El cuello de botella de la red eléctrica acelera un plan por US$ 6.600 millones

La falta de capacidad del sistema de transporte eléctrico se consolidó como uno de los principales desafíos para el desarrollo energético argentino. Con ese diagnóstico, funcionarios nacionales y referentes del sector privado analizaron el plan oficial para ampliar la red de alta tensión, una iniciativa que demandará inversiones superiores a los US$ 6.600 millones y que apunta a destrabar proyectos de generación actualmente condicionados por las restricciones de infraestructura.

El debate tuvo lugar durante una jornada organizada por la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) junto al Estudio O'Farrell, donde autoridades de la Secretaría de Energía presentaron los lineamientos del programa de ampliación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

El proyecto contempla la construcción de 5.610 kilómetros de nuevas líneas de transmisión en 500 kV, distribuidas en 16 obras consideradas prioritarias para fortalecer la red nacional. Según explicó el Gobierno, las iniciativas se ejecutarán bajo un esquema de concesión de obra pública mediante licitaciones nacionales e internacionales con participación del sector privado.

Durante la presentación, los funcionarios advirtieron que la infraestructura de transporte opera con elevados niveles de saturación, una situación que ya limita la incorporación de nuevos proyectos de generación, especialmente de energías renovables. Además, señalaron que las restricciones de la red incrementan los costos operativos, reducen la eficiencia del sistema y afectan la confiabilidad del abastecimiento eléctrico.

En ese contexto, la ampliación del SADI aparece como una condición indispensable para acompañar el crecimiento de la demanda y aprovechar el potencial de nuevas inversiones energéticas, tanto en generación convencional como renovable.

El encuentro también sirvió para debatir las condiciones necesarias para movilizar el financiamiento de las obras. Especialistas en regulación e infraestructura analizaron la implementación del nuevo régimen de ampliaciones establecido por la Resolución 715/2025 y coincidieron en la necesidad de ofrecer un marco regulatorio estable que otorgue previsibilidad a los inversores.

Entre los instrumentos mencionados para facilitar el desarrollo de los proyectos figuraron el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el financiamiento de organismos multilaterales, la participación de CAMMESA y el aporte que pueden realizar tecnologías como el almacenamiento de energía y la generación distribuida para aliviar la presión sobre la red.

En el panel de cierre, representantes de empresas transportistas, distribuidoras y desarrolladoras de energías renovables coincidieron en que la expansión del sistema eléctrico será determinante para sostener el crecimiento del sector durante la próxima década.

También destacaron que una mayor capacidad de transporte permitirá integrar recursos estratégicos ubicados en regiones como la Patagonia y el NOA, donde existe un importante potencial eólico y solar que hoy enfrenta limitaciones para acceder al sistema.

El consenso que dejó la jornada fue claro: sin una expansión significativa de la red de alta tensión, buena parte de las inversiones previstas para el sector energético seguirá condicionada por la falta de infraestructura.

El plan oficial busca revertir esa situación mediante un esquema que apuesta a combinar inversión privada, nuevas reglas regulatorias y planificación de largo plazo para modernizar el sistema eléctrico argentino.