El Senado mendocino habilita el mayor proyecto de cobre de la provincia y abre una nueva etapa para la minería

Tras más de quince años de idas y vueltas judiciales, tensiones políticas y un prolongado debate público, Mendoza habilitó finalmente la explotación del proyecto PSJ Cobre Mendocino en Uspallata.

El Senado provincial aprobó la Declaración de Impacto Ambiental con 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, abriendo el camino para que la iniciativa avance hacia la fase de factibilidad.

La medida implica el inicio formal de un megaproyecto que prevé una inversión de U$S 559 millones, un período de construcción de hasta dos años y la generación de unos 3.900 empleos en la etapa inicial, además de 2.400 puestos directos e indirectos en operación.

La decisión legislativa supone un giro significativo en la política minera mendocina, tradicionalmente limitada por marcos normativos restrictivos y por una fuerte sensibilidad social vinculada al cuidado del agua.

El proceso incluyó una audiencia pública que se extendió durante diez días y reunió más de 9.500 aportes, reflejando la centralidad del tema en la agenda provincial. Con la aprobación, la empresa podrá avanzar en la elaboración del plan técnico definitivo, que deberá cumplir con estándares locales e internacionales de sostenibilidad.

En este contexto, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) expresó un respaldo contundente. Desde la entidad calificaron la votación como un “hito” que posiciona a Mendoza en una nueva etapa de diversificación productiva.

Sostienen que el desarrollo del cobre —un mineral clave para la transición energética global— puede convertir a la provincia en un actor relevante dentro de los mercados de minerales críticos, atrayendo inversiones y fortaleciendo el entramado de pymes locales.

CAEM enfatizó que el avance del proyecto PSJ y de otros emprendimientos exploratorios, como el MDMO II en Malargüe, constituye una señal de previsibilidad regulatoria que favorece la instalación de nuevas iniciativas.

La cámara también destacó que Mendoza demuestra que “es posible compatibilizar desarrollo económico, cuidado ambiental y bienestar social” siempre que existan reglas claras, procesos participativos y controles rigurosos.

En ese sentido, celebró que la provincia mantenga un esquema de diálogo con comunidades e instituciones, y remarcó que la minería moderna incorpora tecnologías de control y prácticas de manejo responsable del agua. El proyecto PSJ, según sus impulsores, prevé la recirculación de más del 80% del recurso hídrico, utiliza reactivos biodegradables y emplea relaves espesados para minimizar la huella ambiental.

Sin embargo, las lecturas no son unánimes. Organizaciones ambientales y referentes sociales reiteraron su preocupación por los riesgos potenciales sobre los acuíferos de Uspallata y el impacto acumulado que podría generar un eventual desarrollo minero más amplio en la zona.

Mientras avanza hacia un horizonte de al menos 16 años de vida útil, el emprendimiento continuará bajo monitoreo ambiental y social con participación comunitaria, según lo anticipado por la empresa.

Para CAEM, este esquema es central para demostrar que la minería puede desarrollarse con transparencia y estándares de calidad internacional. Y, a la vez, es un paso clave para que Mendoza —históricamente rezagada en materia minera— pueda integrarse más plenamente al mapa productivo del país.

Con la votación en el Senado y el respaldo explícito del sector empresarial, la provincia entra en una etapa definitoria: un período en el que el desafío será sostener la confianza pública, garantizar el cumplimiento de los compromisos ambientales y, al mismo tiempo, consolidar las oportunidades económicas que la minería del cobre promete para los próximos cien años.