Por qué Argentina quiere dejar atrás la novela del gas boliviano  

En octubre de 2006 los gobiernos de Argentina y Bolivia firmaron un acuerdo de venta de gas natural desde el país del norte que contemplaba desde un volumen base de 7,7 millones de m3 diario (MMm3/d) un sendero de exportaciones incrementales hasta alcanzar en 2010 los 27 MMm3/d.

Pero ese mismo año, debido a los inconvenientes de producción de los yacimientos bolivianos y para evitar que el vecino país incurriera en penalidades por incumplimiento se dio lugar a lo que sería una sucesión de siete adendas que desvirtuarían el entendimiento original y abrió la incertidumbre sobre el nivel de abastecimiento de la demanda argentina de cada año.

Para este 2023, las estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) y Energía Argentina S.A. definieron el contrato de suministro de gas natural boliviano para el año en curso, con un suministro diario de apenas 4 MMm3/d en los meses del verano y hasta 8 MMm3/día en los del invierno.

Es decir, más de 40% de las exportaciones alcanzadas en los meses de mayor demanda cuando llegaron hasta 14 MMm3/día promedio. Para este nuevo acuerdo, el precio que trascendió para el actual verano ronda los US$ 9 dólares el Millón de BTU, y se ajustará hasta casi los US$ 20 en el invierno (mayo-septiembre) para los envíos incrementales, en base a una fórmula contractual atada a la variación del mercado internacional.

En 2021, la Argentina llegó a pagar en promedio US$ 6 el millón de BTU por el gas importado desde Bolivia y, para el invierno de 2022, previo a la irrupción de la guerra en Ucrania se estimaba un costo de U$S 7,5, lo que quedó desvirtuado con la volatilidad de los precios internacionales de los energéticos, entre ellos el del GNL que superó los US$ 45.

En 2022, Bolivia exportó según estimaciones oficiales por US$ 3.400 millones en gas natural a Argentina y Brasil, de las cuales los envíos al país alcanzaron un valor de US$ 1.692 millones con un promedio de 10,8  MMm3/día.

En el largo contexto de los últimos años del declino en la producción de gas de los yacimientos bolivianos, el gobierno del presidente Luis Arce anunció inversiones para la exploración en procura de identificar disponibilidad de nuevos pozos de gas para abastecer la demanda creciente de su propio mercado interno y los de exportación, cuyos ingresos resultan claves para esa economía.

Así, para este año, YPFB y las firmas privadas que operan en Bolivia invertirán casi US$ 700 millones para revertir la tendencia a la baja en la producción que se evidencia desde 2013.

Precisamente, la inestabilidad de Bolivia como proveedor de gas a la región responde a ese declino de producción que comenzó hace una década cuando pasó de producir 63 MMm3/d a los 40 MMm3/d del año pasado y a los 38 MMm3/d que se estiman para el presente, dejando en el camino los compromisos asumidos tanto con la Argentina como con Brasil.

Esta situación abrió lugar a la posibilidad de suministrar gas natural desde Vaca Muerta para buscar el autoabastecimiento del mercado nacional y explorar los mejores caminos para llegar a los cordones industriales brasileños.

Hoy, la apuesta del Gobierno argentino se focaliza en el corto plazo en la culminación para el 20 de junio de las obras del primer tramo del troncal Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, un ducto de 573 kilómetros que permitirá incrementar la evacuación del shale gas de Vaca Muerta hasta los 22 MMm3/d adicionales y reducir de esta manera la dependencia de las importaciones.

De esta manera, Argentina podría prescindir en el corto plazo del gas de Bolivia para el verano, reducir al mínimo sólo para los días de pico de demanda en el invierno y pensar para el mediano plazo en el abastecimiento del norte del país con el no convencional ya sea por el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) a través del litoral, como por la reversión del Gasoducto del Norte.

En este último proyecto, el Gobierno nacional acaba de autorizar a la operadora TGN a realizar las primeras tareas para la reversión del sistema. La ejecución de estas obras, permitirán, además, reducir el consumo de combustibles líquidos, potenciar a la industria minera y al mismo tiempo la posibilidad de exportar al norte de Chile y a Brasil vía Bolivia.