Inversiones
El RIGI roza los US$ 200.000 millones, con Neuquén como polo clave incentivo inversor
Al 1 de septiembre se contabilizaban 22 iniciativas aprobadas y 22 en trámite. Los proyectos en análisis suman US$ 151.936 millones, con un fuertísimo peso del petróleo y el gas en Neuquén. Un informe de Paspartú advierte sobre la falta de datos públicos y plantea dudas regulatorias para exportar gas por gasoductos.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) reunía, al 1 de septiembre de 2026, proyectos aprobados y en evaluación por un monto global informado de US$ 199.010 millones. Sin embargo, más de tres cuartas partes de esa cifra corresponden a iniciativas que todavía no habían sido aprobadas.
De acuerdo con un relevamiento realizado por la consultora Paspartú, su director Juan José Carbajales se refirió sobre el estado del régimen donde había 22 proyectos aprobados, uno rechazado y otros 22 en evaluación.
Estos últimos sumaban anuncios de inversión por US$ 151.936 millones. El documento aclara que la información oficial disponible no permite conocer el detalle de todos los proyectos: uno, vinculado al sector tecnológico, no tenía datos publicados.
El petróleo y el gas explican el 80% de la inversión anunciada para las iniciativas en trámite, mientras que la minería representa el 18%.
Neuquén concentra US$ 89.500 millones, el 58,9% del monto informado para ese grupo. Entre los proyectos de mayor escala figuran Argentina LNG, de YPF, con una inversión anunciada de US$ 51.000 millones, y LLL Oil, también de la petrolera estatal, por US$ 25.000 millones.
En los proyectos ya aprobados, en cambio, la minería reúne el 62,7% de la inversión mínima en activos computables, con US$ 18.109 millones. Petróleo y gas aportan el 33,7%, equivalente a US$ 9.750 millones, según la clasificación del informe.
Montos aprobados y compromisos
El relevamiento que hace Carbajales calcula que los proyectos aprobados prevén una inversión total de US$ 47.074 millones. De ese monto, US$ 28.888 millones corresponden a inversión mínima en activos computables, sujeta a penalidades en caso de incumplimiento. Los US$ 18.186 millones restantes -el 39% del total- son considerados por el documento como inversión libre de penalidad.
El informe también registra US$ 11.808 millones de inversión inicial para los primeros dos años. La diferencia entre la inversión mínima y la total proyectada, advierte, obliga a distinguir entre los montos sujetos a compromisos y aquellos cuya ejecución no estaría asegurada por las mismas condiciones.
El reclamo por la información pública
Uno de los principales cuestionamientos del documento apunta a la información disponible sobre los proyectos. Aunque el Ministerio de Economía comenzó a publicar datos sobre las iniciativas aprobadas y en evaluación, el relevamiento sostiene que todavía no se difunden detalles requeridos en los planes de inversión, como el cronograma de obras, las fuentes de financiamiento, la integración local del empleo y las proyecciones de producción y exportaciones.
La falta de información sería mayor en los proyectos que aún están en evaluación. Según el análisis, de esas solicitudes se publican datos generales -cantidad, sector y monto total-, pero no un detalle equivalente al disponible para las iniciativas aprobadas.
El documento plantea, además, un interrogante regulatorio para los proyectos de producción de gas vinculados a exportaciones por gasoducto. A diferencia de las exportaciones de gas natural licuado, sostiene que las ventas por ducto atraviesan un "limbo jurídico" tras la derogación de normas anteriores y ante la falta de una regulación que las reemplace. En ese escenario, advierte, podrían existir condiciones para redireccionar al mercado interno volúmenes previstos para exportación.
Como respuesta, propone que la Secretaría de Energía dicte una resolución que precise las reglas de autorización, los criterios para eventuales redireccionamientos y las condiciones de firmeza de las exportaciones. La discusión cobra relevancia para los proyectos de producción e infraestructura que buscan conectar el gas de Vaca Muerta con los mercados regionales.
El relevamiento presenta así un régimen con una cartera de gran magnitud potencial, pero con una diferencia significativa entre los anuncios en evaluación y las inversiones aprobadas.
La disponibilidad de información más detallada y la previsibilidad regulatoria aparecen, según el documento, entre los puntos centrales para medir cuánto de ese volumen podrá convertirse efectivamente en obras e inversiones.
