Nafta y gasoil: el Gobierno define si prorroga otra vez el impuesto para contener los precios

La Secretaría de Energía analiza por estas horas una nueva prórroga de la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una medida que el Gobierno viene utilizando desde 2024 para moderar el impacto de las subas de la nafta y el gasoil sobre la inflación.

La definición deberá conocerse antes del 1° de julio, fecha en la que vence el último diferimiento dispuesto por el Poder Ejecutivo. Si no se dicta una nueva prórroga, comenzarán a regir los incrementos impositivos pendientes correspondientes a 2024, 2025 y al primer trimestre de 2026, con potencial impacto en los precios al consumidor.

El último aplazamiento fue establecido mediante el Decreto 405/2026, publicado a comienzos de junio, que postergó la actualización de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. La medida respondió a la estrategia oficial de administrar los precios regulados para evitar un traslado directo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La decisión adquiere especial relevancia porque el precio de los combustibles influye sobre los costos de transporte, logística, producción agropecuaria y movilidad. Cualquier modificación tributaria suele reflejarse rápidamente en los surtidores y luego trasladarse al resto de la economía.

En los fundamentos del último decreto, el Gobierno sostuvo que el diferimiento buscó preservar un sendero de crecimiento económico compatible con el equilibrio fiscal, evitando al mismo tiempo un aumento inmediato en los precios finales.

La discusión sobre los impuestos coincide con otro factor que mantiene en alerta al mercado: el vencimiento, este 30 de junio, del mecanismo de amortiguación de precios implementado por YPF y luego replicado por el resto de las petroleras.

Ese esquema fue diseñado para contener el impacto de la fuerte volatilidad del petróleo internacional durante el conflicto en Medio Oriente y permitió mantener relativamente estables los valores en los surtidores pese a las fuertes oscilaciones del barril Brent.

Con la distensión geopolítica y la baja del crudo internacional, que retrocedió hasta niveles cercanos a los 73 dólares por barril, el mercado comienza a evaluar un escenario diferente. Sin embargo, desde la industria advierten que una eventual reducción en los precios no sería inmediata.

Las refinadoras sostienen que aún deben recomponer parte de los márgenes resignados durante el período de mayor volatilidad internacional antes de trasladar una baja al consumidor. Analistas del sector estiman que ese proceso podría extenderse durante varias semanas y dependerá de la evolución del Brent y del tipo de cambio.

En este contexto, el Gobierno enfrenta una decisión con impacto tanto fiscal como inflacionario. Una nueva prórroga permitiría continuar moderando la presión sobre los precios de los combustibles, aunque implicaría seguir postergando ingresos tributarios. En cambio, si habilita la actualización pendiente, el incremento impositivo podría trasladarse a los surtidores desde julio.

El comportamiento final de los precios dependerá de una combinación de factores: la decisión oficial sobre los impuestos, la estrategia comercial de las petroleras, la evolución del petróleo internacional y la estabilidad del tipo de cambio.