Humedales en tensión: advierten sobre la necesidad de un debate más exhaustivo

Los gobernadores de diez provincias del norte del país lograron que se suspenda -hasta nuevo aviso- el debate sobre los proyectos de ley de humedales en Diputados.

En rigor, lo que se postergó fue el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda a partir de una solicitud de los jefes de los bloques, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio.

La nota para aplazar la discusión, que presentaron los legisladores, sugiere realizar audiencias “con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales” antes de continuar con el tratamiento de la normativa.

La queja de mandatarios “del Norte Grande”, que incluye las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes, quedó plasmada en un comunicado en el que manifestaron que “ninguna ley debe establecer definiciones y disposiciones que signifiquen la prohibición a las actividades productivas realizadas en forma sustentable”, que incluso también el gobierno nacional está impulsando, como es el caso de los proyectos mineros del litio.

Lo que advierten los gobernadores es que las iniciativas propuestas para una ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales -tanto la del legislador kirchnerista Leonardo Grosso como la consensuada por los legisladores de Juntos por el Cambio, que incluye el proyecto de los diputados Jorge Vara y Ximena García- podrían impedir proyectos productivos que son clave para el desarrollo de sus economías regionales.

A eso apuntan, sobretodo y con mayor enfasis, los gobiernos de Gerardo Morales, Gustavo Saenz y Raúl Jalil, de Jujuy, Salta y Catamarca, respectivamente, que son las provincias que concentran las reservas de litio en el país y cuentan con dos yacimientos en producción de litio, otras dos plantas en construcción avanzada y alrededor de 50 proyectos de litio en las distintas fases de la etapa de exploración.

El foco de discusión se da alrededor de la definición de humedales, por ser la que determina el ámbito de aplicación de la norma en términos territoriales, de sujetos y actividades alcanzados.

Aunque la discusión pública suele asociar a los humedales con la región del Delta del Paraná o los Esteros del Iberá, muchas otras áreas del país quedarían afectadas por la normativa, a pesar de no tener las mismas necesidades o urgencias.

De acuerdo a la amplia definición que se busca aplicar, los humedales quedan caracterizados por la “presencia del agua permanente o intermitente, que varían naturalmente y tienen períodos de aguas altas y períodos de aguas bajas”. Dicha variabilidad puede ser “diaria, estacional, interanual o irregular”, y el agua puede provenir “del mar, de los ríos, lluvias o napas subterráneas”.

La información precisa sobre la cantidad y tipo de humedales que posee el territorio nacional obedece a un proceso en permanente actualización, habiendo sido estimada en 2008 su superficie en 600.000 km2, lo que representa el 21,5% del territorio nacional, aunque otros estudios posteriores (2017) la ubican en torno al 12% del territorio de Argentina, con 336.000km2.

Por caso, todos los proyectos de producción de litio, los activos y también, los que están en desarrollo más o menos avanzado, están emplazados en áreas que se incluyen en la amplia definición de humedales. Se trata de los salares andinos, que contienen salmuera, y que se encuentran a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo a un documento titulado “Humedales en tensión: debates legislativos y herramientas de gestión”, elaborado por el área de Recursos Naturales de la organización Fundar, en la última década se han presentado más de 20 proyectos (solo en 2020 se registraron 15 proyectos de ley en la Cámara de Diputados) de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Conservación, Restauración y Uso Racional y Sostenible de los Humedales, pero ninguno de ellos logró aprobarse.

En cada una de estas instancias, el detonante del tratamiento en el Congreso Nacional fue la ocurrencia de fenómenos críticos como incendios en el Delta del Paraná (2008 y 2020) o inundaciones en la provincia de Buenos Aires (2015), los cuales tuvieron alcance nacional.

“En cada uno de los tres intentos de aprobación que hubo, la agenda de protección de los humedales emergió ante la ocurrencia de sucesos catastróficos. Esta dinámica generó que el abordaje de los proyectos esté signado por la búsqueda política de una solución inmediata a una urgencia, lo cual dificultó que hubiera un sostenimiento de la temática en la agenda pública de forma autónoma, más allá del impulso de las organizaciones ambientalistas. La discusión sobre la sanción de una ley de humedales tiene numerosas implicancias que merecen un tratamiento detenido. Estas implicancias son las que emergen de hacer un análisis más exhaustivo sobre la posición de distintos grupos de interés en relación con la letra de la ley”, consideran los investigadores de Fundar.