Gobernadores avanzan en una estrategia común para redefinir la Ley de Glaciares

Los gobernadores de las principales provincias mineras del país avanzan en la construcción de una estrategia común frente al inminente debate por la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639). La reunión, reúne a los representantes de la denominada Mesa del Cobre: San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz.

El encuentro surge en un contexto de creciente presión por parte de los gobiernos provinciales y del sector privado, que consideran que la normativa vigente –especialmente la definición de “ambiente periglaciar”– dificulta el desarrollo de proyectos estratégicos en la cordillera.

Según argumentan, la amplitud del concepto ha frenado iniciativas vinculadas principalmente al cobre y al litio, dos minerales clave para la transición energética global.

El planteo principal apunta a que los gobiernos provinciales sean reconocidos como autoridad de aplicación, con la capacidad de definir qué áreas deben ser protegidas y cuáles pueden ser habilitadas para actividades extractivas. La propuesta incluye dos caminos posibles: una modificación directa de la legislación o la emisión de un decreto reglamentario que otorgue mayor flexibilidad interpretativa.

La discusión se centra en el equilibrio entre la protección ambiental y la necesidad de atraer inversiones. La legislación actual prohíbe la minería y la exploración de hidrocarburos en zonas de glaciares y ambiente periglaciar, considerados reservas estratégicas de agua. Sin embargo, las provincias sostienen que la delimitación es tan amplia que termina alcanzando zonas donde, afirman, no existe riesgo para los recursos hídricos.

El reclamo provincial fue recibido con interés por parte del gobierno nacional. Desde la Casa Rosada consideran que una actualización de la ley podría destrabar proyectos mineros de gran envergadura, especialmente los vinculados al cobre, y a la vez consolidar el respaldo político de los mandatarios cordilleranos de cara al próximo período legislativo.

El presidente ya expresó públicamente su apoyo a que sean las provincias quienes definan sus áreas periglaciares y habiliten o no la explotación.

En este escenario, el Ejecutivo nacional trabaja en un proyecto de reforma que sería presentado a comienzos del próximo año, posiblemente durante el inicio de las sesiones ordinarias. La reunión de los gobernadores, prevista para los próximos días, será clave para unificar criterios y llegar con una postura sólida al debate que se abrirá en el Congreso.

La Ley de Glaciares en Argentina (Ley 26.639) atraviesa un momento de fuerte debate debido a la tensión entre la protección ambiental y los intereses productivos de las provincias cordilleranas.

Esta normativa, que resguarda a los glaciares y al ambiente periglaciar como reservas estratégicas de agua, prohíbe actividades como la minería o la exploración de hidrocarburos en zonas consideradas sensibles.

Sin embargo, varios gobiernos provinciales y empresas del sector sostienen que la definición actual de “ambiente periglaciar” es demasiado extensa y, en consecuencia, impide el desarrollo de proyectos mineros clave para la economía regional y para la transición energética global.

Las provincias mineras -como San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta y Santa Cruz- afirman que la normativa vigente frena inversiones millonarias en cobre y litio. Según explican, la protección del ambiente periglaciar abarca amplias áreas donde no existen riesgos para los recursos hídricos, lo que genera un bloqueo innecesario a proyectos estratégicos.

En este sentido, los gobernadores reclaman mayor autonomía para definir qué zonas deben ser protegidas, ya sea mediante una reforma legislativa o a través de un decreto que les otorgue la autoridad de aplicación.

En paralelo, el Gobierno Nacional ve en la modificación de la ley una oportunidad para destrabar proyectos productivos, impulsar la minería del cobre y consolidar alianzas políticas con los mandatarios cordilleranos. Por ello, trabaja en un proyecto de reforma que podría presentarse a principios del próximo año. No obstante, se espera un debate intenso en el Congreso, donde chocarán las posturas ambientales más estrictas con las demandas de desarrollo regional.

La Ley de Glaciares se encuentra en el centro de un conflicto donde convergen intereses ambientales, económicos y políticos. La discusión sobre su alcance no solo definirá el futuro de la actividad minera en la Argentina, sino también el modo en que el país equilibra la protección de sus recursos naturales con la promoción de nuevas oportunidades de inversión.