboga, por primera vez, desandar el camino que deje atrás los combustibles fósiles y reemplazarlos por las energías renovables, algo hasta ahora inédito en un acuerdo climático de la ONU. Esa transición al 2050 se remarca debe darse de manera justa, ordenada y equitativa, con los países desarrollados a la cabeza, y a la par del objetivo de triplicar la capacidad de las energías renovables para 2030.

Como parte de la integración de la agenda climática y la regulación energética, el Gobierno también avanzará en la unificación del Ente Nacional Regulador del Gas y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, para un planteamiento global de políticas que ayuden de dar más seguridad a las inversiones y a los procesos de transición.