ENARGAS obliga a rearmar contratos y redefine el mapa del transporte gasífero

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) avanzó con la reconfiguración del sistema de transporte de gas natural y fijó nuevas condiciones obligatorias para el sector: las distribuidoras deberán adecuar o firmar contratos de transporte firme antes del 1° de mayo, con vigencia mínima hasta abril de 2028.

La decisión, oficializada a través de la Resolución 409/2026, cierra el proceso de consulta pública iniciado semanas atrás y establece un nuevo marco contractual que impacta de lleno en transportistas, distribuidoras y grandes usuarios.

En los hechos, marca el pasaje de un sistema históricamente abastecido desde el norte con fuerte dependencia de Bolivia hacia uno cada vez más centrado en la producción no convencional de la Cuenca Neuquina.

El organismo instruyó a las licenciatarias a reconfigurar sus contratos bajo condiciones más rígidas: deberán garantizar capacidad firme por al menos dos años, aunque podrán pactar plazos mayores. Aquellos contratos que no resulten alcanzados por la reasignación mantendrán sus condiciones originales, pero el nuevo esquema redefine las prioridades del sistema.

Uno de los cambios más relevantes es la modificación de los factores de carga para distribuidoras clave. Empresas como Camuzzi Gas del Sur y Naturgy NOA verán incrementado ese parámetro del 35% al 45% para usuarios residenciales, lo que impactará en la estructura de costos y en la asignación de capacidad de transporte. El resto de las distribuidoras mantendrá el nivel actual.

Además, el ENARGAS decidió otorgar carácter firme —tanto en lo tarifario como en el despacho— a ciertos servicios de intercambio y desplazamiento (ED), una herramienta clave para sostener contratos preexistentes que quedaron desalineados tras la eliminación de rutas tradicionales, especialmente en el norte del país.

En paralelo, el ente derogó la Resolución 705/2024, que regulaba el uso de capacidad ociosa por parte de las distribuidoras. Según el organismo, ese esquema perdió sentido frente al nuevo diseño del sistema, que busca mayor eficiencia operativa y una asignación más directa de los flujos de gas.

La medida también ratifica la obligación de contratar transporte firme para la demanda ininterrumpible con plazos mínimos de diez años, aunque flexibiliza el esquema al eliminar restricciones para reducir volúmenes contratados (“step down”), una demanda recurrente del sector privado.

Durante la consulta pública, las principales empresas del sector —entre ellas Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN)— plantearon objeciones tanto sobre los plazos como sobre el impacto económico de la reconfiguración. Algunas distribuidoras advirtieron que el nuevo esquema podría afectar ingresos o exceder los límites regulatorios.

El ENARGAS rechazó esos planteos y defendió el carácter estructural de la medida. Argumentó que el declino de la Cuenca Noroeste y la caída del gas boliviano obligan a una redefinición permanente del sistema, respaldada por el marco de emergencia energética vigente hasta 2027.

En ese sentido, el regulador sostuvo que el esquema tarifario no garantiza rentabilidades fijas, sino “razonables”, y que la reconfiguración preserva la consistencia económica en el largo plazo.

El trasfondo de la decisión es claro: el crecimiento de Vaca Muerta está reescribiendo la lógica del sistema gasífero argentino. Con mayor producción en el sur y menor oferta en el norte, el país necesita rediseñar contratos, rutas y condiciones operativas para acompañar ese cambio.

Los nuevos cuadros tarifarios, que reflejarán esta reconfiguración, serán definidos junto con las actualizaciones previstas para mayo. Mientras tanto, el sector se prepara para un reordenamiento que no solo redefine contratos, sino también el mapa energético argentino.