Transener en la mira: el Gobierno inicia la privatización del sistema eléctrico

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, oficializó el inicio del proceso de privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA), una de las principales empresas del sector energético.

Mediante la Resolución 1050/2025, publicada en el Boletín Oficial, se estableció la venta de las acciones que la empresa estatal posee en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC S.A.), controlante de Transener, la principal transportista de energía eléctrica en alta tensión del país.

La operación representa la primera etapa del plan de privatización integral de ENARSA, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N.º 27.742 (Ley de Bases) y los Decretos N.º 695/2024 y N.º 286/2025, que autorizaron el traspaso al sector privado de todas las unidades de negocio de la compañía.

CITELEC controla el 52,65% del capital accionario de Transener, incluyendo la totalidad de las acciones clase A (51%) y un 1,65% de las clase B. A través de esta participación, ENARSA —propietaria del 50% de CITELEC— ejerce un control indirecto del 26,32% sobre la transportadora eléctrica, que opera más de 14.000 kilómetros de líneas de alta tensión, el 85% de la red nacional.

El proceso será coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y se desarrollará a través de un concurso público de alcance nacional e internacional.

La venta deberá concretarse en un plazo máximo de ocho meses y contará con la intervención de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que elaborará la documentación técnica y contractual necesaria, y se prevé la contratación de un banco público para tasar el paquete accionario.

Según estimaciones oficiales, el Estado podría recaudar al menos US$S 200 millones por la venta, cifra sujeta a la evolución macroeconómica y a una eventual revisión tarifaria.

La medida excluye mecanismos de propiedad participada para los empleados y no contempla preferencias para compradores nacionales, según aclaró el Ministerio de Economía.

La resolución firmada por Caputo forma parte del paquete de reformas estructurales del Gobierno, que busca reducir la participación estatal en sectores estratégicos y promover la inversión privada.