Política
El Gobierno disolvió el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal
Se asegura que no se desfinanciará la ampliación de la red eléctrica, sino que los fondos serán administrados de manera directa por la Secretaría de Energía.
El Ministerio de EconomiÌÂa definioÌÂ hoy lunes el cierre definitivo del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), el cual había sido creado en el año 1999 para participar en el financiamiento de las obras de ampliacion del sistema de alta tension destinada al abastecimiento de la demanda o a la interconexion de regiones eléctricas.
La medida se reflejó en el decreto 234/2025 firmado por el presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo, se da en liÌÂnea con los 21 fondos disueltos anteriormente que -aseguró el Gobierno, registraba un “peÌÂsimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”.
La puesta en duda de esta herramienta financiera se da en momentos en que el sistema eléctrico requiere de urgentes obras en infraestructura para levantar el cuello de botella que tiene en distintos nodos del país, tanto para asegurar el abastecimientos a los principales centros de demanda como el área metropolitana como para facilitar la instalación de nuevos proyectos de generación renovable, hoy seriamente limitados.
En particular, se plantea en el sector eléctrico la urgencia de obras en el tendido de 500 y 132 kv a lo largo de los principales corredores, y entre todas ellas la realización del proyecto AMBA I, que demandará una inversión de u$s1.000 millones para evitar el colapso de las redes.
Al respecto, el gobierno aseguró que “la política pública consistente en el financiamiento de ampliaciones en el sistema de transporte de energía eléctrica se mantiene”, por lo que el recargo en las tarifas contemplado originalmente la ley 15.336 “mantiene su plena vigencia”, y en consecuencia el 19,86 % de lo recaudado por el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica ya no irá al FFTEF sino que será afectado a las obras que la Secretaría de Energía identifique.
Utilizando las potestades otorgadas por la Ley Bases, el Gobierno dispuso la disolución del Fondo Fiduciario con una serie de argumentos entre los que enumeró irregularidades en la organización de la información, excesivos puestos laborales.
En ese sentido, para los ingresos del Fondo se había establecido, al momento de su creación a fines del siglo pasado, un porcentaje sobre el recargo de las tarifas que pagan las empresas distribuidoras y los grandes usuarios por compras en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), porcentaje que tuvo diversas modificaciones.
No obstante, una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) arrojó como resultado diversas falencias en el funcionamiento del FFTEF como incumplimiento del Reglamento de Contrataciones; significativas demoras en la ejecución de las obras; inconsistencias en la registración de las operaciones y transferencias efectuadas; imposibilidad de realizar un control de trazabilidad de los fondos aplicados; y estados contables no auditados ni ajustados por inflación.
El argumento citado refiere al Informe de la Sindicatura donde remarcaron la “inexistencia de un sistema integral de gestión y registro de la información financiera, en tanto se registran las operaciones en planillas Excel”, impidiendo un adecuado control del Estado en la obra pública.
Las fallas en la organización de la información tuvieron su repercusión, según los considerandos de la norma, en defectos operativos; se constató demoras en el cumplimiento de los plazos previstos para finalizar las obras de ampliación del Sistema de Transporte Eléctrico, “generándose incrementos en los costos directos, indirectos y por redeterminaciones de precios, lo que eleva el monto total de las obras”.
En el caso particular de las redeterminaciones de precios se aseguró que “se detectaron obras en las cuales se tramitaron entre 29 y 47 ajustes”, y que, a su vez, “resulta clara la inexistencia de indicadores estadísticos que permitan medir el nivel de impacto” alcanzado por la política pública que desenvuelve el ya aludido fondo.
A pesar de la medida, el Gobierno aseguró que la disolución de este Fondo Fiduciario “no alterará la continuidad de la política pública para financiar las obras necesarias para ampliar el sistema de transporte de energía eléctrica”, tarea que seguirá a cargo de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía.
En este sentido, el decreto dispuso que las “sumas líquidas”, la tenencia de títulos públicos y otros activos financieros de inversiones, serán traspasados a la cuenta indicada por la Secretaría de Energía del Ministerio dirigido por Caputo. Desde el año pasado el Ministerio de Economía fue designado como fiduciante en representación del Estado Nacional por el decreto 215/2024, en “todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado”.
La Ley Bases N° 27.742 impone la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de 1 año; además se delegaron facultades legislativas al Poder Ejecutivo Nacional, permitiéndole “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los Fondos Fiduciarios Públicos”. Su objetivo es la reducción de la estructura estatal para disminuir el déficit y “equilibrar las cuentas públicas”.
