Las concesiones prorrogadas
Neuquén y Río Negro afinan una estrategia legislativa por las represas
Las legislaturas de ambas provincias abordan iniciativas ligadas la propiedad originaria del recurso agua. Buscarán que las leyes puedan ser similares en características y alcances.
Un loop de prórrogas de los contratos de las represas de los ríos Limay y Neuquén, que vencieron en agosto y diciembre último, siguen haciendo ruido en la región. Un tema que viene de arrastre de la gestión presidencial de Alberto Fernández y continúa con Javier Milei. En este escenario las provincias de Neuquén y Río Negro buscarían resolverlo por vías legislativas locales.
Los gobiernos de Neuquén y Río Negro enviaron cartas documento a la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, intimando al Gobierno nacional a que no tome ninguna medida sin consultar previamente a las provincias.
En Neuquén, el bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN) propuso crear un canon por el uso del agua para la generación de energía eléctrica. La iniciativa sumó el aval de Unión por la Patria y de Neuquinizate luego del debate en la Comisión de Energía de la Legislatura provincial.
En contacto con Mejor Energía, la diputada provincial Cielubi Obreque (MPN), secretaria de la Comisión de Energía, explicó que en el intercambio en comisión surgió la necesidad de generar un "espejo" con la ley que trabajará la Legislatura de la provincia de Río Negro. Y argumentó la iniciativa de la que comenzará su debate legislativo.
"Somos generadores del 16% de la energía con las hidroeléctricas y no cobramos la explotación de nuestros ríos cuando la mayor demanda está en Buenos Aires", dijo la legisladora a este medio. Y recordó que represas neuquinas son las más importantes del país: después de Yacyretá y Salto Grande (3100 y 1890 MW respectivamente), siguen en potencia instalada Piedra del Águila (1400 MW), El Chocón (1260 MW) y Alicurá (1000 MW).
Para Obreque, el canon es una retribución por la explotación del agua, en un contexto de regalías ínfimas y de que se viene negando el regreso de la Tarifa Comahue; yendo en paralelo a la situación de las concesiones que son contratos con el Estado y que podría resolverse por el carril de una decisión del Gobierno nacional.
Mientras tanto, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley que establece regulaciones para el uso de aguas públicas con destino a la generación de energía hidroeléctrica.
El mandatario propuso derogar el artículo 46 del Código de Aguas de la Provincia de Río Negro, aprobado por la Ley Q Nº 2952, y regular las concesiones de uso de agua pública destinadas a la generación de energía hidroeléctrica que utilice aguas del dominio público del Estado provincial.
Weretilneck plantea una administración compartida entre provincias, destacando la necesidad de respetar la autonomía provincial y los derechos constitucionales sobre recursos hídricos. Se argumenta que la falta de consulta previa a las provincias hace que las concesiones nacionales sean nulas y se busca proteger los recursos provinciales frente a la intervención federal.
Con los proyectos presentados, ahora viene la búsqueda de consensos entre las dos provincias para tener leyes con similares características y alcances, de forma de actuar en conjunto sobre el agua y ante el Gobierno nacional por las represas.
La defensa de la propiedad provincial de los recursos naturales, en este caso el agua, fue defendida por los gobernadores, entre ellos los de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, en la última reunión de mandatarios patagónicos en Puerto Madryn.
