Argentina redefine su mapa energético, entre las exigencias del FMI, la expansión del GNL y el avance privatizador

Mientras el Gobierno avanza en la ejecución del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina se encuentra en el centro de una transformación energética con implicancias estructurales: privatización de empresas estatales, impulso a las exportaciones de gas natural licuado (GNL), apertura a inversiones extranjeras bajo el RIGI y una creciente exposición al mercado energético global.

Así lo analiza Juan Jose Carbajales, titular de Paspartu y director de IGPUBA en su último informe donde destaca cuatro aspectos clave.

"El nuevo programa de facilidades extendidas del FMI exige una hoja de ruta clara para la privatización de empresas públicas. En el sector energético, la meta inmediata es la enajenación total de Energía Argentina SA (Enarsa), especialmente su participación en Citilec, controlante de Trasener", explica.

La operación -autorizada por el Decreto 286/2025- se realizará mediante un concurso público nacional e internacional, y forma parte del objetivo de “reducir el peso del Estado” en la economía.

"La venta de Enarsa, sin embargo, plantea un dilema de fondo: hoy actúa como el vehículo estatal para importar GNL a precios internacionales y venderlo subsidiado en el mercado interno. La limpieza de su balance, condición necesaria para su privatización,  enfrenta obstáculos estructurales" señala Carbajales.

Con la reciente aprobación de la Declaración de Disponibilidad de Recursos Gasíferos (DDRG), la Secretaría de Energía certificó que Argentina cuenta con reservas suficientes para garantizar la demanda interna y avanzar en exportaciones de GNL por hasta 30 años.

En ese marco, señala el experto, Southern Energy SA -consorcio integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG- recibió la primera autorización de exportación firme de GNL a largo plazo bajo el nuevo régimen.

El proyecto prevé utilizar excedentes de gas natural estacional y desarrollar una planta flotante de licuefacción (FLNG), con una inversión estimada de 7.000 millones de dólares y exportaciones proyectadas por 2.500 millones anuales.

"Este paso es clave para consolidar a Argentina como proveedor confiable de gas en el hemisferio sur, en un escenario internacional de creciente volatilidad energética", expresó.

Por su parte, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley de “Bases”, ya comenzó a recibir adhesiones del sector energético. El proyecto de Southern Energy fue formalmente incorporado el 28 de abril.

Sin embargo, la inversión mínima exigida recién se completaría en 2035, lo que genera críticas por los extensos plazos de cumplimiento inicial.

El RIGI, en conjunto con la autorización automática de exportaciones luego de 120 días y la protección frente a cambios regulatorios, busca atraer capitales a un sector históricamente afectado por la inseguridad jurídica.

La “normalización” del mercado eléctrico mayorista también figura entre los compromisos ante el FMI.

"Si bien no se exige un resultado inmediato, sí se pide avanzar en reformas que incluyan mayor competencia y una menor participación de CAMMESA como comprador centralizado. Esta transición, sin embargo, podría elevar los costos en dólares del sistema de generación eléctrica, en plena campaña electoral y con inflación aún elevada", comenta el titular de la consultora Paspartú..

El contexto internacional también juega un papel decisivo. Para Carbajales la incertidumbre en la OPEP+, la ralentización regulatoria en EE. UU. y la expansión de la demanda eléctrica por los data centers están reconfigurando los flujos energéticos.

"Para Argentina, esto podría traducirse en oportunidades: exportar más GNL en un mercado global que demanda diversificación, aunque la viabilidad de largo plazo dependerá de los precios internacionales y la estabilidad macroeconómica", concluye.