Vaca Muerta reduce la dependencia energética, pero persisten cuellos de botella en el sistema eléctrico

El desarrollo de Vaca Muerta y la ampliación de la infraestructura de transporte de gas modificaron el escenario energético argentino y permitieron reducir de manera significativa la dependencia estructural de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL).

Sin embargo, el sistema eléctrico todavía enfrenta limitaciones en generación, transporte y distribución que podrían transformarse en un freno para el crecimiento económico y productivo.

Así lo advirtió Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy, en el Informe Mensual de Indicadores de Energía Eléctrica, Renovables y Transición Energética, donde analizó el proceso de “sinceramiento” de precios en el sector y los desafíos que enfrenta el sistema energético nacional.

El informe sostiene que Argentina atraviesa una etapa de transición hacia un esquema de mayor racionalidad económica, en el que los precios comienzan a reflejar los costos reales de abastecimiento.

En ese contexto, el especialista remarcó que la puesta en marcha del Gasoducto Perito Moreno -ex Néstor Kirchner- y otras obras de ampliación permitieron consolidar a Vaca Muerta como el principal proveedor marginal del sistema energético.

Según el análisis, aunque el país todavía debe importar GNL durante los picos de demanda invernal, el volumen requerido es mucho menor al de años anteriores. Actualmente, los precios internacionales del gas se ubican entre 19 y 20 dólares por millón de BTU, afectados por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

“El país continúa expuesto a la volatilidad internacional, pero desde una posición más sólida, con menores necesidades de importación y una balanza energética más equilibrada”, señaló Dreizzen en el documento.

El informe también subraya que el nuevo esquema regulatorio implica un cambio estructural respecto del modelo de subsidios predominante durante más de una década.

Con la Resolución 400/2025, los mayores costos de combustible comienzan a trasladarse de manera progresiva a las tarifas eléctricas, restableciendo las señales económicas para las decisiones de consumo e inversión.

No obstante, el crecimiento de la producción de gas no convencional no resuelve por sí solo las limitaciones del sistema. El reporte advierte que persisten cuellos de botella en infraestructura eléctrica que podrían afectar sectores de alta demanda energética como minería, oil & gas, industria y data centers.

En ese marco, el Gobierno nacional impulsa la Resolución 83/2026, que habilita un nuevo esquema de Ampliaciones por Concesión de Obra Pública (COP) para expandir el transporte eléctrico mediante participación privada. El mecanismo prevé que empresas financien, construyan y operen obras durante períodos de hasta 30 años, recuperando la inversión a través de cargos tarifarios específicos.

Para Aleph Energy, esta transformación forma parte de una redefinición más amplia del rol del Estado en el sector energético, con un mayor protagonismo del capital privado en infraestructura y generación.

El informe también identifica un cambio de tendencia en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), donde la volatilidad de precios comienza a darle mayor valor económico a la flexibilidad operativa y al almacenamiento energético.

En ese sentido, destacó la fuerte respuesta que tuvo la licitación AlmaSADI para proyectos de almacenamiento con baterías (BESS). Las ofertas habrían alcanzado unos 2.500 MW frente a un cupo inicial de 700 MW, reflejando el interés de los inversores en los nuevos esquemas de remuneración asociados a la disponibilidad de potencia y la respuesta rápida del sistema.

Dreizzen consideró que herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el futuro Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) apuntan a facilitar proyectos energéticos en un escenario donde las señales de precios recuperan relevancia.

Finalmente, el informe concluye que la sostenibilidad de esta transición energética dependerá de la capacidad del sector privado para ejecutar inversiones en generación, transporte y distribución eléctrica que permitan acompañar el crecimiento de la demanda y reducir la vulnerabilidad estructural del sistema argentino.