Nación simplifica las exportaciones de hidrocarburos para acelerar inversiones en el shale

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de desregulación del sector energético al simplificar el régimen de exportaciones de petróleo y gas, una medida que apunta a facilitar las ventas al exterior y generar un marco más estable para las inversiones que impulsan el crecimiento de Vaca Muerta.

Mediante la Resolución 166/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía derogó el Decreto 645/2002 y dejó sin efecto las resoluciones 241/2017 y 175/2023, normas que durante más de veinte años definieron los procedimientos administrativos para solicitar autorizaciones de exportación de hidrocarburos.

La decisión se apoya en las modificaciones introducidas por la Ley Bases a la Ley de Hidrocarburos, que redefinió el régimen de comercialización con el objetivo de reducir la intervención del Estado, otorgar mayor seguridad jurídica y generar reglas más previsibles para las inversiones de largo plazo.

Aunque la resolución no elimina las autorizaciones para exportar ni modifica los permisos ya otorgados, sí reemplaza un esquema regulatorio diseñado para un contexto de escasez energética por otro adaptado a una industria que hoy produce excedentes y busca ampliar su presencia en los mercados internacionales.

El cambio tiene un impacto directo sobre Vaca Muerta. El crecimiento de la producción de petróleo y gas no convencional obliga a ampliar la capacidad exportadora del país, ya que el mercado interno no alcanza para absorber el volumen que proyectan las compañías en los próximos años.

En ese escenario, la estabilidad regulatoria se volvió un elemento central para la toma de decisiones de inversión. Los principales proyectos en marcha, como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), las ampliaciones de los sistemas de transporte de crudo y los desarrollos de gas natural licuado (GNL), fueron concebidos con una lógica exportadora y requieren reglas claras para garantizar el acceso a los mercados internacionales.

Desde el Gobierno sostienen que el régimen derogado había quedado desactualizado. Fue creado en 2002, cuando Argentina atravesaba un déficit de producción y el principal objetivo era asegurar el abastecimiento del mercado interno mediante un fuerte control sobre las exportaciones.

La Secretaría de Energía explicó que la simplificación normativa permitirá reducir superposiciones administrativas y concentrar las reglas en el nuevo marco legal, eliminando procedimientos que ya no se corresponden con la realidad del sector.

La medida también forma parte de una estrategia más amplia de liberalización de la actividad hidrocarburífera. En los últimos meses, el Gobierno impulsó la reforma de la Ley de Hidrocarburos, puso en marcha el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y avanzó en la eliminación de regulaciones consideradas incompatibles con un modelo orientado a atraer capital privado y potenciar las exportaciones energéticas.

Para la industria, el cambio representa una señal de continuidad en el proceso de apertura del mercado. Si bien no modifica las condiciones económicas de los proyectos, reduce la incertidumbre regulatoria sobre uno de los aspectos más relevantes para las empresas: la posibilidad de exportar la producción de petróleo y gas bajo un esquema con menor carga administrativa y reglas más estables.

La resolución aclara que las autorizaciones de exportación ya vigentes conservarán plena validez, al igual que los trámites iniciados antes de la entrada en vigor de la nueva normativa.

El nuevo régimen regirá únicamente para las futuras operaciones, consolidando un marco regulatorio alineado con el desafío que enfrenta Vaca Muerta: transformar el crecimiento de la producción en un aumento sostenido de las exportaciones y de las inversiones asociadas a la infraestructura energética.