Se abre la puja de ofertas por la privatización de las hidroeléctricas del Comahue

La primera gran privatización energética de la administración de Javier Milei desató esta semana una verdadera disputa de ofertas en el sector, con nueve grupos empresariales nacionales e internacionales en pugna por quedarse con las concesiones de las cuatro hidroeléctricas del Comahue: El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila. El proceso licitatorio retomó con la apertura de los sobres técnicos, un paso que permitirá a los oferentes, durante los próximos días, evaluar e impugnar las propuestas de sus rivales.

Una vez finalizada la vista de ofertas técnicas, la comisión evaluadora dispondrá de 15 días para determinar quiénes están habilitados para pasar a la instancia decisiva: la apertura de las ofertas económicas. Los ganadores, se anticipó, serán los grupos que ofrezcan desembolsar la suma más alta en dólares para cada central en juego.

La importancia de esta licitación trasciende el volumen de inversión comprometido —estimado en hasta US$ 700 millones— y se destaca por la transferencia de activos estratégicos que representan una capacidad crítica para el sistema interconectado. La puja iniciada el viernes enfrenta a actuales operadores con nuevos jugadores que buscan redefinir el control de activos clave por 30 años.

Con el telón de fondo de la nueva política de desregulación y privatizaciones impulsada por la administración nacional, nueve grupos empresariales formalizaron su interés. La lista se divide entre operadores actuales que buscan asegurar continuidad y seis nuevos jugadores que buscan expandirse en el negocio hidroeléctrico.

En conjunto, estas cuatro usinas representan el 7,2% de la generación eléctrica nacional y alrededor del 30% de la energía hidráulica del país. Además, se trata de energía de bajo costo operativo, clave para equilibrar la matriz, aunque esa característica irá cambiando por la mayor libertad de comercialización que habilitarán los nuevos contratos.

Jugadores actuales y nuevos aspirantes

Los actuales concesionarios que buscan continuar son Enel, accionista de El Chocón y controlador de la sociedad dueña de Edesur; AES, operadora de Alicurá con un vasto portfolio de generación; y Central Puerto, operadora de Piedra del Águila y principal generador eléctrico del país.

Entre los nuevos interesados destacan empresas con fuerte solvencia financiera y estratégica. Uno de los que sobresalen es Pampa Energía, liderada por Marcelo Mindlin, que busca fortalecer su presencia en el sector de generación y transmisión.

El holding Edison Energía, encabezado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, se presentó bajo el nombre de fantasía Poseidón, tras una agresiva expansión que incluyó la compra de distribuidoras en Tucumán y Jujuy y el complejo hidroeléctrico Potrerillos.

A la compulsa también ingresó la unión entre Aluar —del grupo Madanes Quintanilla—, operadora de la central de Futaleufú, y Genneia, principal generadora de energías renovables, donde participa el banquero Jorge Brito.

Otra oferta llamativa fue la de MSU Green Energy, de Manuel Santos Uribelarrea, que ingresó a través de BML Inversora tras la reciente adquisición de Cerros Colorados a Aconcagua Energía Generación, operación que le otorgó la licencia técnica necesaria.

Central Costanera, también ligada a Central Puerto, presentó oferta pese a no contar con licencia específica para operar represas, mientras que una sociedad inversora con capitales guatemaltecos se sumó mediante una alianza con una constructora local, aunque podría enfrentar dificultades técnicas por falta de experiencia comprobable.

Reglas, límites y condiciones de la licitación

El Gobierno estableció un esquema enfocado en la participación privada y la capacidad de inversión. Los pliegos exigen activos superiores a US$ 300 millones y un patrimonio neto mayor a US$ 150 millones para poder competir.

La licitación se estructuró como un concurso público nacional e internacional sin base, bajo el sistema de doble sobre: antecedentes técnicos y patrimoniales por un lado, y valor económico por otro. Se crearon cuatro sociedades anónimas, una por cada central, para facilitar la transferencia accionaria.

Para evitar la concentración, se dispuso que ningún oferente puede superar el 20% de la generación eléctrica nacional (43.555 MW). Cada grupo podrá adjudicarse un máximo de dos centrales y deberá incluir un operador técnico con al menos el 25% de participación.

La administración nacional prohibió la participación de empresas estatales, locales o extranjeras, y eliminó el Programa de Propiedad Participada (PPP) para empleados, habitual en privatizaciones anteriores.

En materia de comercialización, durante los primeros dos años las centrales deberán vender 95% de su energía a distribuidoras a un precio fijo en dólares, y el 5% restante podrá destinarse al mercado libre. A partir del tercer año, el porcentaje regulado se reducirá progresivamente hasta su eliminación total en 2046, liberando por completo la energía al mercado mayorista.