El futuro de la represa de Futaleufú atrapado entre el cruce del Gobierno con el holding de los Madanes Quintanilla

La relación entre la Casa Rosada y el grupo de los hermanos Madanes Quintanilla escaló este año con virulencia en pocas semanas. Lo que inició como una diferencia de criterios económicos derivó en un enfrentamiento personal y político que tiene como epicentro el anuncio de cierre de la fábrica de neumáticos Fate, en el partido bonaerense de San Fernando, con el despido de 920 operarios.

El presidente Javier Milei calificó la maniobra como una "extorsión" que se extendió durante los últimos gobiernos, vinculada, a criterio del mandatario, al debate de las protecciones arancelarias que el actual gobierno pretende desmantelar en distintos sectores, y marcó el fin de la pax con uno de los empresarios más influyentes del país.

Como respuesta inmediata al cierre de Fate, el Gobierno avanzó sobre el core financiero de Madanes Quintanilla, que es la producción de aluminio, y procedió a la quita del arancel antidumping del 28% a los productos de China e India, que golpea directamente la estructura de costos de Aluar. Para el oficialismo, esta medida desmantela un "monopolio protegido" que encarecía los insumos básicos para la construcción y la industria; para el sector empresario, representa una represalia política que utiliza la apertura comercial como herramienta de castigo.

En este tablero de alta complejidad, la Central Hidroeléctrica Futaleufú aparece como un nuevo activo crítico y vulnerable de este esquema productivo. La represa, vital para el abastecimiento intensivo de energía de la planta de aluminio primario en Puerto Madryn, opera bajo una prórroga precaria que vence en junio de 2026. Aluar controla el 59% de la firma operadora desde la privatización de 1995, pero el vencimiento del contrato original colocó la llave del suministro energético nuevamente en manos de la administración central.

La concesión, en el centro

Hoy, la continuidad de esa concesión se encuentra atrapada en la lógica del conflicto abierto. El Estado Nacional construyó la represa entre 1971 y 1978 con el propósito de proveer energía barata y constante para la electrólisis del aluminio. Durante décadas, este acuerdo permitió el crecimiento de Aluar como un gigante exportador, pero el cambio de paradigma libertario puso en duda la renovación automática de este vínculo histórico que el Presidente asocia con el corporativismo.

Aluar se consolidó históricamente como la única productora de aluminio primario en Argentina tras su fundación en 1971 por la familia Madanes y la puesta en marcha de su planta en Puerto Madryn en 1974. Con una capacidad que supera las 500.000 toneladas/año, la firma exporta el 80% de su producción y abastece con perfiles y lingotes a sectores clave como la construcción y el transporte.

El Gobierno ya dio señales de su hoja de ruta con la reprivatización de las represas del Comahue a comienzos de este año, como uno de los capítulos de desregulación del mercado mayorista eléctrico. El modelo de venta total de acciones aplicado en complejos como Alicurá y El Chocón indica que el proceso de desinversión de activos estatales puede generar un esquema de competencia entre nuevos operadores, lo que le permitió recaudar más de US$750 millones.

El futuro de Futaleufú se debate ahora con una segura licitación internacional abierta y un esquema que forzará a Madanes Quintanilla a competir por el recurso que gestionó durante tres décadas. La Secretaría de Energía, mediante la Resolución 503/2025, estiró los plazos de transición, y voceros oficiales aseguran que la represa seguirá el camino de reprivatización.

Para Aluar, perder el control de la represa o enfrentar un aumento sustancial en la tarifa de generación significaría el fin de su ventaja competitiva global. Actualmente, su matriz energética se integra con una potencia instalada de 560 MW provenientes de la Hidroeléctrica Futaleufú, 676 MW de su planta térmica en Puerto Madryn, y en un eje estratégico hacia la sustentabilidad, espera escalar este 2026 la energía de sus parques eólicos hasta los 582 MW.

La disputa con Chubut

El holding, además, es accionista de la empresa Trelpa S.A., la cual es la controlante con el 51% de participación en Transpa, la empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia, que es la encargada de la red de transmisión de energía en la red de alta tensión que vincula Chubut, Santa Cruz y el sur de Río Negro.

La provincia de Chubut también busca tallar en esta disputa de poder y el gobierno de Ignacio Torres judicializó el futuro de la represa con una presentación que cuestiona la potestad exclusiva de la Nación sobre el recurso. En su demanda, admitida en noviembre por la Corte Suprema, el mandatario provincial reclama que el dominio originario de los recursos naturales pertenece a la provincia, según lo establece la Constitución Nacional desde 1994.

En esa línea, el gobernador exige participar activamente en la definición de la nueva concesión y que cualquier esquema de reprivatización contemple una "renta hídrica" que beneficie directamente a las arcas chubutenses.

Los entredichos públicos, donde se cruzaron términos como "empresaurio" y "falta de visión industrial", eliminaron los canales habituales de diálogo institucional. La estrategia oficial parece orientarse a asfixiar los márgenes de rentabilidad de quienes considera beneficiarios del viejo régimen de sustitución de importaciones.

El antecedente de las represas del Comahue sirve como hoja de ruta para el equipo económico. El Gobierno ve en Futaleufú una oportunidad para repetir este éxito de caja, sin importar si el comprador final es el actual operador o un nuevo jugador internacional. Esta visión choca frontalmente con la necesidad de Aluar de garantizar un costo de energía previsible para sus planes de inversión a largo plazo.

Desde Nueva York, en el marco de la Argentina Week, el Presidente insistió en que no cederá ante prácticas que considera extorsivas. Según su visión, la connivencia entre el poder político y los empresarios protegidos terminó, y el sector privado debe aprender a sobrevivir sin el auxilio permanente del Tesoro.

Para Madanes Quintanilla, la apertura indiscriminada de importaciones y la caída vertical del consumo interno tornaron inviable la producción de neumáticos en el país. En este contexto de crisis sectorial, la defensa de la concesión de Futaleufú se presenta como una nueva batalla para la supervivencia del resto de sus activos industriales.