Reforma eléctrica: la Secretaría de Energía desactiva el modelo estatal de subsidios

En un giro trascendental para la política energética argentina, el Gobierno nacional oficializó este lunes la Resolución 400/2025, que marca el inicio de una etapa de “normalización” del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

El nuevo esquema entrará en vigor el 1° de noviembre y tiene como objetivos centrales eliminar los subsidios generalizados, restituir precios reales y devolver al sistema eléctrico señales de mercado que estaban ausentes desde la crisis de 2001.

La decisión implica desmantelar el modelo de fuerte intervención estatal que rigió durante más de dos décadas, y al mismo tiempo, redefinir el rol de CAMMESA, que dejará de concentrar las compras de combustible y de ser el único contratante de generación eléctrica.

A partir de ahora, cada generador térmico deberá abastecerse por su cuenta y los contratos pasarán a negociarse libremente entre las partes, en un mercado más abierto y competitivo.

Según el texto oficial, la intervención prolongada provocó severas distorsiones en los precios, desincentivó las inversiones y generó una fuerte dependencia del gasto público para sostener el abastecimiento. Frente a ese escenario, la Secretaría de Energía plantea un regreso a los principios originales del MEM, con precios marginales, libertad de contratación y un marco regulatorio más previsible.

Entre las novedades más relevantes, la resolución crea dos segmentos dentro de la oferta de generación: por un lado, la Generación Asignada, que incluye las centrales con contratos vigentes (como las hidroeléctricas binacionales, las nucleares y los contratos renovables del programa RenovAr); y por otro, la Generación al Spot, que competirá libremente en el mercado mayorista bajo reglas nuevas de remuneración.

Gradualismo tarifario

Uno de los cambios más significativos es el fin del precio subsidiado de la electricidad. A partir de noviembre, los precios de energía y potencia serán determinados por los costos marginales de producción, y ya no por valores administrados por el Estado. Esto supone un sinceramiento que impactará, en forma progresiva, en las tarifas finales que pagan los usuarios.

De acuerdo con estimaciones privadas, más del 60% del costo total de la energía estaba siendo cubierto por subsidios. El nuevo esquema plantea un traslado gradual de ese costo a los usuarios, lo que requerirá un ajuste tarifario cuidadosamente calibrado para evitar impactos sociales bruscos.

“Es un paso inevitable si se busca atraer inversiones y dar señales de largo plazo”, señalan desde el sector. Sin embargo, advierten que el éxito del plan dependerá de una transición ordenada, con mecanismos de protección para los sectores más vulnerables.

CAMMESA: de actor central a árbitro técnico

Uno de los ejes de la reforma es la transformación de CAMMESA, que dejará de ser el comprador central de energía y combustible, para volver a cumplir funciones exclusivamente técnicas: el despacho de cargas, la liquidación de transacciones económicas y la provisión de energía como último recurso.

Este rediseño implica un regreso al modelo previsto originalmente en la reforma del sector de 1992, aunque actualizado con nuevos instrumentos financieros y condiciones contractuales.

“El objetivo es recuperar la autosuficiencia económica del sistema y liberar al Estado de cargas que hoy no puede sostener”, explicó una fuente cercana al equipo económico.

La Secretaría de Energía estima que el proceso de normalización del mercado llevará hasta 24 meses, con una implementación gradual que incluirá revisiones tarifarias, segmentación social y monitoreo permanente del equilibrio entre oferta y demanda.

Sin embargo, los desafíos son múltiples: garantizar que no haya un salto tarifario incontrolable, mantener la estabilidad del tipo de cambio, asegurar el acceso a divisas para las generadoras y sostener el cumplimiento de contratos en un contexto macroeconómico todavía frágil.