Pese a la seguidilla de récords la cadena de valor pyme enfrenta un cierre de año bajo tensión

El cierre del 2025 para la industria petrolera presenta una fisonomía de contrastes marcados que desafían la planificación a corto plazo. Por un lado,  una seguidilla de récords de producción en Vaca Muerta. Por el otro, el eslabón de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) industriales asegura que atraviesa un escenario de estancamiento persistente, marcado por la subutilización de plantas y una fuerte presión financiera en la relación con las grandes operadoras y empresas de servicios internacionales.

Según el último informe del GAPP (Grupo Argentino de Proveedores Petroleros), la red que agrupa a más de 250 empresas proveedoras de tecnología argentina, la actividad de perforación cerró noviembre con una señal de resistencia técnica, por la cual se mantuvieron 44 equipos (rigs) activos, igualando la cifra registrada en octubre.

Si bien la comparación respecto al inicio de año sigue arrojando saldos negativos, pasando de 60 rigs en enero a 45 en noviembre, la brecha interanual se está acortando de manera sensible. Mientras que en septiembre la caída interanual de equipos era del 19,23%, en noviembre ese diferencial se redujo drásticamente al 2,22%.

Este sostenimiento descansa casi exclusivamente sobre la performance de Vaca Muerta. El 84,1% de las operaciones de perforación y el 95,4% de las de completación se concentraron en recursos no convencionales, evidenciando el declino sistemático de los yacimientos tradicionales. En este mapa, la Cuenca Neuquina reafirma su hegemonía con una participación del 84,1% en la actividad de perforación total del país, dejando al Golfo San Jorge con apenas un 13,6% de la cuota de mercado.

Pese a este fin de año marcado por el estancamiento y la cautela, el humor de la red empresaria no es pesimista en el largo plazo. Al proyectar el 2026, el 60% de los directivos se manifiesta entre “expectante y altamente optimista”. Este entusiasmo se apoya en la inminente puesta en marcha de proyectos de escala global que prometen cambiar la matriz exportadora argentina, tales como el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), el oleoducto Vaca Muerta Sur y los desarrollos proyectados de GNL.

El sector parece haber adoptado una posición de “resistencia técnica” y resguardo de capacidades, según GAPP. Las PyMEs locales, que generan más de 42.000 empleos directos y cuentan con 2.000 líneas de productos, mantienen su estructura operativa y buscan preservar sus equipos técnicos especializados. La apuesta es clara: resistir el bache de actividad actual para estar listos cuando el repunte del upstream finalmente se traduzca en una reactivación plena de la fabricación y los servicios industriales argentinos durante el próximo ciclo anual.

El esperado derrame en toda la cadena

En el análisis de los protagonistas, YPF consolida su liderazgo estratégico, de acuerdo a los relevamientos del GAPP en su reciente informe. La compañía de bandera nacional encabeza tanto la perforación, con 13 rigs activos, como la fractura, con 934 etapas realizadas en el mes. Le siguen en relevancia operadoras como PAE, Vista y Tecpetrol. En el segmento de servicios especializados, la concentración se vuelve evidente: firmas como Nabors, con 12 equipos, y Schlumberger, con 746 fracturas, dominan la ejecución operativa en el terreno.

A pesar de la estabilización en los pozos, el derrame de divisas e inversión hacia la industria manufacturera local todavía no se percibe con el vigor necesario. El informe para el último trimestre del año indica que más del 65% de las empresas socias opera con al menos un 25% de su capacidad productiva ociosa.

De hecho, un 51% de las firmas consultadas reportó un nivel de capacidad ociosa media (entre el 25% y el 50%), mientras que un 16% se encuentra en niveles de subutilización críticos que superan el 50% de sus instalaciones.

Esta falta de dinamismo impactó de forma directa en las políticas de recursos humanos y en la estabilidad del empleo industrial. Aunque un 47% de las empresas asegura no haber tenido afectaciones directas en su nómina, el 70% de las PyMEs debió cancelar o demorar ingresos de personal previstos para este período, reflejando una prudencia extrema frente al contexto. En casos de mayor vulnerabilidad, el 31% de las firmas se vio obligado a reducir personal y un 19% optó por acortar jornadas laborales para evitar despidos masivos.

Uno de los puntos de mayor fricción para los proveedores radica en la faz económica y contractual de los acuerdos. Según el estudio, solo el 39% de las PyMEs logra actualizaciones de montos adecuadas y en tiempo. El resto de la cadena de valor enfrenta un panorama de alta complejidad: un 47% de las empresas consiguió revisar sus tarifas pero debió otorgar “concesiones o condiciones desventajosas” que erosionan su rentabilidad, mientras que un 14% ni siquiera pudo actualizar contratos.

La cadena de pagos y la burocracia comercial también muestran signos de fatiga, aseguró la entidad. Solo el 39% de las firmas afirma que los plazos de negociación se cumplen correctamente. En la visión opuesta, un 54% denuncia demoras de entre 3 y 6 meses por encima de lo preestablecido para actualizar condiciones básicas, lo que genera un estrés financiero adicional difícil de absorber para una estructura pyme.