¿En qué consiste el relevamiento que reclaman los mapuches?

El corte de hoy en buena parte de los ingresos a Vaca Muerta se desprende de un tema clave: el relevamiento territorial de los pueblos originarios, establecido por una ley en el 2006. Junto con el procedimiento de consulta previa, son los temas más sensibles de la agenda con los pueblos originarios en la provincia de Neuquén.

El gobierno y las comunidades acordaron avanzar luego de una notable demora en poner en marcha el mecanismo legal para determinar, en el caso de comunidades reconocidas jurídicamente, si hay tierras que reclaman en las que tienen derechos adquiridos.

El procedimiento implica una serie de estudios, que van desde antecedentes históricos, pasan por relevamientos geográficos y antropológicos; también,  la determinación de que esas miles de hectáreas no están en posición legítima de algún privado.

Ya en octubre pasado el referente de la Confederación, Jorge Nahuel, había afirmado que el proceso estaba en buena medida estancado. Referentes del gobierno provincial habían señalado que esa merma en el ritmo de los estudios tenía que ver en parte con algunas de las nevadas que se desarrollaron en la provincia desde abril pasado, y que implicaban un frento en las tareas en terreno.

No obstante, ahora la Confederación suma como principal factor para la medida de fuerza cuestiones administrativas, como la supuesta falta de acceso a documentos sobre las tareas realizadas y la no de designación del representantes del INAI en el proceso, además del reconocimiento a comunidades que reclamaron derechos luego del 2006.

“Es un mecanismo fundamental para la convivencia y la seguridad de los mapuches, los privados y las empresas”, dijo Nahuel en octubre pasado en una entrevista con AM550.

Uno de los focos de tensión en torno al procedimiento radica en el reclamdo de reconocimiento a comunidades mapuches que no cuentan con personería jurídica de la provincia. Es el paso pevio para tener acceso a un eventual reclamo: determinar que efectivamente esas comunidades están legitimadas por su presencia histórica y ancestral en las tierras.

En otro de los temas calientes del sector, el gobierno avanzó sobre mediados de año con el procedimiento de consulta previa. De hecho, ya fue presentado. Luego de una serie de reuniones, estableció una forma de consulta a comunidades con derechos comprobados en tierras de la provincia, ante medidas administrativas “susceptibles de afectar directamente a comunidades” reconocidas, tal como lo prevé el convenio 169 de la Organización Internacinal del Trabajo (OIT). 

¿Qué dice la ley?

El texto sancionado en 2006 declaró la emergencia territorial de las comunidades originarias del país. Al mismo tiempo, suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas.

En paralelo, ordenó realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública.

La ley de complementa con el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, aprobado por el Esado argentino en 2007. Fue creado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en el año 2007, con participación de los representantes del Consejo de Participación Indígena (formado por dos representantes de cada pueblo originario de cada una de las provincias) y aprobado por el Estado Nacional en el año 2007, mediante el cual se relevan las comunidades indígenas del país y, en caso de corresponder, las tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública.