Glaciares en la agenda 2026: qué busca cambiar el nuevo proyecto de ley

El debate en torno a la Ley de Glaciares vuelve a ocupar un lugar central en la agenda energética y ambiental argentina. El proyecto de reforma actualmente en análisis plantea un régimen menos rígido, con mayor capacidad de ponderar intereses productivos, reforzando al mismo tiempo el rol de las provincias en la definición concreta del alcance de la protección ambiental.

Lejos de proponer una desregulación, la iniciativa busca —según sus impulsores— ordenar, precisar y dotar de mayor previsibilidad a una normativa que, en su aplicación actual, ha generado incertidumbres técnicas, jurídicas y económicas.

De acuerdo con Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú y del IGPUBA, el proyecto se fundamenta en cuatro pilares centrales: seguridad jurídica, federalismo, eficiencia técnica e impulso a las inversiones mineras, particularmente en sectores estratégicos como el litio y el cobre.

Uno de los principales argumentos es que la legislación vigente no define con claridad qué áreas están efectivamente protegidas ni qué actividades están prohibidas, lo que ha derivado en conflictos administrativos y judiciales. La reforma, sostiene Carbajales, apunta a esclarecer el alcance de las normas actuales, sin disminuir los estándares de protección ambiental.

El proyecto propone que las provincias recuperen un rol más activo en la identificación de glaciares y geoformas periglaciales, a partir de estudios científicos que acrediten su relevancia hídrica. Esta mirada reconoce que las autoridades provinciales cuentan con información de primera mano sobre sus territorios y pueden aportar datos actualizados para mejorar el Inventario Nacional de Glaciares (ING).

En ese sentido, también se cuestiona que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), tras más de 15 años de trabajo, solo haya completado el Nivel 1 del inventario, sin avanzar en la determinación precisa de la función hídrica real de muchas de las geoformas relevadas. La reforma impulsa un inventario más dinámico, sujeto a actualización permanente.

Otro de los cambios centrales es el pasaje desde un esquema basado en prohibiciones absolutas, abstractas y genéricas, hacia un modelo apoyado en evidencias concretas y evaluaciones técnicas.

En este marco, las actividades productivas no quedarían automáticamente vedadas, sino condicionadas a que no generen una afectación relevante de las funciones ambientales de glaciares o ambientes periglaciales.

Según Carbajales, esta redefinición permitiría destrabar proyectos de desarrollo económico sostenible, especialmente vinculados a la minería estratégica, sin renunciar a los principios de protección ambiental ni al principio de no regresión consagrado en el Acuerdo de Escazú.

Entre los aspectos positivos, el proyecto introduce mayor previsibilidad para las inversiones, fortalece el federalismo de concertación y promueve decisiones basadas en ciencia y evidencia técnica.

Además, se inscribe en el marco del Pacto de Mayo 2024 y surge a partir de solicitudes de los gobernadores que integran las Mesas del Litio y del Cobre, sectores clave para la transición energética y la economía nacional.

Como contracara, especialistas advierten que el nuevo enfoque implica un cambio significativo respecto del diseño original de la Ley 26.639. El eje de la protección se desplaza desde una tutela amplia y presuntiva hacia un esquema más flexible y condicionado, donde la protección deja de ser automática y pasa a depender de evaluaciones administrativas y estudios de impacto ambiental.

El principal punto de atención es el ambiente periglacial, cuya protección quedaría supeditada a la comprobación de una función hídrica específica, lo que abre el desafío de no subestimar su valor sistémico como reserva estratégica frente al cambio climático.